La Liberación de la Madre Tierra como esperanza nacional. Editorial

Desde entonces, con distintos ritmos
yresultados, por todo el departamento del Cauca desplegó acciones para recuperarla tierra, la misma
que por diversas vías y mecanismos los terratenientes leshabían robado.

Así
se avanzó hasta el 16 de diciembre de1991, cuando 20 indígenas del resguardo Huellas, municipio de
Caloto, fueronasesinados por paramilitares al servicio de los terratenientes. Esta
violentaarremetida sumió a los habitantes de esta parte del sur del país en unasituación de
intimidación que empezó a superarse solamente transcurrida más deuna década con la marcha efectuada
sobre Cali en 2002, y luego con la decisióndel Congreso Itinerante o de los Pueblos, rematada una y
otra en 2005 con lacampaña “Por la liberación de la Madre Tierra”.

Con
aquella consigna exacta retomaban suideario original, que precisaba recuperar y ampliar la tierra de
susresguardos. Y lo definía así no por capricho o venganza sino por un sentido denecesidad real,
pues quienes habitan en cada uno de los resguardos ya nocuentan con tierra para laborar, y además
porque el sentido de ésta para los pueblosoriginarios va mucho más allá de un pedazo donde sembrar o
dormir, ya que paraellos es el territorio, es decir, el espacio donde habitan vivos y muertos,
ellugar donde se recrea el cuerpo y asimismo el espíritu. Por ello, además, unareivindicación y un
sentido con profundo arraigo histórico y cultural. No esuna campaña económica –acumular más tierra–
sino una iniciativa de mayorsentido: recuperar territorio, es decir, el lugar donde se creó y recreó
sucultura, donde vivieron y viven sus antepasados. De ahí que esa tierra sea sumadre.

Consecuentes con la campaña, desde 2005 hanocupado por pequeños períodos, en acción
directa y pacífica, diversas fincas ypredios (El Apio, Ambaló, Los Remedios, Fátima, Santa Teresa,
San Ignacio, LaSelva, Pisochago, Achaquío, El Acuario, Los Rincones y La Emperatriz. Accionesen las
que han participado miembros de los pueblos indígenas Nasa, Guambiano,Kokonuko y Totoró, localizados
en los municipios de Silvia, Caloto, Popayán yPuracé.

De todas ellas, la acción
más notoria yreiterativa es la centrada sobre predios de la hacienda La Emperatriz, lideradapor
indígenas del pueblo Nasa, que reclaman como parte de los acuerdos delNilo, que, a pesar de haberse
firmado hace 17 años, aún no se cumple.

Desde 2005, la ocupación
de la hacienda LaEmperatriz ha sido una constante. Sus reclamantes la ocupan de manera pacíficay el
Esmad, más la policía tradicional, y en los alrededores el ejército,arremeten contra ellos con
gases, tiros de armas cortas y largas, y disparos cuyascápsulas están recargadas con pedazos de
alambre, piedras y otros objetos, demodo que terminan obligándolos a desalojar.

La
más reciente etapa de ocupación de estahacienda se reinició el 21 de mayo pasado. Desde entonces,
una y otra vez estospredios son ocupados por cientos de indígenas, y una y otra vez son atacadospor
la fuerza pública. Es así como los indígenas cuentan en 20 días con nomenos de 50 heridos, algunos
con perforación profunda de su piel por fragmentosmetálicos, incluso con fracturas producidas por
los disparos de la fuerzapública.

Pero esto no es todo. Como
respuesta a lo queestaba ocurriendo desde 2005 y como antesala de lo que vendría con la nuevaetapa
de liberación de la Madre Tierra, en un pronunciamiento que dibuja en sureal magnitud el proyecto
político y económico que hoy rige en Colombia, elpasado 15 de marzo, en un ‘consejo comunitario’
llevado a cabo en Popayán, elpresidente Álvaro Uribe ordenó “estimular la delación” y pagar
“recompensas”para capturar a los líderes del proceso de liberación de la Madre Tierra.
Dijoallí:

«¿Hemos pagado alguna recompensa porinformación sobre invasores?»
[…] «¡Ofrez- cámoslas! Eso ha sido muy útil enel país. Dicen: ‘No, es que están allá, están
consolidados, que no los rompen’.Los rompen. Los delincuentes terminan rotos. A uno le dicen: ‘No,
esa gente esmuy unida, se unen para invadir y nadie va a delatar al otro’. Mentiras. Losdelincuentes
terminan acusándose los unos a los otros. […]». Hay queromperlos con la recompensa, mi
general».

En consecuencia, el Presidente ordena:
«[…]Las autoridades militares y de Policí­a quedan esta noche autorizadas paraofrecer recompensas
por estos casos y facilitar la judicialización».

Como se puede deducir,
para Uribe Vélez lalucha social es un proceso llevado a cabo por ‘delincuentes’. Para él, comopara
el establecimiento que representa, fiel a la concepción de guerra integralque desarrollan y al
tufillo de doctrina de ‘seguridad nacional’ en que sesoportan, es lo mismo guerra de guerrillas que
lucha social pacífica y legal.Para él, la democracia no se cocina cada día sino que es una norma
fríaredactada sobre un papel llamado Constitución, de la cual se benefician quienesdetentan el poder
para mantener el “orden establecido”. Por ello, se atreve aeste exabrupto, que sin duda alguna en un
país como Colombia es igual que unaorden de muerte.

Pero como su orden no
produce resultados, el31 de mayo, en consejo comunitario realizado en Florida (Valle), ordena
lajudicialización de todos aquellos que lideren acciones sociales de maneradirecta, entre ellos
indígenas, líderes cívicos e inclusive senadores y otrosque los apoyen. Reafirma así, sin
miramientos, lo que está ocurriendo en elrégimen político colombiano: la pérdida de frontera entre
lo legal y lo ilegal.Y eso sólo sucede en regímenes autoritarios.

De ahí que recaigan retos
y tareasindispensables sobre el movimiento indígena, una de las pocas expresiones quemantienen
dinamismo en Colombia, ahora criminalizado, a riesgo de que sucedacualquier barbaridad con sus
líderes. El más importante de ellos es garantizarla transformación de su Congreso Itinerante en un
Congreso de los PueblosColombianos, al cual asistan delegaciones de todas las expresiones sociales
hoysobrevivientes, donde se retome el propósito de la dirección del movimientosocial y su expresión
política; uno que se proponga el tema del gobierno y elpoder en nuestro país, en una perspectiva de
democracia y paz.

Es el reto abierto por el gobierno Uribe. Anteel peligro de
antidemocracia que construye, hay que salir a cimentar diferentesposibilidades de vida. La reforma
agraria y el derecho al territorio es partede ello, pero no se podrá consolidar si queda
circunscrito al Cauca. UnCongreso de los Pueblos, con mandato para construir un referente
democrático yde paz, es la opción que cargan en sus manos los indígenas, la misma opción
quediversidad de expresiones sociales y políticas esperan que sean liberadas porpueblos con
legitimidad histórica, como contribución al despertar de laresistencia pacífica por todo el país, y
asimismo a la construcción de una paznegociada.