La es inocultable que las medidas
elaboradaspor el Banco Mundial (BM), que implicaron la privatización de bienesestratégicos del país
como las electrificadoras –medidas aplicadas con todojuicio por los presidentes de turno–,
pretendiendo mejores servicios públicos,continuidad en el suministro y pago de tarifas económicas,
han sido un completofracaso. No así los beneficios para la empresa privada, favorecida por unamayor
tarifa y una creciente inequidad (1).
Colombia requiere políticas de
serviciospúblicos que den cuenta de sus particularidades regionales, de la diferenciaprofunda entre
campo y ciudad, así como de la distribución de la pobreza, lacual como se sabe se ahonda en el
campo, con un 68 por ciento de ella y un 27,5 de indigencia, pero además con ingresos tres veces
inferiores a los percibidospor los habitantes de las urbes (2). Pero el camino elegido por el
gobierno pareciera determinado no por políticas de tarifas diferenciales, reducción de pobreza y
reconocimiento del aporte brindado por el campo a todo el país, sino por los intereses de las grandes
empresas generadoras o prestadoras del servicio de energía.
Políticas de Estado
Fieles a sus intereses y
concepciones, losgobernantes expusieron ante todo el país que con las privatizaciones losdineros de
los inversionistas extranjeras llegarían a raudales, pero que ademásestos negociantes aportarían su
conocimiento y tecnología estratégica paraimpulsar el desarrollo nacional. Al actuar así,
desconocieron el abc delcapitalismo, es decir, que el interés del inversionista es el lucro y no
elservicio, que por tanto sus motivaciones no responden a la lógica de mejorar lacobertura de las
necesidades básicas de la población o la creación de empleo.
Los empresarios
internacionales, favorecidospor el yunque del BM y el afán de los gobernantes de turno por cumplir
losimperativos del capital internacional, le exigieron al gobierno establecer queen la tarifa
mensual se liquiden todos los costos en que se incurra al prestarel servicio de energía, pero
asimismo el cubrimiento de esos costos medianteuna totalidad de mecanismos de financiación que en
conjunto le den estabilidadal esquema (3).
Pero esto no es todo.
Obtuvieron garantía del Estado de su no intervención en el mercado, pues “no es necesaria”, dejando
muyclaro, por demás, que como inversionistas no asumirán los costos que implicallevar el desarrollo
a los más apartados rincones: las denominadas áreas especiales (barrios subnormales, áreas rurales de
menor desarrollo y zonas dedifícil gestión), como regiones de imposibilidad y/o incapacidad para
recaudarla facturación, y normalizar a los usuarios conectados ilegalmente o por otrasrazones.
Para garantizar que así fuera, es decir, paracrearle las mejores condiciones al
negociante, el Estado colombiano destinó enlos últimos años enormes recursos del presupuesto
nacional, creando mecanismosde financiación: el Programa de Normalización de Redes Eléctricas,
PRONE (4), elFondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas RuralesInterconectadas-FAER (5),
el Fondo de Apoyo Financiero para las Zonas noInterconectadas, FAZNI (6) y por otro lado el Fondo
Especial de Energía Social-FOES (7), que ha servido como fuente del financiamiento coyunturalobtenido
de las ventas internacionales de energía.
Pero, ¿qué se produjo como
consecuencia deestos fondos? Unas inmensas diferencias tarifarias entre empresas: por un
lado,mientras en una región se benefician al ser atendida por una empresa que cubrepoblación urbana
de tamaño significativo, en otra una población de condicionessimilares padece tarifas mucho más
altas porque el mercado se encuentrasegmentado en dos empresas, una especializada en las zonas
dispersas y otradedicada a atender la periferia.
Todo el pastel
Como el actual gobierno, aliado del
capitalinternacional, es fiel a la continuidad del modelo liberalizador y su rostro
deprivatización-desnacionalización, les garantiza a las empresas multinacionales(en especial a Unión
Fenosa, Endesa, AES) su permanencia en el país y latranquila transferencia, vía tarifas, de miles de
millones de pesos de losbolsillos de los clientes (ya no usuarios) a sus arcas. Pero al mismo
tiempoles permite ampliar su base de facturación, que llegará a 10 millones de nuevosclientes
cautivos con la venta (programada para agosto próximo) de las actualeselectrificadoras estatales
regionales. Por si fuera poco, aprueba laimplementación de nuevas tarifas para el período 2008-2012.
Todo lo cual vaacompañado, para que sea efectivo, de medidas legales de todo orden, como
lasexpedidas en los últimos dos años:
- Decretos387 (Actividad de
comercialización) y 388 (Universalización del Servicio-Áreasde Distribución-ADD), ambos expedidos en
febrero 13 de 2007 por el Ministeriode Minas y Energía. - LaCREG publicó el 8 de diciembre
de 2007 el documento CREG-087, dandoconformación de las Áreas de Distribución de Energía
Eléctrica-ADD. - El10 de abril de 2008, el Ministerio de Minas y Energía expide el Decreto
111,que modifica el Decreto 388 de 2007, definiendo un plazo inmediato para entraren vigencia como
máximo treinta (30) días después del citado decreto. - Parahacer posible lo anterior, la
CREG expidió el 29 de abril de 2008 la Resolución047 de 2008 para discusión de carácter general,
y - Mediantela Resolución 058 de mayo 27 de 2008, la CREG establece las
ADD.
¿Cómo será una Área de Distribución?
La conformación de áreas de distribución conCargos por Uso Únicos
por Nivel de Tensión debe permitir reducir los grandesdesequilibrios tarifarios que enfrentan los
usuarios del sistema interconectadoentre empresas y regiones. Se pretende que la población de
menores ingresos yaconectada, y que tiene hoy altas tarifas por ser atendidas por empresas
conmercados de baja densidad, pueda sostener su acceso al consumo de subsistencia,reduciéndoles su
tarifa al equilibrarlas a las cobradas por las empresas conmercados de alta densidad. Así, se
conformaron cuatro -4- áreas con dos -2- Sistemas de Transmisión Regional:
- ADDNorte:
Electricaribe-Electrocosta. - ADDOriente: CENS, Codensa, Enertolima, Essa, Electrocaquetá,
Electrohuila, Emsa,Enelar, Ebsa, Energía de Casanare, EEC, Energía del Bajo Putumayo, Energía
delPutumayo, Energía del Valle de Sibundoy, Energía del Departamento del Guaviarey Ruitoque S.A.
ESP. - ADDCentro: CHEC, Cedenar, Cedelca, CETSA, Energía de Pereira, EPSA, Energía
delQuindío, Emcali, Empresas Municipales de Cartago, Empresas Municipales deEnergía Eléctrica, EPM y
Municipio de Campamento S.A. ESP. - ADDOccidente: Distribuidora del Pacifico S.A.
ESP.
Para que el modelo funcione, los operadores dered reportarán la
información de sus costos al Liquidador y Administrador deCuentas (LAC), quien calculará el Cargo
por Uso y al décimo día calendario decada mes les informará a los operadores de red (OR) los valores
por facturar alos comercializadores por concepto de Cargos por Uso. Los OR continuaránfacturando y
recaudando el Cargo Único por Nivel de Tensión y se descontaránlas diferencias existentes respecto
al Cargo Único por Nivel de Tensión y elcargo que venía cobrando.
Ante
las altas diferencias entre los distintoscargos por unificar, se pondrá en marcha un incremento
mensual entre el cargoinicial y el Cargo Único para el ADD. Como observamos en el ejemplo
(vercuadro), habrá altos incrementos para Norte de Santander, Guaviare, Meta yBogotá. Pretenden
mitigar los incrementos superiores al 25 por ciento con cobrogradual y mensual durante los próximos
cinco (5) años, de manera que al finaltodos paguen igual pero que siempre paguen. De todos modos, el
negocio no puededetenerse en rentabilidad.
La realidad supera las
elaboraciones teóricasde los funcionarios, y más aún si es con el interés de favorecer al
capitalprivado. La construcción política de universalización para las actualesmayorías pobres parte
de una identificación del nivel de costos eficientes depago, que implica mantener la cobertura de la
población ya servida. Pero no sereversa el modelo. Se atiende la capacidad de pago siempre rentable
para elcapital, un límite extremo para que las familias no lleguen al no pago.
Ante
la evidencia de que se trata de másnegocio, pretendiendo que la gente no se desconecte por falta de
pago, queda elreto para el movimiento social de idear políticas y mecanismos para poner enmarcha
servicios públicos, de verdad públicos. Es necesario buscar lineamientospara políticas públicas que
garanticen una mejor calidad de vida para losciudadanos con equidad social, con servicios eficaces y
eficientes eninfraestructuras adecuadas y respetuosas de los valores medioambientales. Y noreformas
para redistribuir costos entre los usuarios, aminorando las cargaspara que el negocio le resulte
siempre rentable al modelo de privatización quetenemos (Ver «Ejemplo de cargos de distribución a
febrero 2008»).
1 La equidad en las tarifas de los servicios públicos y su impacto en la capacidadde pago de los hogares de Bogota. Unal.
2 Estudiode Universalización. Creg.
3 Tarifas,subsidios: tarifa real y los fondos de financiación.
4 Según SSPD-2006, al Programa de Normalización en 2003-2005 se destinaron $ 24.330millones.
5 Se aplica la contribución a los propietarios de activos de uso del STN,transmisores nacionales. Corresponde a 1 $/kwh de la energía total despachadaen Bolsa. Según la SSPD-2006, en 2003-2006 se destinaron $ 120.000 millones.
6 Se aplica la contribución a los generadores del MEM. Por cada kwh despachado en laBolsa de Energía Mayorista, el Administrador del Sistema de IntercambiosComerciales (ASIC) recaudará un peso ($ 1,00) moneda corriente. SegúnSSPD-2006, se destinaron en 2003-2005 $ 124.611 millones.
7 El gobierno nacional ha venido pagando hasta $ 40 por kilovatio-hora del valor delconsumo de energía eléctrica de los usuarios ubicados en zonas de difícilgestión, áreas rurales de menor desarrollo y barrios subnormales. SegúnSSPD-2006, en 2003-2006 se destinaron $ 385.000 millones.
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