Los agrocombustibles y la amenaza del hambre. Colombia, en trámite Proyecto de Ley 113/06

En este momento, al interior de la Cámara de Representantes serpentea un Proyecto de Ley (113 de 2006) cuyo propósito es profundizar la inserción del país a la dinámica de los agrocombustibles (AGC). El Proyecto de Ley, en su segundo ‘debate’, se abre campo a hombros de un equipo de representantes progobiernistas encabezados por el conservador Pedro María Ramírez Ramírez.

Igual a como ocurriera con otras propuestas legislativas (algunas ya convertidas en leyes), el 113 es uno más de un conjunto de medidas1 que aceleran el saqueo indiscriminado de nuestros recursos, la destrucción de la economía campesina y los medios de vida de las comunidades rurales, afro e indígenas, y la apropiación de territorios, querencias y demás riquezas por parte de unos pocos particulares, las empresas transnacionales o el paramilitarismo.

Como ocurriera con las otras propuestas legislativas, el 113 se ventila a espaldas del país y rehuyendo cualquier posibilidad de debate público con los interesados y afectados, directos e indirectos.

Más que una preocupación por las consecuencias para el cambio climático, el boom de los AGC obedece en esencia a una adecuación estratégica, en términos de lo energético y lo geopolítico, por parte de las grandes potencias. En tal forma es esta preocupación, que el gobierno norteamericano y la Unión Europea pretenden que, para el 2017 y el 2020, respectivamente, en el sector del transporte se utilicen 35.000 millones de galones de etanol (para el caso de los EUA) o se haya sustituido en un 20 por ciento el diesel (para el caso de Europa) con AGC.

Desde ahora, los críticos mejor informados anticipan que el boom de los AGC permitirá que ese entronque de intereses consolide, en poquísimas manos, el control sobre los sistemas energético y alimentario mundial; es decir, el dominio casi absoluto sobre el destino de los países del Sur.

Actualmente el negocio de los AGC es rentable básicamente por cinco razones fundamentales:

1. Gozan de un alto precio en el mercado internacional.

2. Son una prioridad estratégica y tienen el impulso de las grandes potencias.

3. Hacen parte de los paquetes de reforma estructural impuestos por los organismos financieros internacionales.

4. Su desarrollo es generosamente subsidiado y/o se da en condiciones de alta rentabilidad en la que la explotación inmisericorde de los recursos y la mano de obra permiten una mayor cuota de ganancia.

5. Su proceso productivo y su comercialización no son todavía totalmente rechazados gracias al manejo mediático de las supuestas ventajas de esta actividad económica.

Es importante detenernos un poco en este último punto, pues incita a la reflexión en torno a algunas de las motivaciones y justificaciones que, para el estímulo a la producción, comercialización y consumo de AGC en Colombia, son planteadas en el Proyecto de Ley 113 de 2006 de la Cámara de Representantes.

En el contexto de la promoción de los AGC como opción ‘exitosa’ frente al actual consumo de energía fósil, se han construido varias ficciones que, complementando las enunciadas por el experto Eric Holtz-Giménez2, director del Institute for Food and Development Policy, se enuncian a continuación:

1. Que los AGC son energéticamente más rentables que los combustibles fósiles.

Los países más ricos gastan actualmente el 56 por ciento de la energía total del planeta y tal ritmo de consumo se incrementa sin pausa, dinámica incapaz de sustituir, siquiera mediocremente, la producción masiva de AGC. Para el 2030, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía pronostica que los AGC únicamente podrán reemplazar el 8 por ciento del consumo mundial de combustibles para el transporte.

En términos del balance energético de los AGC, varios estudios demuestran que los requerimientos de energía fósil son más altos para su producción que la propia energía que ellos generan (ver tabla 1).

En síntesis, los AGC no son energéticamente más rentables.

2. Que son ‘limpios’ y protegen el medio ambiente.

La producción y uso de AGC se caracteriza por ser terriblemente destructora del medio ambiente. Procesos acelerados de compactación y erosión de la tierra (por maíz en EUA y soya en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y EUA)4, daños irreversibles en ecosistemas y reducción de la biodiversidad (todas las regiones palmíferas del mundo, especialmente en Colombia, Indonesia y Malasia5, altos consumos de agua 6, eutrofización de biotas lacustres y marinas por residuos de fertilizantes, liberación a la atmósfera de grandes cantidades de ozono y de los cancerígenos carbanilos (Bogotá, con el uso del bioetanol) 7.

3. Que son fundamentales para revertir el cambio climático.

Lejos de contener el cambio climático, la dinámica de producción de los AGC lo acelera8. Ya se sabe, por ejemplo, que la deforestación y quema necesarias para que Indonesia y Malasia se consolidaran entre los mayores cultivadores de palma de aceite contribuyeron con el 40 por ciento del total de emisiones de CO2 del planeta en esos años (16). Si a eso sumamos la liberación de gases invernadero por la combustión de energía fósil durante la producción de los AGC, la pérdida de carbono por deterioro del suelo, la masiva liberación de óxido nitroso (uno de los principales gases causantes del efecto invernadero) por efecto del uso descontrolado de fertilizantes, el daño de las turberas (que retienen carbono) (17) y la rápida desaparición de los bosques y selvas (contenedores naturales de CO2).

4. Que impulsan el desarrollo rural.

De los países del mundo en desarrollo que ahora se dedican a la producción de AGC (incluyendo el nuestro), no hay uno solo en el que tal proceso no se acompañe del empobrecimiento del sector rural, la pérdida masiva de tierras incluso a través de la violencia (Colombia, Indonesia, Malasia, Brasil, Argentina, Paraguay), y el desplazamiento y marginalización del campesinado. Las políticas que impulsan al sector de los AGC están concebidas para favorecer el gran capital, la concentración de tierras y la legitimación del saqueo de recursos y querencias. Argüir, por ejemplo, que son impulsoras de la generación de puestos de trabajo no es más que una falacia (ver tabla 2)

Para el caso colombiano, ya se ha denunciado que las famosas “alianzas estratégicas” o “asociaciones productivas” no son más que una mampara tras la cual “los campesinos, indígenas y afros entregan la tierra, su mano de obra sin contrato de trabajo, son explotados, no se les pagan horas extras ni prestaciones, etcétera”10. La relación entre palma de aceite y paramilitarismo en el Pacífico colombiano y otras regiones de nuestra geografía es más que elocuente11.

5. Que la materia prima que permite su fabricación es sostenible y renovable.

Quienes afirman que la materia prima para la producción de AGC es renovable ignoran, sin excepción, que tal sector, al deteriorar el medio ambiente (sobreutilización de los suelos, contaminación, agotamiento de fuentes hídricas), reduce rápidamente las posibilidades y sustratos que garanticen la sostenibilidad de los recursos. El caso argentino es ilustrativo y está lejos de ser una excepción: únicamente en 2002, la superficie argentina dedicada al cultivo de soya perdió 900.000 toneladas de nitrógeno, 200.000 de hierro y 140.000 de fósforo, lo cual redunda en ingentes gastos para la restitución artificial de nutrientes, a la vez que hay un empobrecimiento acelerado del suelo que, a corto o mediano plazo, se traducirá en la desertización absoluta12.

6. Que su dinámica no propicia la violación de los derechos humanos (DDHH).

En todos los países del mundo en desarrollo el giro del agro hacia los AGC va de la mano de serias violaciones a los derechos humanos.

Se ignoran los derechos de propiedad individual o colectiva (Brasil, Colombia); se desplaza a la población campesina, afro o nativa (Indonesia, Malasia, Colombia, Paraguay); se vulneran los derechos de los trabajadores, se genera desempleo o se promueve un servilismo disfrazado (Colombia, Brasil, Paraguay, Indonesia); se coacciona, asesina o desaparece a los trabajadores o sus representantes sindicales (Colombia, Brasil)13.

7. Que los AGC de segunda generación tienen grandes potencialidades y comparten las ‘bondades’ arriba enumeradas.

Muchos expertos coinciden en que, frente a la creciente preocupación por los AGC, la promesa de los países desarrollados, consistente en desarrollar biocombustibles de segunda generación (a partir de modificaciones genéticas de plantas ya existentes, la creación de microbios que desnaturalicen rápidamente la celulosa y la lignina, etcétera), que supuestamente limitarían la competencia que se generará por los cereales, tubérculos, oleaginosas y otros alimentos, no podrá ser viable nunca.

Aun suponiendo lo contrario, los perjuicios que esto tendría serían sumamente altos: la rápida pérdida de la biomasa contenida en los bosques y selvas sobrevivientes, la destrucción del 20 a 25 por ciento de las especies del planeta (entre ellas, muchas de origen microscópico y fundamental para los equilibrios ecológicos), la generación artificial de organismos destructores del medio ambiente, la interrupción de los ciclos evolutivos naturales, y la sobrevivencia de nuestra especie puesta al borde del abismo.

8.   Que los AGC no causarán hambre.

Sin duda, la mayor mentira de todas es plantear que la dinámica de los AGC no causará hambre. Afirmación que contradice todas las evidencias y que incluso ha sido criticada por miembros del establecimiento en aquellos países que promueven la producción y consumo masivo de AGC. Lejos de ir por buen camino, la meta de reducir a la mitad el número de hambrientos en el mundo está lejos de ser alcanzada14. Tomando como base los reportes estadísticos más recientes de la FAO, de 1996 a 2002 (último año registrado) el número de hambrientos en los países subdesarrollados aumentó en casi 24 millones de personas. La tendencia registrada hasta el momento, como muchos expertos lo aseveran, es una consecuencia del nuevo orden económico mundial, el mismo que hoy impulsa los AGC.

Conociendo que el 95 por ciento del hambre de la humanidad es estructural (es decir, resultado de la pobreza y la exclusión social), resulta cuando menos ofensivo que se gasten tantos esfuerzos en imponer una estrategia energética que limitará precisamente la disponibilidad energética de tipo biológico para estos y muchos otros seres humanos.

Se sabe, por ejemplo, que los cereales constituyen la principal fuente alimentaria del 80 al 90 por ciento de la humanidad, y son, a la vez, materia prima para la producción de AGC. Especialistas calculan que en virtud de la concurrencia que hay y se agudizará entre los automóviles y las personas por los cereales, estos subirán de precio a pasos agigantados en el tiempo por venir (para el 2020, un 40 por ciento en el caso del maíz y un 30 en el del trigo; para el 2010 será de 20 y 11 por ciento, respectivamente). Significa que hacia 2025 el incremento de precios en los cereales, producto de su uso para la elaboración de AGC, elevará el número de hambrientos a 1.200 millones de personas (cada aumento en el 1 por ciento en el precio de los alimentos crea 16 millones de nuevos hambrientos).

Valga ilustrar lo afirmado, tomando como base algunos datos de referencia suministrados por Pimentel y Patzek. Con el maíz necesario para producir el etanol que requiere un automóvil del primer mundo para recorrer sus 32.000 km/año, podrían cubrirse las necesidades calóricas diarias de una persona durante 22.947 días (62 años) o, lo que es igual, alimentar durante un año a otras 62.

Ahora bien, de los 24 millones de nuevos hambrientos que surgieron en los países en desarrollo (PVD) entre 1996 y 2002, el origen de 800.000 es colombiano, lo que representa un incremento del 16 por ciento respecto a las estadísticas de 1996 (5,1 millones) y en una proporción cinco veces superior al retroceso que en el mismo período se registró en el mundo en desarrollo.

Esto, que debería concitar la vergüenza nacional, ha hecho que el ritmo de crecimiento del hambre en Colombia supere al registrado en el promedio de los PVD, e incluso en la propia África Subsahariana 15.

La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2005 (ENSIN 2005) 16 pone en evidencia, para el año referido, datos como: el 41 por ciento de sus hogares padece inseguridad alimentaria; más del 20 por ciento de los niños y niñas menores de 5 años tienen algún tipo de desnutrición; el 33 por ciento de los menores de 5 años y 45 por ciento de las gestantes colombianas sufren anemia.

Es imperioso insistir: no existen evidencias serias de que el boom de los AGC sea provechoso para países como el nuestro. Lo único que favorecemos con ello son políticas predatorias que aumentarán la miseria en nuestro país.

Para concluir, es indudable que la inserción plena del país en la dinámica de los AGC marcará un punto de inflexión del que muy posiblemente no habrá punto de retorno.

1        Ley Forestal, Ley de Aguas, Ley de Desarrollo Rural, Resoluciones 464 y 465 del 2007 (que autorizan la siembra de maíz transgénico en Huila, Tolima, Sucre y Córdoba), etcétera.

2        Ver Holtz-Giménez, Eric. “Cinco mitos sobre agrocombustibles”, en Le Monde diplomatique. Edición Colombia. Bogotá, junio 2007. Pp. 14-16.

3        Tabla construida con base en datos contenidos en Pimentel, David. Ethanol fuels: Energy balance, economics, and environmental impacts are negative. Natural Resources Research, vol. 12, Nº 2, junio 2003. Pp. 127-134; y Pimentel, David y Tad W. Patzek. Ethanol production using corn, switchgrass, and wood; biodisel production using soybean and sunflower. Natural Resources Research, vol. 14 Nº 1, marzo 2005, pp. 65-76.

4        En EUA, el cultivo intensivo del maíz hace que cada año un acre pierda 19 toneladas de suelo. Ver Altieri, Miguel A. y Elizabeth Bravo, op. cit., Nº 2.

5        En Colombia, más precisamente en la zona de Jiguamiandó y Curvaradó (Chocó), la expansión de la palma aceitera se ha acompañado de la deforestación de más de 5000 hectáreas y la grave amenaza acerca de 80 especies forestales y 96 faunísticas. Ver Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. “Agronegocios de palma y banano. Impactos ambientales y socioeconómicos”, Documento en medio magnético facilitado por la Comisión.

6        Ver: Biofuelwatch, et al, op. cit., Nº 2, p: 6; y Carpintero, Oscar. “Biocombustibles y uso energético de la biomasa: un análisis crítico”, en El Ecologista Nº 49, Madrid, Otoño 2006, p. 22.

7        García Lozada, Héctor. “La biogasolina en Bogotá”, columna de opinión, I/07. www.minminas.gov.co.

8        Valga citar un caso: se estima que la producción de una tonelada de biodisel a partir de la palma de aceite está ligado con la liberación a la atmósfera de 10 a 30 toneladas de CO2. Ver: Biofuelwatch, op. cit., Nº 8.

9        Tabla elaborada con base en Holtz-Giménez, Eric, op. cit., Nº 7, p, 15; y Biofuelwatch, et al, op. cit., Nº 2.

10      Mondragón, Héctor. Los negocios del biocombustible y de la caña de nuestros empresarios y el gobierno nacional. Mayo 2007, en http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=w-1-&x=20154967 [Consulta: 21/V/07].

11      Sobre la connivencia entre el paramilitarismo, el Estado y las palmicultoras en el proceso de expropiación de tierras colectivas, saqueo de recursos, desplazamientos, asesinatos y otras violaciones de los DDHH en la región pacífica, ver Flores López, Jesús Alfonso, y Constanza Millán Echeverría. Derecho a la alimentación y al territorio en el Pacífico colombiano. Diócesis de Tumaco, Quibdó, Buenaventura e Istmina, Colombia. 2007. pp. 201-235. Vale acotar que uno de los firmantes de la Ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley 113 es, ni más ni menos, el representante Héctor Julio Alfonso López, hijo de “La Gata” Enilce López, cuyo clan, aparte de agenciar un asiduo apoyo regional al presidente Uribe, tiene estrechos vínculos con el paramilitarismo.

12      La restitución de los nutrientes perdidos equivalió a 900 millones de dólares, es decir, ¡el 20 por ciento de las ventas totales de la soya argentina de ese año! Ver “Hambre de soya”. Documental dirigido por Marcelo Viñas y producido por Ícaro Producciones y Fundación Biodiversidad Argentina, Buenos Aires, 2004.

13      Desde 2000, en el Bajo Atrato (Colombia) y en relación con la expansión de los cultivos de palma aceitera, han ocurrido dos desplazamientos forzados en la zona del Cacarica, 13 en Curvaradó, y 200 crímenes entre asesinatos y desapariciones (sin contar con el saqueo de bienes, quema de viviendas, bloqueo económico). Ver Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, op. cit., Nª 12.

14      Compromiso adquirido por todos los países del mundo en la Cumbre Mundial Sobre la Alimentación, reunida en Roma en 1996.

15      Ver Morales González, Juan Carlos. El hambre al servicio del neoliberalismo. Ediciones desde abajo. 2006, p. 186.

16      Profamilia, INS, Universidad de Antioquia, OPS, ICBF. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2005 (ENSIN 2005), Bogotá, 2006.