Colombia niega su firma. Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes

Por el contrario, en el orden internacional salta en escena la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que empieza a materializar una parte de los anhelos y las aspiraciones que impulsan las luchas de la juventud en las últimas décadas. En otras palabras, la Convención sí integra en su articulado algunos componentes de las necesidades más sentidas de la juventud contemporánea.

La consignación del derecho a la objeción de conciencia, el derecho a la identidad y la personalidad, el derecho a la cultura y el arte, el derecho a la formación de la familia, el derecho al ocio y al esparcimiento… expresan la voluntad de distinguir a los jóvenes como sujetos de derechos y no como objetos de los mismos.

Si bien aún existe mucho terreno que recorrer en materia de políticas públicas de juventud, la Convención es un paso importante en ese largo y espinoso camino, ya que su espíritu expresa en algo la conciencia autónoma que proclaman los jóvenes. Desprenderse de la visión tutelar que pesa sobre ellos e iniciar acciones hacia el respeto de las prácticas de las culturas juveniles es una de las tareas a que implícitamente nos convoca la Convención.

A pesar de ser fruto de la articulación académico-social y de contar con el apoyo de la Oficina Iberoamericana de la Juventud, y de todos los países, la Convención no ha sido ratificada por el Estado colombiano. Todo parece indicar que para el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez las políticas de juventud no ameritan estar en la agenda de primer orden, sobre todo cuando se proclama la autonomía, el libre pensamiento y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

En el análisis del Observatorio de Juventud, el principal inconveniente que se ha tenido para que no se ratifique la Convención estriba en el contenido del artículo 12, que trata del derecho a la objeción de conciencia. Como es de todos conocido, el servicio militar en Colombia es obligatorio. Al reconocer la Convención –mediante el principio de bloque de constitucionalidad–, quedaría en el aire o, mejor, sin piso jurídico la prestación de este anacrónico llamado a servir a la patria, por sólo mencionar una de las acepciones del derecho a tal objeción.

Todavía quedan unos pocos días en los cuales se pudiera ratificar la Convención. Pero, paradójicamente, el movimiento juvenil y la sociedad en general no han realizado acciones concretas para reclamar la firma de la misma. El desconocimiento de ella por parte de la juventud puede ser una de las razones para este silencio. Por tanto, desde estas páginas exhortamos a todos los jóvenes a estudiar la Convención y desarrollar actividades encaminadas a que el Estado colombiano ratifique el tratado internacional, para así empezar una nueva etapa en la historia de las políticas públicas de juventud, donde los verdaderos anhelos y aspiraciones de las nuevas generaciones sean las fuentes que delineen las políticas públicas.