El Gobierno habla pero no tiene credibilidad. En los departamentos del Cauca, Nariño, Huila y Putumayo, los miles de afectados saben que nada hizo aquél para evitar que se perdieran sus reservas como producto de arañar sus precarios ingresos. La gente sabe que no es culpa de ellos ahorrar donde se creía que era legal. Además, tampoco es ilegal o cosa parecida buscar solución a las permanentes privaciones en el hogar. Por ello, no acepta las palabras del presidente Uribe; por ello, con disposición e imaginación ha creado asociaciones de damnificados para intentar la recuperación de sus escasos dineros, además de levantar demandas para proteger lo poco que tienen. Se resiste a perder sus ahorros.
Pero no sólo ellos se resisten. De manera solidaria lo hacen organizaciones sociales que han comprendido la inmensidad y la importancia del conflicto en curso. Es por ello que la Cut, la Coordinación Agraria del Sur, Cima, Asonal Judicial, Aico, han tenido el buen tino de convocar a reuniones para afrontar la problemática, sin crear dualidades ni paralelismo, para proyectar acciones que respondan a la pregunta sobre qué hacer. A estas citaciones han llegado delegaciones, además de las provenientes de las capitales de los departamentos citados, de los municipios de Mercaderes, Balboa, Argelia, El Bordo, Patía, Bolívar, Almaguer, San Sebastián, La Vega, La Sierra, Silvia, Rosas y otros. En esta movilización se ha propuesto ampliar el proceso de resistencia a delegados de los departamentos del Valle, Risaralda, Tolima y Cundinamarca, pues se sabe que asimismo allí hay miles de afectados por esta crisis financiera criolla. El propósito inmediato: organizar un gran Encuentro Regional.
Se destaca en las reuniones llevadas a cabo hasta ahora que los asistentes identifican con toda claridad al Gobierno como responsable de lo que está ocurriendo, “por no haber actuado, con su omisión legalizó a las captadoras de dinero, les cobró impuestos, y, finalmente, las medidas tomadas no estuvieron dirigidas a proteger a la gente que invirtió”.
Pero igualmente se hace evidente que en la base la gente ha identificado claramente sus objetivos: “El gobierno de Uribe, la banca o sector financiero, y los medios de comunicación. Poco a poco también van aclarando que tienen que defender sus intereses y no los de las empresas captadoras”.
En la misma forma, en las reflexiones colectivas se aprecia el futuro inmediato de la región, de la cual se dice que “se verá afectada en su totalidad, incrementándose el desempleo, la hambruna, una mayor descomposición de la economía campesina, la delincuencia, etcétera”.
Es por todo esto que se levantan propuestas como “la creación de un Fondo de Salvamento y Solidaridad con los recursos que se incauten, los impuestos pagados por las captadoras de dinero, al cual el Gobierno le incorpore recursos provenientes del 4×1000, de Fogafin, del Fondo de Estupefacientes, entre otros”. Se propone por otras personas, sin que sea una decisión colectiva, “estimular a la gente para que retire sus ahorros del sistema financiero, el no pago de servicios públicos y de predial, la creación de comités en barrios y pueblos…”.
Pero las opciones no se quedan ahí. Conscientes de la indiferencia oficial, se preparan acciones directas. “El Comité del Putumayo informa que ya tiene programado el Paro Cívico. Los municipios de Nariño y Putumayo ya aprobaron participar y reiteran la invitación para que Cauca se sume a esa decisión. Solicitan la integración al Comité Central”. En la última reunión de los afectados se ha decidido preparar para enero la realización de un paro cívico en toda la región.
Como lo enseña la historia de los pueblos, cada coyuntura genera propuestas y soluciones. En el Sur del país no es diferente. Como no se veía desde hace muchos años, la gente está atenta a superar de manera directa e inmediata sus dificultades. En los primeros meses de 2009, veremos con toda nitidez hasta dónde llega su decisión, y, claro, las medidas del alto gobierno para contener, dividir, distraer y engañar.
No olvidar. Las reclamaciones en curso son justas. En las reuniones realizadas se ha aclarado que “en más de una ocasión, el Gobierno ha ‘salvado” a la banca, quebrada y mal administrada. Subsidia a los ricos de este país y a las transnacionales (un sólo ejemplo: más de 150 millones de dólares para la producción de etanol para dos grupos económicos). Hay suficientes razones para luchar por esta causa”.
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