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Aparece un monstruo de cinco cabezas y una manta. Uribe contaba los días al Caguán. ¿Quién cuenta los días a la guerra que Uribe encabeza?

El monstruo y su primer par de ojos rompieron la bruma hace un tiempo. Cómo no, si el vicepresidente Francisco Santos había dicho desde el miércoles 12 de enero de 2005, luego de la operación de secuestro en Caracas del dirigente guerrillero Rodrigo Granda, que “ojalá vinieran todos los cazarrecompensas del mundo aquí” (sic). Luego, y con su orden, permiso y protección, las otras cuatro cabezas crecen en busca de objetivos selectos con su tiempo de provisión y adiestramiento. Es parte de la campaña política para un tercer período de la guerra con Uribe o sin Uribe en la papeleta. Francisco y Juan Manuel Santos se esfuerzan por hacer más méritos violentos.


 


Para completar la pareja en el Ejecutivo, el 25 de junio de 2007, el presidente Uribe en su discurso en la Escuela de Cadetes General Santander, de la Policía Nacional, espetó su repetido guión: “Señores generales, señor Ministro, objetivo: ¡A la carga contra lo que nos queda de criminales! Señor general Ballesteros: la Fuerza Aérea, la semana pasada, dio una noticia muy importante de la eficacia (sic) de sus operativos. No apague esos aviones, rellénelos de gasolina sin apagarlos, manténgalos bombardeando al terrorismo, para que puedan llegar auras de felicidad a las nuevas generaciones de colombianos”.


 


Cero y van dos…


 


Según las todavía parciales informaciones del comunicado de la guerrilla y de medios escritos internacionales que citan fuentes de cazarrecompensas y de inteligencia de la Armada (ver El Nuevo Herald y El Daily News del 1° de julio), en un intento de rescate “compartimentado” –según el lenguaje castrense–, con presencia de un actor nuevo: los mercenarios cazarrecompensas, un paramilitarismo de alto vuelo internacional, perecieron en el remolino de la guerra 11 colombianos más. Ni más ni menos importantes que todo el resto de las miles de víctimas. Una acción con un trasfondo de culpa en la guerrilla por no haber evitado el monstruo y garantizar la vida de sus rehenes.


 


Tres años atrás y sin investigación ni fallo judicial, el país vivió una decisión similar. Previamente, durante su conversación en la Casa Blanca, el presidente Uribe recibió información exacta sobre la ubicación como rehenes del gobernador Gaviria y el ex ministro de Defensa Gilberto Echeverry. Aunque recibió detalles para esperar y coordinar una operación de rescate, al arribar al país fue recibido presto en la escalerilla del avión por los comandantes de las Fuerzas Armadas y del Ejército, quienes al oído le hicieron saber que “la operación estaba lista”. Querían obtener el ciento por ciento de reconocimiento. Sin embargo, el resultado trágico conmovió al país. Pero es peor. Ese fracaso, a la vista pública y con reconocimiento y desprestigio de la jerarquía militar y afectación del halo presidencial, pudo ser la clave para definir el modo y diseño de una operación ‘encubierta’ como la que hoy nos concita y entristece. Una operación que el Palacio de Nariño hubiera admitido únicamente, sin manta, si hubiera tenido como contraprestación la baja de un alto comandante guerrillero.


 


Con un traslado de sus cadáveres sin un trámite diplomático y un entierro sin ceremonia militar, el silencio oficial… la manta del monstruo también cubrió la operación “compartimentada” de espionaje y violación del territorio venezolano que sin aclaración aún costó sus vidas y que realizaban el capitán efectivo Camilo González y el sargento(r) Gregorio Martínez. Una acción en busca de fabricar acusaciones contra el Gobierno Bolivariano, de infiltrarse como activistas de las farc y en busca de información sobre los movimientos sociales fronterizos y su hermanamiento con Colombia. Dos integrantes en la avanzada de la quinta cabeza del monstruo que con conocimiento del Comando Sur y por encima de todos los gestos diplomáticos del presidente Uribe, configura una fuerza de inteligencia y operación desestabilizadora más allá de las fronteras.


 


Monstruo vigente sin control político y de opinión del Congreso, ni de la Procuraduría ni del Poder Judicial ni de los grandes medios de comunicación, que deja un vacío informativo y penal sobre las necesarias consecuencias de la responsabilidad política y militar, relativa a las operaciones de persecución a los jefes guerrilleros, y de ‘rescate’ para los casos de los rehenes de hecho, cautivos, sin motivo de cobro económico.


 



Cinco años después, Uribe sigue de opositor a Pastrana


 


Dentro de las seis décadas, ininterrumpidas de estado de sitio las cuatro primeras, y luego reforzado con masacres, el ascenso paramilitar y la contrarreforma constitucional, a partir del 20 de febrero de 2002, cuando se rompió la Mesa de Diálogo en San Vicente del Caguán, el examen de la historia del conflicto en Colombia se hace más exigente para determinar sus hondas causas. Una exigencia de calificación política que el actual gobierno, en su alianza militar con Estados Unidos, cada día niega, simplifica más o la impide. El Presidente, con aplauso del espectro político paramilitar que se fortalece, y de la nueva formación de “Águilas Negras” que pasa las fronteras con Ecuador y Venezuela, en un dispositivo de inteligencia con personal activo de las fuerzas armadas, despacha el análisis con su retahíla: “El país estaba despejado”. Indiferente al canje, negado a una contrapuesta de ‘despeje militar’ frente a los dos municipios –Florida y Pradera, en el departamento del Valle– que exige la guerrilla, antes que responder por la paz que auguró inmediata como opositor y candidato en 1999-2002, el Presidente sigue de opositor al tiempo de diálogo “en medio de la guerra” que realizó el ex presidente Pastrana.


 


Luego de más de 2.000 días de la iniciativa y la institucionalización paramilitar abierta, sin escrúpulos, que vive el país desde ese día de febrero, y de la siguiente elección presidencial, el desenlace cruento del cautiverio de 11 de los 12 diputados retenidos, en contravía de la búsqueda de caminos de la paz, amplía el espacio para las propagandas oficiales de la guerra, que, como receta única, tapona el espacio político de la guerrilla y el de una solución política del conflicto. Una divulgación presidencial de la guerra o de solución cada vez más violenta, con intervención militar extranjera en ascenso. Ahora comienza a ser de público conocimiento, sumada a nuevos actores (cazarrecompensas) del mundo.


 


Cuestionado ya por la mayoría demócrata del Congreso de Estados Unidos, muy a su pesar, testigo perplejo de la actuación personal del presidente Nicolás Sarkozy, de Francia, en contra del discurso guerrerista oficial en Colombia, acusado por el gobierno de Ecuador ante la Corte Penal Internacional por el daño humano de las fumigaciones con glifosato y paraquat, el presidente Uribe puede ser un perjudicado de su propio invento. Ser acusado, en cuanto a su responsabilidad política por el agravamiento del conflicto, responsabilidad que trae desde antes de ser elegido Presidente.


 



Tal como al Caguán, a la guerra se le deben sumar 2.093 o 2.176 días…


 


Así como el ex gobernador de Antioquia, ganadero, dueño de fincas en Córdoba y Urabá, político, precandidato, el candidato Uribe conminó a suspenderlo y le contó los días del ‘despeje’ a su antecesor Pastrana, ante el horizonte sangriento que perdura y se insinúa cabe hacer las cuentas de la magnitud y el prolongado tiempo que el Presidente lleva como definidor del rumbo de la sociedad, con su propuesta y acción de una solución militar que argumenta como vía o alternativa de arreglo más rápido, sin concesión política ni social alguna a los territorios y habitantes en acumulación, oposición o resistencia armada.


 


Sin sumar ni detallar sus decisiones como senador (1992-1994) ponente de leyes a favor del privilegio y de los intereses privados, en contra del empleo, la salud y la educación, la cuenta sería más larga y debería comenzar desde el tiempo en que ofició como gobernador de Antioquia.


 


1.- Tiempo, desde cuando permitió en su departamento el encubrimiento del paramili- tarismo con las ‘cooperativas de seguridad’ que multiplicó hacia 1995-1998. Uribe aprovechó la debilidad del gobierno Samper –su ministro de Defensa Fernando Botero aprobó las cooperativas de seguridad Convivir–, que, preocupado por su supervivencia, el “aquí estoy y aquí me quedo”, dio largas a los mandos militares y asimismo a centenares de políticos locales para ambientar la extensión nacional del paramilitarismo, con su efecto de fortalecimiento institucional y económico, y de impunidad en los ámbitos nacional y locales. Un crecimiento del paramilitarismo que ahora, lejos de ser juzgado, bajo su administración cumple la etapa de traslado e implantación urbana con un creciente riesgo para la oposición y el movimiento social.


 


2.- Su periplo con poder nacional comienza desde el acto de ‘desagravio’ por el pase a retiro de los generales Rito Alejo del Río y Jaime Ernesto Canal en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, que fue ofrecido en (…) julio de 2001 por su futuro ministro de gobierno Fernando Londoño. Desde ese día, con su discurso a nombre de los pequeños y medianos haberes y fortunas, muchos de origen honrado, pero con el patrocinio y agrado de los más encopetados privilegios, la paz comenzó a ocultar su cara.


 


3.- Con una fórmula de subsidio al desempleo que estuvo sobre la mesa de diálogo –y que desde el Estado hubiera podido amarrar al conjunto social y la guerrilla en un cauce diferente, a pesar del llamado Plan Colombia, que ya estaba en marcha, y cuando una mirada de largo alcance hizo falta, que ni el general Jorge Enrique Mora Rangel ni el presidente Pastrana en definitiva le brindaron al país–, se perdió la oportunidad en un esfuerzo de distintos sectores por evitar la ruptura de las conversaciones Estado-guerrilla bajo cualquier excusa, cuando el 16 de enero de 2002 Álvaro Uribe fue el único candidato que se resistió a firmar una petición para no romper la mesa con las farc-ep, que en cambio sí suscribieron Luis Eduardo Garzón (Polo) y Horacio Serpa (liberal) , y que compartían Íngrid Betancourt (Partido Verde) y Juan Camilo Restrepo (conservador).


 


4.- En esa condición de candidato presidencial con apoyo abierto, proselitismo y financiamiento paramilitar y de narcotraficantes, y ocultando a propósito las consecuencias sangrientas y de desplazamiento que una ruptura de las conversaciones tendrían hasta hoy, hasta mañana y pasado mañana, su lucha como vocero de todas las acciones contra la zona del Caguán coronó el 20 de febrero.


 


5.- Con su efecto, y con manejos de fraude por parte del paramilitarismo para evitar una segunda vuelta, Uribe ganó opinión de mayoría electoral el tercer domingo de mayo con el argumento de que el Estado y sus Fuerzas Armadas modernizadas, asesoradas por generales de los Estados Unidos y con ventaja de movilización aérea que dotaría el ‘Plan Colombia’, lograrían una rápida desmembración del mando guerrillero y de su concentración de tropas. A sabiendas, le ocultaron al país que la guerrilla ya daba pasos de movilidad para un repliegue y para desdoblar su fuerza en escuadras guerrilleras, con un máximo de 28-33 hombres cercanos.


 


6.- Justo, una posible segunda vuelta electoral y su debate entre Serpa y Uribe, que se impidió con fraude y artimañas, algunas realizadas en zonas de la Costa, el centro y el norte del país, nos hubiera permitido a los colombianos abrir o tener mejores ojos para distinguir los significados de persistir en la busca de paz o escalar la guerra.


 


7.- Con la embriaguez de la orden de guerra, que en sus decires por primera vez ejecutaba una cabeza del Estado, a los 100 días de gobierno esperaba presentar como victoria el rescate de Íngrid Betancourt. Incluso su Ministro de Gobierno le juró a doña Yolanda Pulecio, madre de aquélla, que sabían el lugar preciso de su prisión y que solicitaban su permiso para seguir adelante… ¿cuántos días, cuántos meses, cuántos años más?


 


8- Dicen las voces del Palacio de Nariño que al menos desde febrero o mayo de 2002 ya era el presidente electo Uribe quien gobernaba. Como mínimo, ha contado con tres meses más de poder que cualquier otro Presidente. Y con una ñapa que ya está cerca de completar otro año. Son 2.093 ó 2.176 días con cada uno de sus minutos y segundos por la guerra.


 


La verdad es que pasan los meses y los años, y el Canje Humanitario, como un primer escalón para aplacar la guerra, está más atascado que antes. Y aunque surge un paso intermedio referente a la entrega de los restos mortales de los 11 diputados sacrificados, todo indica que el Canje seguirá bloqueado. Decisión enfatizada por el presidente Uribe en respuesta pública a la propuesta de los países amigos (España, Suiza y Francia) de darle paso a una Comisión de Encuesta, que, como se sabe, está prevista en el artículo 90 del Primer Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.


 


Desde hace tiempo, como expresó Rodrigo Granda en mi entrevista inconclusa a mediados de diciembre de 2005, “el Canje pende del punto militar”. Creo entender, del momento en que la guerrilla fuerce, impacte de nuevo con más acciones de retención en el propósito de abrir las cárceles para los suyos. Una desdicha que cuelga como espada de Damocles para otras familias más, ante la posible ausencia de seres queridos mientras continúe la guerra.


 


En este marco, y tras la tragedia del 18 de junio y de las anteriores e inconclusas tres Mesas de Diálogo realizadas en el municipio de Uribe, Meta (1983-1985), en las ciudades de Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México) –1992–, y en la zona despejada de San Vicente del Caguán (1999-2002), y luego, tras el ensalce paramilitar y de la guerra en el Estado, y del parámetro jurídico y gubernamental de Santafé de Ralito, con trampa o significado de rendición para la insurgencia, “someterse” repite el Presidente, congregar hoy al conjunto de la sociedad colombiana para una nueva mesa tiene muchas más trabas. Se aumentan, para retomar el tablero que tiene un desafío político y de concesión mayor. Ya no de “simple paz gratis con statu quo y desmovilización” sino de acuerdo político de refundación nacional: con recambio institucional, redistribución y democratización del poder, y de redefinición de la división política y de la unidad territorial.


 


El liderazgo de un vuelco encaminado a concretar la mejor solución para el país está en manos de todas las organizaciones sociales y políticas que configuren un liderazgo de “unidad nacional” de poder y de gobierno, cuya última palabra de avance y legitimidad reposa en la pasiva sociedad colombiana en su conjunto. Mientras tanto, gobierno Uribe y paz, un cascarón vacío.

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