Aunque sin arrancarlos, la Alcaldía de Sergio Fajardo le pisó los callos a ‘Don Berna’, y Alonso Salazar le toca la uña. Un tanto desacomodados, hacen presión y amenazan para continuar con sus beneficios de impunidad y negocios, y su estructura en Medellín se reubica en las comunidades para seguir su enquiste en el poder local. Es la estrategia. Jugar la carta del ex alcalde Luis Pérez Gutiérrez les viene como anillo al dedo.
Una intensa conspiración. Desde hace más de un año se agita el ambiente político en Medellín. Su propósito: moverle el piso a su actual alcalde, Alonso Salazar, al tiempo que mantener y profundizar el control que el paramilitarismo haya podido tener, o conserve, en la capital antioqueña.
Sus manifestaciones públicas: las afirmaciones de paramilitares o de sus aliados en contra del burgomaestre. Declaraciones de abogados de los mismos. Supuestas cartas de extraditados donde se afirma y confirma el “apoyo” brindado por los paramilitares a quien rige los destinos de Medellín.
Maniobra y presión política múltiple. Allí, entre decires, aparecen los nombres de alias “Memín”, de Luis Pérez Gutiérrez, de “don Berna”, de Diego Álvarez, y de otros varios.
Pero por el lado de la alcaldía la pasividad no es la norma. Se sabe que el descabezamiento de la dirección de la Fiscalía local, responde a la lucha entre paramilitares y poder oficial local. Los aliados del Ejecutivo nacional hasta ahora pierden la partida.
Memoria necesaria
Para darle un contexto a esta lucha por el poder político y el control social en la ciudad de Medellín, es necesario recordar que durante el año 2002, los paramilitares retoman el control absoluto de las comunas de la capital antioqueña. Tener en cuenta que incluso se dispuso la retoma militar de la ciudad, para quitar el poder que desde años atrás ejercían las llamadas ‘milicias’ insurgentes, las mismas que controlaban una parte del territorio municipal. En diferentes operaciones militares, las fuerzas armadas y los paramilitares realizaron esta tarea. La operación más conocida pero no la única (ver recuadro) es la de la Comuna 13, bautizada con el nombre de Orión. Los analistas no dudan en concebir este momento como clave en la “paramilitarización de la comuna”.
Este proceso coincide con la negociación que adelantaban los paramilitares con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. El proyecto en Medellín requería ‘legalizarse’, y nada más adecuado para ello que el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares por entonces anunciado.
Sin embargo, en la urbe paisa las principales estructuras del paramilitarismo no se sometieron; las armas y los recursos con que operaban no se entregaron; sólo se presenta un repliegue a la espera de lo que pueda pasar en el proceso. Los negocios ilícitos no se abandonan, no sólo por su rentabilidad sino porque por su conducto se ejerce un poder sin límite en la comuna. Los líderes procuraron organizarse para traducir su poder militar, económico y social en poder político. Y, dentro de su proyección política, uno de sus más importantes esfuerzos fue tratar de articularse a las organizaciones comunitarias.
En el mismo momento, la clase política tradicional de Medellín vivía una etapa de absoluto desprestigio. La corrupción se había disparado. Los habitantes de la ciudad señalan sin tapujos –así las investigaciones judiciales no avancen y las contralorías no funcionen– que la contratación pública tenía un solo dueño en La Alpujarra, sede del gobierno municipal.
En los principales restaurantes, almacenes, aerolíneas, y hasta en los moteles, los funcionarios del municipio hacían de las suyas con las tarjetas de crédito empresariales que luego se debían cancelar con dineros públicos.
Fue de tal magnitud el desgaste de la clase política tradicional y del Alcalde del momento (2001-2003), el señor Luis Pérez Gutiérrez, que, después de dejar éste la Alcaldía y aspirar de nuevo al cargo en las elecciones de 2007, se le castigó negándole el voto. No alcanzó a ser elegido otra vez, y todo indica que con esto terminó su vida política, pues se trata de un dirigente a quien no le gusta participar en el Congreso de la República, y en las próximas elecciones para la Alcaldía lo perseguirá una sombra nefasta, y otros candidatos harán todo lo necesario para que su equipo político los respalde. Pérez ya no puede regresar a la Alcaldía. La única posibilidad que tiene es que el actual burgomaestre no termine su período, lo que obligaría a la convocatoria de nuevas elecciones, oportunidad que pudiera significar su reencauche, anunciado el ex como candidato sin mancha.
De otra parte, la llegada a la Alcaldía en 2004 del señor Sergio Fajardo Valderrama fue refrescante para las comunidades, que empezaron a sacudirse del dominio paramilitar, y resultó fundamental su elección para el manejo del presupuesto público, toda vez que el ciudadano de las comunas se animó a participar e incidir en su ejecución.
A la par de esta situación, en esta Alcaldía los paramilitares comienzan a perder un poco de poder en la ciudad y de dominio en las instancias comunitarias. Sus espacios políticos se cierran cada día más. Incluso las instalaciones físicas, las sedes comunales y las placas deportivas, que antes administraban, ahora no pueden manejarlas a su amaño.
Se puede advertir que de alguna manera con la administración de Sergio Fajardo empieza un cuestionamiento al proyecto paramilitar que él recibió enquistado en la comunidad. Si bien no se puede decir que el período Fajardo haya roto radicalmente con todo lo que representa el proyecto paramilitar, sí marcó un punto de arranque, y el engendro ‘para’ fue perdiendo fuerza.
Por ejemplo, el proceso con los desmovilizados, que Fajardo recibió de la administración Pérez, deja ver su depuración. No podemos olvidar que muchos de quienes aparecen en las listas de los paramilitares no pertenecían a esas organizaciones; pero, como los beneficios que se reciben son tan importantes, estar ahí resulta muy rentable. Además, dado que las estructuras militares y los negocios ilícitos no se entregaron, en los consejos de seguridad municipales, Alonso Salazar Jaramillo, secretario de Gobierno de ese entonces, plantea que los paramilitares deben ser perseguidos, y que quienes no cumplan con los acuerdos alcanzados en el proceso de desmovilización deben ser retirados y judicializados.
Pero es innegable que los paramilitares continuaban ejerciendo un gran dominio en las comunidades. Para muchos analistas, el verdadero poder en la ciudad lo ejercía alias “don Berna”. No se habla de gobernabilidad sino de “donbernabilidad”. Además, en las comunas, durante la alcaldía de Sergio Fajardo, sigue presentándose un desplazamiento interno de sus habitantes, así como es una realidad que continúa el cobro de ‘vacunas’; incluso el transporte es controlado por quienes ejercen el poder militar, y los asesinatos y las desapariciones están a la orden del día.
Gestión y continuidad
El 1º de enero de 2008, Alonso Salazar Jaramillo inicia su gestión como Alcalde para el período 2008-2011. La gente lo elige porque entiende que es la continuidad de la gestión adelantada por Sergio Fajardo, y se advierte que la ciudad no puede regresar a épocas oscuras.
En la contabilización de los votos, las cuentas indican que en aquellos sectores en los que los desmovilizados tenían más presencia ganó Luis Pérez Gutiérrez. La ‘corporación democracia’, creada por los paramilitares desmovilizados, lanzó sus candidatos en la contienda electoral, y contó con el respaldo de un movimiento como Colombia Viva, que no respaldó a Salazar.
Iniciada la gestión del nuevo alcalde, las distancias creadas respecto al proyecto paramilitar se amplían. No sólo se solicita que los organismos de seguridad persigan a quienes incumplieron lo pactado sino que además se cuestiona la continuidad de tal proceso. Reiteradamente, Alonso Salazar Jaramillo exige la depuración de la Fiscalía General de la Nación –que viene actuando en connivencia con los paramilitares y narcotraficantes– y asimismo reclama limpieza en la cúpula de la Policía. Se toca a personas que parecían intocables. De modo paralelo, los dirigentes paramilitares encarcelados, entre ellos los que ‘manejan’ la ciudad, son extraditados a Estados Unidos. Su poder ya tambalea. Hay unos pasos nuevos: asoma un proceso de reacomodo de los paramilitares. El poder está en disputa.
Conclusión de una jugada a tres bandas
1. El poder paramilitar local se descuaja. No tienen el respaldo de la Alcaldía, de manera que su apuesta política se debilita. Sus jefes están encarcelados en Estados Unidos, y, si quieren rebajas, deben colaborar. Aparece entonces, como “caída del cielo”, una carta de la cual apenas se conoce su contenido, pero nunca se ha exhibido la firma de alias “don Berna”; además, fue presentada por el abogado mismo que ingresó en la Casa de Nari por el sótano, en plan de conspiración contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La carta está elaborada en computador, no manuscrita, y los opositores del Alcalde la conocían, pues venían anunciándola desde meses atrás. Esperan los paramilitares recuperar su espacio, o al menos que las distancias creadas en Medellín no se agiganten. No se resignan a que el proyecto político-paramilitar desaparezca de la ciudad.
2. Se agita el debate público, asunto que en este momento les interesa a los opositores del Alcalde, que buscarán minar la credibilidad de Salazar y generar opinión a favor de la necesidad de nuevas elecciones. Momento oportuno y absolutamente necesario para el reencauche de algunos políticos que, en otra forma, desaparecerán.
3. Sin reelección presidencial a la vista para 2010, con una división clara entre los partidos políticos y quienes apoyan al presidente Uribe, la candidatura de Sergio Fajardo como independiente, o en alianza con otras personalidades, alcanza proyección e importante espacio. Desprestigiar al alcalde Alonso Salazar es lo mismo que hablar mal de la gestión de Fajardo. Nada mejor para enfrentar a quien se insinúa como uno de los candidatos con mayores opciones en el 2010.
Los operativos militares en Medellín durante el 2002
Según los informes policiales, durante el año 2002 se realizaron más de 10 operativos militares conjuntos entre diferentes fuerzas del Estado. Al respecto, puede verse a Ricardo Aricada. Comuna 13: crónica de una guerra urbana, op. cit., pp. 100, 107, 135.
Algunos operativos militares
- En febrero 28 del 2002 se lleva a cabo la Operación Contrafuego, acción conjunta de la fuerza pública y organismos de seguridad del Estado.
- El 21 de mayo de 2002 se realizó la Operación Mariscal, que tuvo como origen la solicitud impetrada al Director Seccional de Fiscalías de Medellín por el mayor Luis Francisco Mariño Flórez (Jefe del Área de Delitos contra la Vida, de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá), para que ordenara el registro y el allanamiento de 34 viviendas localizadas en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. La orden de la Operación Mariscal fue suscrita por los brigadieres generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón. La Operación Mariscal comenzó a las 3 de la madrugada del señalado 21 de mayo de 2002 y duró aproximadamente 12 horas y media. Los barrios directamente implicados fueron el 20 de julio, El Salado, Las Independencias, Nuevos Conquistadores y El Corazón. Por parte del Estado participaron 1.000 efectivos de la Policía, el Ejército, el DAS, la FAC, y funcionarios del CTI, la Fiscalía y la Procuraduría, y se usaron armas como ametralladoras M-60, helicópteros artillados, y fusiles y tanques blindados. La resistencia al operativo fue protagonizada por grupos de las farc-ep, del eln, y los Comandos Armados del Pueblo (cap).
- En agosto 4 de 2002 se realizó la Operación Antorcha, realizada en la madrugada, conjuntamente por la IV Brigada del Ejército, la Policía Metropolitana, la Fuerza Aérea, la Fiscalía y el DAS.
- El 16 de octubre del 2002 se inició la Operación Orión, en la cual participaron más de 1.000 hombres de la Policía y fuerzas especiales del Ejército, con respaldo de dos helicópteros Arpía de la FAC, y acompañados por organismos de control. A las 4 de la mañana comenzó el operativo con el descargue de tropa y el acordonamiento de la zona. Tenía como objetivo un asalto final contra milicias del eln y de las farc, y contra los cap.
Con apoyo del DAS, la Fiscalía y la Procuraduría, se realizaron más de 150 allanamientos y se detuvo a centenares de personas entre el 16 y el 28 de octubre. Según el banco de datos Cinep y Justicia & Paz, en el operativo participaron también hombres y mujeres informantes vestidos de camuflados y encapuchados.
Leave a Reply