No es
para menos: hasta antes de esa fecha, y por espacio deunas pocas semanas -–con mayor intensidad en
los últimos días– la condiciónjurídica y la gobernabilidad del presidente Uribe (a pesar de su
sostenidapopularidad) se veían en serios aprietos. La decisión tomada por la CorteSuprema de
Justicia, al condenar a la ex parlamentaria Yidis Medina porcohecho, abría las puertas de la Casa de
Nariño para que varios de susfuncionarios, incluido el Presidente mismo, fueran requeridos e
inquiridos comomateria necesaria, contraparte del delito que con violación del orden jurídicoy moral
permitió reformar la Constitución Nacional y legalizar la reelección.
Por efecto de las maniobras militares y
mediáticasdesarrolladas el segundo día de julio y los días posteriores, todo parececambiar hacia una
inmoral lección de “Ahí está y ahí se queda”… haga lo quehaga y haya hecho lo que haya hecho. El
cohecho pasó a un quinto o más lejanolugar de la memoria del país, y los visos de triunfo militar
catapultaron aUribe, según algunas encuestadoras, más allá de lo posible. La guerra, lasalida
militar del conflicto que el Comando General del Ejército calcula ahorahasta 2012 y el Comando Sur
admite hasta 2019, blinda la imagen del primerfuncionario del país. Aunque parezca contradictorio,
el efecto de la liberaciónde los rehenes se extendió hasta el contenido de la política de la
oposición,de tal manera que una concentración programada para el 3 de julio en Bogotá, enapoyo de la
Corte Suprema de Justicia, fue desmontada. Según los organizadores,“no era políticamente
correcto”.
Esta misma sensación
política, o desazón, se puede sentir ensectores sociales donde la pregunta “Y ante esa popularidad,
¿quién lidera laoposición en Colombia?” era un interrogante expresado por distintos equipos
deactivistas, temerosos por demás, por la criminalización que tacha lalegitimidad de sus protestas,
y justifica excesos y procesos violatorios de lafuerza pública. Como punto de viraje que incide en
la oposición, con encuestasy “apoyado en el coro de los medios de comunicación, lo que diga Uribe
serápalabra sagrada”.
El espejismo de
un desenlace inmediato de la guerra, quepara Uribe y los dispositivos internacionales demoró seis
largos años acreditardesde febrero de 2002, opaca en esta coyuntura la realidad económica, social
ypolítica del país. Pero, desde un punto de vista ético, por ningún motivo puedehacerlo con la
realidad judicial del país y conducir a que la silla de Palacioesté ocupada por el coautor de un
delito. Sin el acopio de tanta ‘pruebajudicial’ como exhibe el expediente de Uribe, el “aquí estoy y
aquí me quedo”tuvo consecuencias en la extensión del conflicto.
Aunque la coyuntura nacional se bate de
extremo a extremo,entre la democracia y la antidemocracia, los sectores sociales no puedenadmitir y
permitir que tras la avalancha militar se consolide la impunidad acambio del ejemplo debido por un
primer mandatario. La decisión que tomarán enlos próximos días o semanas los organismos de control,
y los juicios que contoda seguridad recaerán en funcionarios de primer orden, los cuales se
puedenextender por responsabilidad a su jefe, permitirán que la demanda dedestitución de Uribe Vélez
como presidente ilegítimo gane audiencia.
Con la majestad de la Justicia, que restablece en elimaginario cotidiano Dignidad
y Libertad que cimentaron nuestra Patria, y elejemplo de sus líderes que han trascendido su momento
–para este caso significavalor ético y civil–, la destitución queda a la orden del día. En su
avancepuede requerir un Emplazamiento Nacional, y el encuentro de liderazgos yhonradez por un país
distinto. El orden y su jerarquía institucional estánrotos. Una forma de gobierno de transición es
necesaria.
II
Al mismo tiempo, el trámite de
reparación institucional abreel debate ineludible de la transición hacia un gobierno con vocación de
paznegociada y reconciliación nacional. Parece imposible, tal vez irreal, pero asíes. Son la razón y
la lógica de la política. Esa misma que en el compromiso consu base demanda de los activistas no
temer a la hora de reclamar justicia ydemocracia; razón que al mismo tiempo inquiere por el futuro
del país. Esdecir, ¿y si es destituido el Presidente, qué viene? ¿Peor o mejor?
La respuesta nos permite apreciar un gobierno
de transición,con mandato por 24 meses, en cabeza de los Presidentes de las Cortes, eintegrado
además por diferentes actores del amplio abanico social, quegarantice la reconciliación social y la
recuperación moral y ética del país.Con la ruptura institucional que se busca esconder, este
mecanismo de gobiernono puede recaer en cabeza del Vicepresidente ni en la cabeza del Congreso.Ambas
instituciones están manchadas con los votos mal habidos de laparapolítica, pero también del indebido
derecho a la reelección, suma de lacorrupción y la violencia oficial, del clientelismo, ahora
cuestionada por lacompra de un voto.
Tal gobierno tendrá como primera tarea ordenar y garantizarun cese multilateral de
fuegos, como preámbulo y condición para una negociaciónpolítica y de paz. Negociación que al mismo
tiempo deberá estar acompañada deuna intensa movilización social por todo el país, llenándolo o
multiplicándolode mesas de discusión, multitud de constituyentes municipales, que sepanrecoger el
clamor nacional del país soñado.
El
resultado de estas negociaciones y diálogos del conjuntosocial serán la base para una nueva Asamblea
Nacional Constituyente (fruto deunas elecciones para la misma), donde se refrende un nuevo
textoconstitucional, una Carta Magna donde se cierren las puertas del pasado y seabran las de la
convivencia y la reconciliación, con base en la democratizacióndel poder para el reconocimiento del
país negado y de las demandas de los másnecesitados, garantizando al mismo tiempo los derechos y las
posibilidades dequienes siempre tienen y han tenido. Que ponga un límite a su voraz apetito
yasimismo a su violenta inclinación y método.
Uno de los últimos actos del gobierno de
transición seráorganizar y garantizar, pasados 20 meses, las elecciones para la Presidencia
dela República, y cuatro meses después entregarle el mandato de soberanía, paz yconvivencia a quien
salga elegido en las mismas.
La
transición y la restauración moral y
democrática selograrán, por un lado si los jueces, a pesar del riesgo, conservan la
posturadigna que hasta el momento les caracteriza, pero también si la sociedad como untodo, con
entrelace de sus liderazgos, reclama la ruptura de la impunidad y larecuperación de la moral y la
ética, rotas desde décadas atrás, pero llegadasen una cascada de manipulaciones hasta el paroxismo
del culto al crimen. Cultoal crimen si ‘ahí está y ahí se queda’.
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