La izquierda colombiana debe trascender el marco de sentido hegemónico que reduce la corrupción a un problema moral. Disputar la narrativa de “gobierno corrupto” que empieza a posicionarse y corregir los problemas que originaron casos de corrupción durante el gobierno Petro pasan necesariamente por consolidar el proceso organizativo del Pacto Histórico.
Las ampliamente publicitadas denuncias por corrupción, hechas por exfuncionarios del gobierno Petro como Angie Rodríguez, parecen ubicar a la izquierda en un callejón sin salida. Sus activistas no disponen inmediatamente de la evidencia empírica necesaria para refutar las denuncias o minimizar su gravedad. Pero condenar invariablemente todo hecho de corrupción nunca será suficiente para evitar un golpe político.
Generalmente, la verdad empírica sobre la corrupción nunca termina de conocerse. Por el contrario, siempre es objeto de una disputa política que únicamente se salda posicionando un relato hegemónico sobre lo ocurrido. La verdad judicial, por su parte, puede tardar años e incluso décadas: solo llega cuando se ha consumado el hecho político de la denuncia, con todas sus consecuencias.
El problema se agudiza porque, una vez fuera del gobierno, la izquierda difícilmente contará con los recursos necesarios para disputar la narrativa. Mucho menos cuando el sistema mediático corporativo posiciona tales denuncias como principal ítem en la agenda pública, en medio de una discusión que difícilmente aprecia los matices. Hoy ese sistema incluye un despliegue digital capaz de arrinconar un gobierno cuya legitimidad en buena parte se construyó gracias al virtuosismo comunicativo del Presidente. Así pues, las condiciones parecen estar dadas para un aniquilamiento moral que reduzca a “corrupción generalizada” el único gobierno de izquierda en la historia de Colombia.
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