La reciente aprobación por parte de la Comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, con votos favorables de los congresistas del Pacto Histórico, abrió un debate político que debe resolverse a la luz de la normatividad jurídica, nacional e internacional, vigente. Veamos.
Treinta años después de las masacres en el municipio de Ituango, Antioquia, en los corregimientos La Granja y El Aro, y del asesinato en la ciudad de Medellín, del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, los órganos de poder en nuestro país siguen sin investigar a fondo estos hechos, pese a las sentencias de condena que profirió la Corte Interamericana de derechos humanos (en adelante CIDH), en la que Colombia ha resultado condenada en dos ocasiones, y en las que a manera de reparación así se ordenó.
Leave a Reply