Un ambiente torvo y poco promisorio para los derechos humanos en el país, se conmemoró el pasado miércoles 10 el aniversario número 60 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La fecha coincidió con la presencia del vicepresidente Francisco Santos en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que aquél admitió la responsabilidad del gobierno nacional en la violación sistemática de estos derechos y el Derecho Internacional Humanitario durante el gobierno del presidente Uribe.
En esta ocasión, el gobierno nacional presentó un informe en el que reconoce la responsabilidad del Estado colombiano en muchas de estas flagrancias, así como en otras tantas atribuidas a grupos insurgentes y paramilitares. Santos tuvo que hacer referencia a las desapariciones, las torturas, las detenciones arbitrarias, las fosas comunes, los asesinatos de sindicalistas, entre otras acciones delictivas de Estado. La deuda de siempre. El Vicepresidente ofreció disculpas ante la ONU, sin aludir siquiera a la reparación integral y la memoria histórica de las víctimas.
Pero la presencia de Santos en las altas instancias de la ONU dejó carta abierta para una reflexión a fondo sobre los derechos humanos, vulnerados día a día desde sus más fundamentales acepciones. Además de dar cuenta de estos crímenes y tomar cartas en el asunto, la ONU debe también exhortar a los gobiernos para la erradicación de la pobreza y la desigualdad social, como compromiso mundial que estipuló la comunidad internacional en el año 2000. Al parecer, el discurso de estos derechos olvidó las cotidianas violaciones: hambre, desempleo, falta de vivienda. Tantos crímenes de lesa humanidad como violencias invisibles pero indignantes hacen parte del cruel catálogo.
De estas omisiones habla el informe de Social Watch de 2008: Derechos Humanos: única clave, en el que se asevera la imposibilidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. “Es ahora una meta imposible, en tanto los gobiernos del mundo mantengan la actitud de que ‘aquí no ha pasado nada’”. Advierte Social Watch al respecto.
Según el organismo, se les han otorgado prebendas importantes a las empresas financieras de orden mundial. La extrema pobreza y la desigualdad social “se asocian a los efectos inmediatos de la crisis sistémica actual y a cuestiones estructurales de largo plazo enlazadas al sistema económico neoliberal”.
En palabras de Roberto Bissio, coordinador de la ONG, “en años recientes, se formularon nuevos derechos para las instituciones financieras y las empresas, sin crear derechos equivalentes para las personas”.
Todo lo anterior permite cuestionar la aplicación práctica de los Derechos Humanos, en tanto éstos obedecen al ideal del liberalismo europeo, expresión del romanticismo del Siglo de las Luces que abogó por la Razón como relato último del progreso humano. ¿Progreso? Hoy no queda ni la sombra del espíritu que los motivó. Según Amnistía Internacional, más de dos mil millones de personas sufren la violación sistemática de sus derechos, y entre 150 y 200 Estados exhiben quebrantamientos al respecto. O sea que, ¿quién se salva?
Teoría vs. práctica del Derecho internacional
En el transcurso de este tiempo, Colombia ha ratificado los convenios y protocolos internacionales sobre derechos humanos. Pactos sin trascendencia práctica. Pese a que, al suscribirse a estos compromisos el Gobierno debiera garantizar el pleno goce de los derechos humanos para los ciudadanos y las ciudadanas, sucede que él mismo es autor de las infracciones a los mismos, por participación o por omisión.
Talón de Aquiles de gobiernos precedentes, incapaces de presentar opciones jurídicas y acciones de hecho para superar la crisis humanitaria que conoce y sobrellevan la mayoría de quienes habitan Colombia. Tales aparatos gubernamentales han planteado soluciones demagógicas, ocultando la dura realidad. Sin embargo, nunca antes un gobierno había tenido maridaje tan abierto con la violación de los derechos humanos, así como con la inversión extranjera y las multinacionales, con incursión por caminos inauditos de impunidad.
Entre tanto, la inversión social ha quedado atrás. El pasado miércoles 10, en plena conmemoración de la Declaración en la ciudad de Bucaramanga, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU dijo: “Resultará difícil que Colombia pueda cumplir las metas del milenio en materia de salud, educación y vivienda. Hay que hacer prioridades sobre el presupuesto de 2009, y preservar y blindar la inversión social”.
Cabe agregar, además, en cuanto a crímenes de lesa humanidad, que desde la aplicación de la política de ‘seguridad democrática’ se registra la muerte de más de 430 sindicalistas; el desplazamiento de más de un millón 750.000 colombianos por la violencia, para engordar el universo de los aproximadamente cuatro millones más que hay en el país; 955 ejecuciones extrajudiciales de personas presentadas como guerrilleros caídos en baja, y 3.040 personas asesinadas a manos de los paramilitares. Estas son apenas unas de las más graves cifras que ilustran las estadísticas.
Otro tanto sucede con la Ley de ‘justicia y paz’, destinada a generar políticas públicas, promovidas por el Ejecutivo, para negar su responsabilidad en el desarrollo del paramilitarismo, y los crímenes cometidos, favoreciendo abiertamente a los victimarios. De suerte que han asistido las víctimas a nuevos escenarios de represión y revictimización. Lo hace evidente la desmovilización paramilitar a partir de la Ley 975 del 2005, que opacó toda posibilidad de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, dando paso a una reingeniería de estos grupos a través de sus más conocidas estructuras: águilas negras, rastrojos, entre otras.
Ejemplo de la falta de responsabilidad gubernamental es que esta ley, según palabras del propio Francisco Santos, permitió la exhumación de 1.559 cadáveres, con la identificación de sólo 202. ¡Impunidad! Si se toma en cuenta que hasta julio de este año han sido vinculados 748 miembros de la Fuerza Pública con desapariciones forzadas, para los cuales se han expedido 242 órdenes de captura, con acusación de 110 ante los jueces. Hoy se han producido únicamente 14 sentencias que recaen sobre 42 uniformados. Además, el Gobierno mismo dio a conocer el incremento de homicidios de sindicalistas. Según él, hasta la fecha se han emitido 46 sentencias con 75 personas condenadas, 27 juicios en curso y 39 procesos de investigación.
Santos se comprometió ante la ONU a fortalecer el rol de la Procuraduría General de la Nación para avanzar en las investigaciones disciplinarias en que miembros del Ejército resulten involucrados con desapariciones forzadas y tortura. Esta es una teoría que algunos llaman de la “manzana podrida”, según la cual estos crímenes son perpetrados por agentes sin órdenes de mando, que por decisión propia deciden eliminar a civiles y después mostrarlos como guerrilleros caídos en combate, lo que busca hacerle esguince a la responsabilidad gubernamental de declarar estos actos como crímenes de Estado.
Ejecuciones extrajudiciales, otro ‘talón’
Los homicidios reportados contra la población civil tienen la inocultable frecuencia con la que civiles inermes caen en manos de la fuerza pública, por fuera de confrontación armada. El informe para el Examen Periódico Universal de las Plataformas de Derechos Humanos dio a conocer que “en el último quinquenio se ha constatado un aumento del 67,71 por ciento en los registros de ejecuciones extrajudiciales, directamente atribuidos a la fuerza pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de Seguridad Democrática promovida por el gobierno actual desde su posesión el 7 de agosto de 2002. Así, entre julio de 2002 y diciembre de 2007 se han registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la fuerza pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002”.
Ante los hechos recientes que cobraron la vida de 11 jóvenes en el municipio cundinamarqués de Soacha, el gobierno nacional determinó eliminar el decreto sobre bonificaciones económicas por capturas, y les da prioridad a las capturas y desmovilizaciones de guerrilleros por encima de su eliminación física.
Paliativos. Hechos posteriores a Ciudad Bolívar y Soacha, además de casos similares en otras regiones del país, dan cuenta de la práctica sistemática de estas acciones con la presencia de mecanismos y patrones para ocultar estos actos, de modo que se puedan silenciar y mantener en la impunidad.
Víctimas y familiares, muertos y silenciados. Se han entorpecido y manipulado investigaciones para enmascarar hechos. Así lo deja ver el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos: “El seguimiento a los casos de ejecuciones extrajudiciales y los informes sobre esta situación y los distintos pronunciamientos de distintas instancias y agencias de la comunidad nacional e internacional, llamando la atención al Estado colombiano sobre esta gravísima situación, ha propiciado el inicio de su reconocimiento y que haya empezado a implementar algunas medidas, aún insuficientes, para su superación, como lo constata el presente informe, que deja en evidencia que los controles civiles sobre el accionar de la Fuerza Pública continúan siendo ineficaces y no permiten de manera exacta y oportuna la información sobre estos hechos, y que los mecanismos para investigar, establecer las responsabilidades y sancionar la comisión de estas graves violaciones, a pesar de algunos avances importantes en el último año, tienen graves deficiencias y vacíos”.
Pese a lo anterior, se logró documentar, como uno de los casos relevantes, que el Ejército Nacional es la institución de la Fuerza Pública mayormente señalada como responsable de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. En los 535 registros correspondientes a enero 2007-junio 2008, el Ejército aparece como responsable del 93,7 por ciento de los casos (con 443 víctimas).
Otros son atribuidos a la Policía Nacional, aunque en menor medida. Se habla del 5,1 por ciento de su responsabilidad, y la Armada Nacional ostenta el 1,3 de las denuncias realizadas.
Seguridad democrática: pugna contra los derechos humanos
Una consecuencia apenas obvia se deriva de una contradicción palpable. El gobierno nacional ha planteado en diversas ocasiones, justificando su mito fundacional, que la plena garantía de los derechos humanos depende de la aplicación de la política de ‘seguridad democrática’, lo cual sería válido para los derechos civiles y políticos, así como para los económicos, sociales y culturales. Contradicción: en estos dos períodos presidenciales es cuando más se han violado, masiva y sistemáticamente, tales derechos.
En la práctica, se impulsa una política militarista que el Ministerio de Defensa tituló como “Política de consolidación de la seguridad democrática”, y que marca los objetivos estratégicos prioritarios para el sector de la defensa hasta 2010, lo que llama la Doctrina de Acción Integral (DAI) . Contradicción latente, pues no es posible proteger los derechos humanos con una política destinada a pasar por encima de éstos con tal de debilitar a los contradictores del Estado.
Mientras tanto, se sigue suscribiendo pactos, mostrando ante la comunidad internacional las acciones adelantadas por el Estado para proteger a los colombianos. Pero, a la par, las violaciones sistemáticas a grupos étnicos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, continúan siendo pan de cada día. Ciudadanos y ciudadanas sometidos a engrosar los cordones de miseria de las principales ciudades. Campos desolados y desangrados. No existe una política pública de reparación a las víctimas y de protección a los ciudadanos, y se privilegia más que nunca el gasto militar sobre la inversión social. “Todos los seres humanos nacen libres y son iguales en dignidad y derechos desde su nacimiento, y, por ende, deben comportarse fraternalmente”, reza la Declaración. Amanecerá y veremos.
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