Mosquera dijo que es un mandato del presidente para que el Estado vuelva a tener el control total sobre un sector en crisis. Por lo tanto, el Conelec tendrá un enlace político “muy” fuerte con la administración central.
El control se dará en todas las áreas, incluyendo la recaudación, distribución y comercialización. La generación privada tendrá un tratamiento especial para que las distribuidoras les paguen por la compra de energía.
Según Mosquera, a las distribuidoras se les quitará la capacidad de comercializar la energía. El Fondo de Solidaridad analiza la creación de una entidad que se dedique a la compra y venta de energía, y las distribuidoras se convertirán en las transportadoras técnicas.
El Ministerio espera revertir la tendencia de una mayor generación térmica a hidroeléctrica, y enfrentar los estiajes.
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