Segunda oportunidad para la guerra. Parapolítica, “Segunda instancia”:

Cínica, por decir lo menos, y con marcados visos de impunidad, es esta afirmación coloquial con la cual sorprendió al país meses atrás el presidente Álvaro Uribe Vélez al referirse a las primeras sentencias de las Altas Cortes sobre los congresistas involucrados en la crisis de la parapolítica.

Mientras cerca de 29 parlamentarios se encuentran entre rejas y más de 30 han sido llamados a indagatoria, un número imposible de determinar cumple sus funciones en el Congreso en una especie de “libertad condicional”. Para ellos, su juez más inmediato e implacable es su propia conciencia… bueno, sí aún la tienen.

Ante esta preocupante realidad no se hizo esperar el espíritu santanderista de nuestros padres y madres de la patria, quienes con juicio y devoción se hicieron a la tarea –por demás legítima y encomiable– de establecer plenas garantías para los llamados a juicio por tan graves delitos. Porque es necesario decirlo con todas sus letras: utilizar formas violentas y extorsivas, amparados bajo la tutela y la acción de los grupos paramilitares, para garantizar un cupo en el Congreso, recibiendo de ellos dineros y oscuros favores, no es sólo un “escándalo político” –como retóricamente nos lo han querido presentar– sino sobre todo y ante todo un cúmulo de “delitos atroces” contra quienes han sido sus víctimas, así como un imperdonable crimen contra la democracia.

Pero los investigados y condenados no se han quedado quietos y han sido acompañados por sus colegas. Así la senadora Rodríguez de Castellanos ha promovido un debate en el recinto del Congreso para que especialistas y público en general presenten sus aportes y opiniones al Proyecto de Ley donde se incorpora como eje central la creación de la “segunda instancia” para los congresistas y altos funcionarios del Estado cuando son juzgados por las altas Cortes.

En el juicioso análisis de los procesos, pronto se encontró una fisura jurídica, en el decir técnico, o quizás una esperanza de libertad para los ya condenados, y tal vez una garantía de impunidad para quienes todavía no han sido llamados a juicio, al determinar que debiera garantizarse una “segunda instancia” para los altos dignatarios del Estado y miembros del Congreso cuando son juzgados por las Cortes que hoy legalmente tienen la competencia.

Fue así como, con diligencia, los estudiosos de la materia hallaron que, para garantizar el “debido proceso”, derecho inalienable de cualquier ciudadano ante la justicia, debía crearse una segunda instancia que revisara, dentro de los tiempos y procedimientos legales, las decisiones tomadas por la Corte y los Tribunales sobre los posibles delitos cometidos por altos dignatarios del Estado y congresistas.

Reiteramos que es sano para la democracia estar atentos a las posibles violaciones de Derecho que sobre cualquier ciudadano –sin importar su condición o función social o política– se cometan. Por ello, el Proyecto de Ley, curiosamente llamado “Reforma Política”, que se circunscribe sustancialmente a la definición de la ya mencionada “segunda instancia”, puede parecer oportuno en el ánimo de mejorar nuestro sistema judicial, pero deja grandes dudas sobre su legitimidad y su oportunidad política.

¿Por qué tanta urgencia en tramitar este proyecto mientras se aplaza indefinidamente la reforma estructural del sistema electoral colombiano, cuando ya se sabe que la parapolítica se refiere a prácticas delictivas en los comicios electorales, realizadas por congresistas secundados o testaferros de criminales paramilitares? Anotando, además, que no son ellos los únicos que cometen delitos electorales sino también aquellos que se apoyan en agentes del contrabando, o quienes se legitiman y amparan tras cualquier otra forma armada legal o ilegal, o financian sus campañas con dineros públicos o practican cada vez más novedosas e imaginativas formas de compra de votos.

Todo ello es necesario corregirlo para fortalecer la democracia, pero mi pregunta, y creo que también de muchos otros, sigue siendo: ¿Por qué en este momento? ¿será que con esta necesaria acción legislativa el Gobierno y sus áulicos en el Congreso quieren ocultar su preocupación por el esclarecimiento de la intromisión y participación consentida, en todos los niveles del Estado y la Administración, de la acción para? ¿o quizá ver tras las rejas a quienes ayer defendían sus proyectos o compartían sus propuestas políticas o comerciales y ya no? ¿o que el gobierno de Uribe, por extinción de materia, se está quedando sin los votos necesarios en el Congreso para aprobar sus ‘proyectitos’? ¿o que tal vez las cortinas de humo que confunden a la opinión pública con sucesos ampliamente difundidos se están desvaneciendo y los colombianos creemos cada vez menos en ellos? ¿o, finalmente, que los vientos que desde otras latitudes soplan a favor del esclarecimiento y sanción implacable de quienes cometen crímenes de Estado en el ejercicio de sus funciones gubernamentales, les hacen prever que también pueden ser llamados a juicio por las Cortes Internacionales?

Porque los de a pie nos preguntamos: si se gasta tanto esfuerzo para buscar garantías en los juicios a los parapolíticos, ¿por qué no esforzarse por dar garantías a las víctimas de esos mismos criminales? Señores y señoras congresistas: el hambre no da tregua y por tanto no tiene segunda instancia; nadie les dio una segunda oportunidad a los desplazados, a los secuestrados, a los desaparecidos y mucho menos a quienes habitan hoy las frías fosas comunes.

Señor Presidente: ¿Por qué más bien no les da instrucciones a sus amigos parlamentarios para que le ayuden con una “segunda instancia” al Acuerdo Humanitario, una “segunda instancia” a la paz, una “segunda instancia” a la justicia social y, sobre todo, una “segunda instancia” a las víctimas de esta violencia incontrolada, para ver esclarecida la verdad, practicada la justicia y, con ellas, garantizada la reparación a los daños causados y todavía hoy mantenidos? para que, como bien lo anota nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez podamos creer en la creación de “una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la Tierra”.

Por: Eduardo Sertanejo

A propósito de la controversia relacionada con los cuestionamientos que se le hacen al Congreso de la República por cuenta de la parapolítica, Claudia López escribió “Responsabilidad inmediata y sin chantajes” en El Tiempo del 8 de abril de 2008. Queremos plantear algunas discrepancias con lo esencial del planteamiento de la columnista, en especial por el tipo de vínculos que algunos señalan entre el Primer Mandatario y aquellos parlamentarios implicados. Entre los elementos que pudieran ameritar un debate acerca de las responsabilidades del Presidente, es necesario señalar que desde el Ejecutivo se interviene para tratar de incidir en la aplicación de la justicia, para condicionar el tratamiento a las organizaciones armadas ilegales con los sesgos propios de la mal llamada Ley de Justicia y Paz, en especial las preferencias para extraditar guerrilleros, o suspender y dilatar la extradición de narcotraficantes y paramilitares, sospechosamente estimados distintos cuando ser narcotraficante y paramilitar es lo mismo porque una condición involucra a la otra, y cuando aparecen comprometidos senadores y representantes muy cercanos a Uribe.

Como dijera Claudia, “no hace falta un doctorado en ciencia política” para estar de cuerdo con ella respecto de lo esencial de su columna. Es obvio que resulta cínico que el Congreso considere propicia una reforma política cuyo afán apunte primordialmente a fortalecer justo a los partidos que han llevado al país a la debacle en que nos debatimos. ¿Con qué cara se atreven los mismos partidos que tienen a sus voceros en la cárcel a pedirnos que los fortalezcamos?

Discrepamos con Claudia en cuanto a limitar el concepto de ilegitimidad al ámbito del Congreso, además de algunas alcaldías y gobernaciones, dejando por fuera de su análisis la responsabilidad que le cabe al Presidente, cuando su elección y su reelección contaron con el protuberante apoyo de quienes hoy disfrutan de buenas cobijas en los aposentos de la cárcel La Picota.

Un axioma matemático dice que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. En la política actual colombiana, completamente ilegítima, ese axioma es válido. Si los senadores elegidos por la sucia práctica de la parapolítica son ilegítimos en la medida en que unos están encarcelados y otros en vías de ir a servirles de compañía, como esos mismos votos eligieron a Uribe, su condición de Presidente también es claramente ilegítima. ¿Entonces?