La Gran Coalición Democrática, ante la grave situación que atraviesa la Nación decidió convocar este Gran Encuentro Nacional, con el propósito de analizar las complejas circunstancias que vive el pueblo colombiano, estrechar los lazos de unidad que hemos logrado en los últimos meses, trazar orientaciones que contribuyan a clarificar el oscuro panorama nacional y adelantar acciones en la perspectiva de enfrentar y derrotar las políticas oficiales. A esta convocatoria han respondido positivamente importantes sectores en el más amplio espectro de la oposición, demostrando así que es posible actuar coordinadamente y superar o manejar las diferencias que históricamente han distanciado a diversas corrientes de pensamiento.
PACTO POLÍTICO Y REELECCIÓN
La acción unificada en la Gran Coalición Democrática, conformada por las centrales obreras, los partidos políticos de izquierda, el Partido Liberal, otras organizaciones sociales y no gubernamentales, así como la labor de un buen número de congresistas, derrotó en el referendo las pretensiones uribistas de obtener de un solo envión todo el recetario acordado con los organismos internacionales, que le sirven de voceros al imperialismo norteamericano. Empero el gobierno ha echado mano de un leonino Acuerdo Político para revivir tan nefastas propuestas. Para facilitar la aprobación de la reglamentación del Estatuto Antiterrorista , la alternatividad penal, la reelección y la reforma a la justicia, el gobierno decidió aplazar para el segundo semestre del presente año la presentación de las reformas tributaria y del régimen pensional, mientras impulsa la aprobación de una ley de garantías para los inversionistas extranjeros que contraten con el Estado. A la par, ha continuado con la aplicación del PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (PRAP), con el cual ha ejecutado la liquidación de Telecom y doce empresas telasociadas y la escisión del Seguro Social con el escamoteo de su Convención. Además dividio a ECOPETROL contra la que ahora arremete, lo cual implica la pérdida que tendrá Colombia cuando sólo reciba los ingresos de impuestos y regalías de los beneficiarios extranjeros. Igual caso ocurre con el SENA, mediante tres decretos para desmontar la gratuidad de la formación, desviar su misión y entregar la ejecución a entes privados, así como la autofinanciación de los centros como elemento que justificará la supresión de las contribuciones parafiscales. Además, pretende la liquidación de Emcali, para entregársela al sector privado. La decisión del gobierno de hacer del tema de la reelección el centro de la política inmediata corresponde al intento de proyectar la “seguridad democrática” en el largo plazo para la imposición del TLC y el ALCA, la prolongación del Plan Colombia, la remodelación antidemocrática del Estado comunitario y el cierre de toda vía de solución política y soberana para la paz. Para cumplir con estos objetivos, Uribe y su corte neoliberal pretenden con el apoyo de una mayoría parlamentaria, forjada con las cuotas burocráticas que reparte entre las facciones que lo apoyan, modificar las reglas de juego con las que fue elegido, en una maniobra del más burdo sentido politiquero y clientelista. Es evidente que Estados Unidos, en declaraciones a través de su embajador, y el FMI, apoyan este intento de autoperpetuarse en el poder al estilo de los peores dictadores. La aprobación de este engendro permitiría al presidente participar en las elecciones teniendo en sus manos todo el poder de contratación del gobierno. La nueva reforma tributaria, como las anteriores, se fundamenta en descargar sobre los trabajadores el peso del recaudo de los impuestos, mientras al capital financiero y a las grandes empresas les otorgan grandes exenciones. Dentro de las propuestas del gobierno se encuentra la universalización del IVA, atado a una supuesta rebaja de su monto. Con el IVA se suplieron en el pasado los dineros dejados de recaudar por la rebaja de aranceles de la apertura económica, y su rebaja inicial a cambio de que cubra la totalidad de las transacciones, incluyendo los productos de la canasta familiar gravada con un porcentaje menor en principio, es una trampa y ya los trabajadores y los pobres de Colombia son los principales aportantes de los impuestos indirectos. A las cargas tributarias se suman los demás renglones que el gobierno abandona progresivamente para dejarlos en manos de las empresas privadas, garantizándoles una ganancia de usura en el cálculo de las tarifas, por ejemplo en los servicios públicos domiciliarios. Con la reforma tendiente a recortar las transferencias del gobierno nacional a los departamentos y municipios, las cuales van a ser reemplazadas en parte con un aumento desmesurado de la tributación regional, se intensificará el proceso de privatización de la educación y la salud y se harán depender cada vez más de los pagos o los copagos de los colombianos. A los golpes propinados al régimen pensional de los trabajadores colombianos por los sucesivos gobiernos neoliberales, se suma ahora la propuesta de una nueva reforma. Los puntos propuestos incluyen la disminución de las mesadas por debajo del salario mínimo, eliminar la mesada 14, rebajar el porcentaje de liquidación sobre el salario promedio de todos los años de vida laboral, unificar la edad de jubilación en 62 años para hombres y mujeres, desmontar los regímenes especiales con excepción de la fuerza pública, limitar los derechos adquiridos en convenciones colectivas vigentes hasta su término y máximo hasta el 1º de enero de 2008, y prohibir que se pacten nuevamente, excluyendo este punto esencial de futuras negociaciones colectivas. Sobre la reforma a la justicia, es evidente que las escasas garantías constitucionales que quedaron consignadas en la Constitución de 1991 le estorban a los recolonizadores. Por eso, la reforma que proponen impone serias limitaciones que las convierten en letra muerta. La tutela ya no procederá para la defensa de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución o en tratados internacionales. El recorte a la funciones de la Corte Constitucional garantiza que esa Corte sólo podrá controlar las leyes que tengan efectos “macroeconómicos”. Se pretende la privatización de la justicia mediante su transformación en servicio público y el artículo 22 del proyecto establece la “emergencia judicial”, por medio de la cual el ejecutivo quedaría con la facultad de expedir decretos con fuerza de ley. Como se puede ver, la aplicación de la política oficial se realiza en buena medida a través de reformas constitucionales, con el fin de ponerle dificultades a su posterior desmonte.
LIBRE COMERCIO, AJUSTE FISCAL Y DEUDA EXTERNA
Luego de sufrir por catorce años los arrasadores efectos de la apertura económica, nuestro país se encuentra amenazado por la intensificación y ampliación de esa nociva política mediante el Tratado Bilateral de Comercio, TLC, que el Presidente Uribe se apresta a firmar con el máximo gobernante de Estados Unidos, y el Área de Libre Comercio de las Américas que el imperio quiere imponerle al resto de naciones del continente. Apertura económica, TLC y ALCA son eslabones de la misma cadena de explotación y saqueo, de miseria, hambre y desempleo, mientras las multinacionales y el gran capital financiero aumentan sus ganancias y el control sobre la economía de la región, en desarrollo de lo que en varias ocasiones ha señalado Colin Powell, Secretario de Estado de la administración Bush: “Nuestro objetivo con el Alca es garantizar a las empresas norteamericanas el control de un territorio que va del polo ártico hasta la Antártida, libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad para nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio”. Ya establecieron que las negociaciones del TLC se inician el 18 de mayo y que empezará a aplicarse en el año 2006, para que diez años después los capitales y las mercancías del Norte, puedan circular sin ningún obstáculo desde Alaska hasta la Patagonia. La demagogia neoliberal dice que hay que “saber negociar”, pero la negociación se reducirá a definir cuáles de nuestros productores agrarios e industriales se quebrarán primero. El TLC y el ALCA van también contra otros sectores de la economía y ajustarán los mecanismos para que el capital extranjero culmine la toma de las empresas nacionales. Ya con la apertura hay importantes ejemplos: telecomunicaciones, sector financiero, comercio, construcción de infraestructura y salud, entre otros. Pero el gobierno se esfuerza en darles mejores condiciones para ese control: más ventas a menosprecio del patrimonio nacional, menos impuestos o eliminación de ellos, tribunales extranjeros y privados para arbitrajes en conflictos con el Estado o con los colombianos, y legislación laboral flexible para que tengan mano de obra de bajo precio, envileciendo salarios, eliminando prestaciones, negando atención en salud, recortando pensiones, y arrasando sindicatos, sea con represión laboral y física o con sobornos del tipo de los distorsionados “contratos sindicales” o con la proliferación de las llamadas cooperativas de trabajo asociado. Por otra parte, el Alca o el TLC con Estados Unidos y los cambios que proponen en la reglamentación sobre “propiedad intelectual”, consolidarán el monopolio de las transnacionales afectando gravemente a los empresarios y a los consumidores nacionales. Con lo referente a “compras del sector público y a inversiones, acceso a mercados y servicios” impedirán que las empresas, contratistas y profesionales del país sean preferidos en las adquisiciones y contratos estatales. Y buscan que las “controversias con el capital extranjero”, sean resueltas por tribunales de arbitramento internacionales, lo cual beneficiará a las transnacionales. Y, en general, buscan que en las normas haya “trato igual” para el capital nacional y el foráneo, lo que en la práctica significa desigualdad contra el colombiano. Por otro lado, para garantizar un entorno favorable a la inversión privada, los países deben concentrarse en “sanear sus finanzas” y lograr estabilidad macroeconómica, cuyo componente fundamental es el control de la inflación, sin importar sus efectos sobre el crecimiento económico y el empleo. Ello implica el ajuste de las finanzas públicas, aumentando impuestos indirectos y recortando el gasto público para lograr el superávit que cubra el servicio de la deuda, las transferencias al exterior y las importaciones. Es necesario insistir en que el grado de desarrollo económico de un país está definido por el grado de desarrollo de su mercado interno. La verdadera fortaleza económica de una nación se encuentra en su propio mercado, y no en sus exportaciones, que siempre llegan como consecuencia y complemento del progreso interior. Entrar en la competencia global por colocar en el mercado nuestros productos tropicales, que es lo que nos proponen el imperio y sus agentes, como Uribe Vélez y Hommes, es someter a los colombianos a salarios de hambre, al empleo informal y a la esclavitud. Los gobernantes del país escogieron la vía que les señaló el imperio: la apertura neoliberal, que desde 1990 nos ha llevado a que las importaciones superen de lejos a las exportaciones y a que la balanza comercial del país, que había sido equilibrada por décadas, sea hoy negativa. A que el país pierda más de 30 mil millones de dólares durante el periodo aperturista, suma muy parecida al incremento de la deuda externa nacional en el mismo lapso. Esa deuda que había tardado un siglo en llegar a 17.278 millones de dólares, subió a 39 mil millones en unos pocos años. A ello es necesario agregarle una cantidad parecida por la deuda interna, o sea, el endeudamiento del Estado con particulares en el país, que a la vez están endeudados en el extranjero. Para América Latina la situación es de igual o mayor gravedad: entre 1960 y 1982 la deuda externa total de 25 países latinoamericanos pasó de 7.200 a 295 mil millones de dólares y subió a 641 mil millones en 1996 y a 726 mil millones en el año 2001.
DERECHOS DEMOCRÁTICOS, SOLUCION POLÍTICA Y TERRORISMO
En el marco de la ofensiva Norteamérica, en pos de la hegemonía, justificada tras el sofisma de combatir el terrorismo, afirma el gobierno que ¨…la violencia ejercida por organizaciones criminales de diversa índole es el principal desafío que afronta Colombia…¨. De esta manera pretende distraer la atención de los colombianos hacia un asunto que, no obstante su gravedad, no es la principal causa de las dificultades que vive el pueblo y justificar, así, su política de “seguridad democrática”. Mediante este subterfugio el gobierno impone el desmonte de los derechos democráticos, por medio de reformas constitucionales, el Estatuto Antiterrorista y su ley reglamentaria mediante los cuales, durante cuatro años prorrogables, se suspende el ejercicio de derechos básicos. Se marca así la tendencia despótica y autoritaria del gobierno, así como su complicidad con el imperialismo norteamericano cuyo personal militar y de mercenarios, que ya cuenta con más de 800 miembros, goza de total impunidad. Durante una buena parte de este Gobierno el país vivió en “Estado de Conmoción Interior”, a través del Decreto 1837 de agosto de 2002, con la mira de recuperar el control del orden público. Ello ha dado lugar a las restricciones de los derechos y libertades fundamentales y pese a que La Corte Constitucional le puso coto a esa situación, en abril de 2003, esta política se sigue aplicando y se plasma ahora en el “Estatuto Antiterrorista”. Los convocantes al Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales, Sociales y Políticas, impulsamos y respaldamos las luchas de las masas por sus reivindicaciones económicas, sus derechos fundamentales y las conquistas democráticas, en el marco de un proceso de acumulación de fuerzas. Entendemos que la emancipación nacional es obra de los trabajadores y el conjunto de las clases sojuzgadas y no de acciones aisladas. Respaldamos las justas exigencias por la excarcelación de los presos políticos y por el cese inmediato de los asesinatos y la tortura de los luchadores sociales y populares. Reiteramos que el extermino de los opositores es un método que no contribuye al aclimatamiento de un ambiente democrático y civilista. En tal sentido, la aplicación de la política de “seguridad democrática”, le cierra el camino a la búsqueda de una solución política del enfrentamiento armado, la cual debe darse sin injerencia de ninguna potencia extranjera y sin mancillar la ya deteriorada soberanía nacional. Por el contrario, ello debe darse mediante las negociaciones entre la insurgencia y el gobierno, con base en el reconocimiento mutuo, los compromisos bilaterales y los acuerdos justos con garantías reales. En cuanto a la amnistía debe ser fruto de una negociación entre el gobierno y las agrupaciones que, en su contra, se han alzado en armas. Las transformaciones que requiere Colombia serán fruto del arduo trabajo de varios sectores y el establecimiento de un clima de controversia civilizada, es una condición previa que requiere de un pronto y cabal arreglo, sobre la base de la más amplia libertad política, el respeto pleno a los derechos de los trabajadores y las libertades sin restricciones para la participación del pueblo en la búsqueda de los cambios democráticos. La paz no significa la ausencia de conflictos, sino la posibilidad de que la lucha se adelante sin el uso del asesinato, el atentado personal y los actos terroristas, en todas sus manifestaciones, como formas para resolver contradicciones ideológicas o políticas. A nuestro modo de ver, estamos entrando en una fase de dictadura civil, que basa toda su legitimidad en el manejo de los medios, el sometimiento del Parlamento y la represión a la posibilidad de expresiones alternativas populares. El derecho a hablar, disentir, reclamar y exigir justicia, estará cada día más coartado. Solamente la lucha política consecuente, la unidad más amplia y la movilización, como quedó demostrado en el caso del referendo, impedirá que arrasen con los derechos de los trabajadores y la soberanía nacional, para perpetuarnos como una nación sojuzgada. Convocamos a brindar el respaldo total a los sectores sindicales y populares que enfrentan la agresiva política oficial, particularmente, a la USO, SINDESENA, Asonal Judicial y Sintraemcali. Hacemos un especial llamado para que estos exitosos esfuerzos sean multiplicados con el mismo espíritu unitario en cada organización y en cada región de nuestra patria, donde deben crearse los niveles respectivos de la Gran Coalición Democrática. De acá salimos a trabajar unidos, con entusiasmo y decisión a impulsar todas las tareas necesarias para derrotar el paquete legislativo uribista, el TLC y e ALCA y la reelección y, a defender la libertades ciudadanas y los derechos democráticos de nuestro pueblo. En nuestras manos está que la Gran Coalición Democrática se consolide como el eje central de la unidad de los oprimidos de Colombia y que este Gran Encuentro de Organizaciones Sindicales, Políticas y Sociales sea el primer paso en la búsqueda de un rumbo liberador para la lucha de nuestro pueblo, por la independencia y una verdadera democracia. GRAN COALICIÓN DEMOCRÁTICA CARLOS RODRÍGUEZ DIAZ Coordinador Nacional Bogotá D. C. abril 30 de 2004
Leave a Reply