En América Latina, los países que tienen la peor distribución del ingreso, calculados con el coeficiente de Gini, son Brasil (0,591) y Colombia (0,576), seguidos por Chile (0,571), Panamá (0,564) y Nicaragua (0,551). Como en ningún otro país, en Colombia el 10 por ciento de la población más rica dispone del 46,5 del ingreso total, lo que es tres veces superior al segundo 10 por ciento más rico relacionado con la clase media, que percibe el 15,9. Ese opulento 10 por ciento concentra un ingreso superior al obtenido por el 80 por ciento de la población con menores ingresos, que es del 37,7.
Esta concentración en la distribución de los ingresos se debe a la concentración en la propiedad de los activos (bienes inmuebles y de capital), de los cuales la inmensa mayoría de la población colombiana está desprovista, quedándole como única fuente de ingresos su fuerza laboral. No hay razón, entonces, para pretender que el crecimiento económico es favorable para toda la población, y menos mostrarlo como un triunfo de la política económica del gobierno, más cuando sus cimientos son endebles y se deben en gran parte a factores externos.
Algunos factores del crecimiento
Para fortuna suya, al actual gobierno le correspondió una coyuntura propicia, con una fase creciente del ciclo económico mundial, luego de las crisis de finales de los 90. La fase expansiva de las principales economías del mundo, como Estados Unidos y China, ha creado condiciones propicias para incentivar la demanda mundial y el consecuente aumento de los precios de bienes primarios como petróleo, café y cobre. Esto ha beneficiado al conjunto de países latinoamericanos, que logran un promedio de 6 por ciento de crecimiento económico de un tiempo para acá.
El promedio de Colombia se había mantenido por debajo del latinoamericano, y el que para el primer trimestre de 2007 se encuentre en 8 por ciento, en vez de generar regocijo, debería es alertar, pues refleja que la economía está evolucionando por encima de su capacidad real, y esto se debe en gran parte a que los cimientos de la ‘bonanza’ son en esencia especulativos y difíciles de mantener. En este escenario, la actitud del gobierno es cualquier cosa menos que responsable, ya que ante la generación de utilidades lo lógico sería que se estimulara el ahorro por medio de una política económica contracíclica, y lo que se observa es un desenfreno populista en el gasto, contrario a la ortodoxia neoliberal que tanto predica.
Otro factor ligado al crecimiento latinoamericano es la abundancia internacional de dólares, que ha favorecido la disminución de las tasas de interés y el crecimiento de la demanda interna.
Dicha sobreoferta de dólares en el ámbito mundial se explica en gran parte por una política expansiva de los Estados Unidos, que buscan crear condiciones que favorezcan la demanda, y por la necesidad de conseguir recursos para financiar la guerra de Iraq. Esta situación favorable a la lógica del capital financiero auspicia en Colombia un modelo sobre la base de la especulación cambiaria para sacar ventaja del diferencial de tasas de interés y del régimen cambiario, lo que ha mantenido la revaluación por más de tres años, disparando las importaciones y la movilización de recursos al sector financiero.
Sumado a lo anterior, otro factor que en gran parte intensifica el flujo de capitales es la aceleración del lavado de dólares por parte de sectores narcoparamilitares. Hay indicios claros e indicativos de que el lavado de dólares se conserva como un factor muy importante en la economía colombiana. Durante 2005 circularon en el país US$ 3.114 millones de dólares, distintos de los US$ 3.200 provenientes de las remesas. Estos dineros han sostenido en gran parte el consumo suntuario de los estratos altos, y también juegan un papel protagónico en la especulación financiera.
En medio de este escenario, para importantes analistas económicos, el elevado crecimiento del producto está representado en un perfil de mala calidad. En palabras de Eduardo Sarmiento Palacio, “la tercera parte del crecimiento se explica por la construcción, y la mitad por la industria y el comercio. Sin embargo, la producción industrial está representada en importaciones de materias primas que crecen a un 30 por ciento y las ventas del comercio en importaciones de bienes de consumo que aumentan otro tanto; la participación del valor agregado y el empleo nacional se reducen a la maquila y los márgenes de comercialización. La influencia de los sectores de alta productividad, como la agricultura, la minería y la electricidad, es prácticamente nula. Así, el crecimiento está montado en burbujas de la construcción y las importaciones, y carece de contenido”.1
La clave para disfrutar de los excedentes del crecimiento económico en cualquier economía radica en la posesión y explotación de algún activo. La discusión debe entonces desplazarse hacia quienes son los beneficiados con el crecimiento económico, para lo cual es necesario analizar la concentración de la propiedad en la economía y los índices de pobreza.
Concentración de la propiedad
Se calcula que en Colombia un 79,9 por ciento del capital bursátil está concentrado en manos del 0,21 por ciento de los accionistas2 . Así, un mercado que se distribuye entre acciones empresariales y papeles de renta fija (donde los papeles de deuda pública, TES, son los dominantes) termina siendo monopolizado por sectores minoritarios. La especulación financiera termina generando una retroalimentación permanente entre la concentración accionaria, el mayor valor financiero de los activos, la distribución de dividendos y el reparto de utilidades, que agudizan la desigualdad.
Esta concentración del capital accionario tiende a ser aún mayor con los actuales procesos de venta de empresas privadas y públicas, a monopolios financieros e industriales de carácter trasnacional. En los últimos tres años, empresas como Coltabaco, Bavaria, Granahorrar, Éxito, Telecom, Ola y Acerías Paz del Río pasaron a manos extranjeras privadas, a través de transacciones por más de 12.000 millones de dólares, de los que la mayoría de la población no se beneficia.
No poseyendo acciones ni formas organizativas ni de acumulación de capital, más del 90 por ciento de los hogares colombianos está marginado del acceso al mercado bursátil, dependiendo sus ingresos de la vinculación al mercado laboral de sus miembros y de la calidad del empleo, que es bastante precaria en Colombia. Por tanto, el distanciamiento entre los mundos financiero y real favorece sólo la acumulación de capital.
De otra parte, la concentración de la tierra, que se ha intensificado con la dinámica del conflicto armado, es escandalosa e inaceptable. De 82 millones de hectáreas aptas para actividades productivas, la mayor proporción se destina a la ganadería extensiva y poco eficiente, auspiciado ello por una política estatal de casi nulo estímulo a la agricultura. De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2.428 propietarios con más de
En Colombia, de
La actividad ganadera participa únicamente con el 40 por ciento del PIB agropecuario, mientras la agricultura aporta el 52 por ciento del PIB agropecuario, con una importante generación de ingresos por hectárea, en tan solo cuatro millones de hectáreas. En esta superficie se producen los bienes que alimentan la despensa colombiana, y la oferta de los monopolios exportadores en café, banano, flores y frutales.
Pobreza como consecuencia
Con la propiedad históricamente concentrada en pocas manos, la consecuencia lógica es una pobreza estructural en la mayoría de la población, que, de continuar sin políticas redistributivas, ninguna cifra de crecimiento podrá solucionar.
Ser pobre es definido como el equivalente a tener un ingreso insuficiente para adquirir una canasta básica compuesta de alimentos y otros bienes como vivienda, servicios públicos, ropa, medicamentos, educación y otros. Ser indigente correspondería a una situación en la que los ingresos de una persona son insuficientes para adquirir una canasta de alimentos que le permitan obtener un mínimo nutricional.
Establecer las variables de pobreza e indigencia implica definir los ingresos de las personas y el valor de la canasta de bienes básicos que deberían adquirir. Tal procedimiento de cálculo de los ingresos y la canasta familiar, al igual que el desempleo, debería ser objeto de una norma ISO, y acompañarse de veeduría ciudadana y académica alrededor de un consenso con el gobierno, para evitar sesgos ideológicos y manipulaciones estadísticas. Sin embargo, el procedimiento cuantitativo que se emplea en instituciones como el Dane o el Departamento Nacional de Planeación, en principio técnico, es claramente político, con un sesgo favorable a la administración Uribe.
En la actualidad, los ingresos de las personas se calculan a partir de los resultados de
Como consecuencia del manoseo estadístico, desde el año 2005 el índice de pobreza se mantiene alrededor de un 49 por ciento, y el de indigencia en 14 por ciento de la población. Si se considerara la metodología anterior, los índices de pobreza e indigencia serían del 66 y el 27 por ciento, respectivamente.5 La pobreza rural es aún más dramática e inaudita en nuestro país. Si se siguiera la metodología del gobierno, el 68,2 por ciento de la población estaría bajo la línea de pobreza, y, por el contrario, un 90,4 de pobres resultarían aplicando la metodología anterior.
La manipulación estadística, característica de regímenes autoritarios y fascistas, también es evidente en las cifras de desempleo que maneja el gobierno, y que deben ser muy superiores a la estadística oficial actual.
Hacia la superación del modelo
El discurso tecnocrático argumenta siempre que el eje de cualquier desarrollo económico es la inversión privada para generar crecimiento, lo cual supuestamente trae como consecuencia la disminución de la pobreza. Este ha sido el sofisma, entre otras cosas, para justificar las privatizaciones, los planes de ajuste estructural, el pago del círculo tramposo de amortización y servicios de endeudamiento público; además de encontrarse presente a lo largo y ancho del TLC, y en planteamientos gubernamentales como el Estatuto Rural. En ningún momento se deben plantear políticas redistributivas ni de fortalecimiento del sector público sino todo lo contrario. Mientras tanto, lo que realmente se constata en el idilio de la inversión privada y el crecimiento económico es el aumento de la pobreza y de la desigualdad.
Es necesario que, contrario al modelo de crecimiento económico generador de pobreza, exista un modelo de crecimiento con redistribución, en el que, entre muchas cosas, el exceso de utilidades sea reinvertido por parte del Estado, en sectores estratégicos de la economía y en función de las mayorías del país. Como es lógico, ello implica acabar con la concentración de la propiedad y con la dirección en el manejo del Estado. O sea, un cambio de modelo económico y de gobierno.
1 Eduardo Sarmiento Palacio, Crecimiento y revaluación, en El Espectador, Bogotá, junio 30 de 2007.
2 Bienestar y macroeconomía 2002-2006: el crecimiento inequitativo no es sostenible, Capitulo 2, “El crecimiento es concentrado e inequitativo”. Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID).
3 Estadísticas Catastrales, Abril de 2005, Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
4 IGAC, Corpoica.
5 CID, ibíd.
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