El negocio es redondo. ¿Quién no usa ahora teléfono móvil o celular? ¿Cuántos se integran cada día, de manera creciente, a los computadores, en especial a la internet? Las estadísticas del Ministerio de Comuncaciones precisan que los usuarios de telefonía móvil e internet se han incrementado en Colombia en un 150 y 563 por ciento, respectivamente, en tan solo cuatro años (2002-2006). Estos son los sectores más conocidos por masivos, pero también se cuenta con telesalud, teleeducación, teletrabajo, es decir, con una dinámica y masiva implementación de los procesos informáticos en todos los renglones de la sociedad, y de ahí su potencial económico para todo aquel que ve un negocio en lo público.
Crecimiento y potencial, proyectados desde años atrás. No son casuales la privatización de Telecom y el deterioro creciente del sistema estatal de radio y televisión. Pero no contentos con esta parte del pastel, ahora pretenden más. Es así como, liderado por la bancada uribista, se ha presentado un proyecto de ley sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Tics), que transita por la Comisiones Sextas del Senado y de la Cámara bajo el radicado 112 de esta última. El mismo que se pretende aprobar sin debate alguno, para favorecer los grandes capitales internacionales. Como es evidente, el proyecto no fue consultado ni debatido con lo que se llama “sociedad civil”, es decir, todos aquellos interesados, y posiblemente afectados, por el desarrollo del tema. Contrario a la propagandeada democracia participativa, en ninguna ciudad se efectuó un foro o un seminario para discutir el proyecto que ahora, de la mano de los negociantes y sus aliados, galopa en los pasillos del Congreso.
Todo para los negociantes. Con sociedades cada vez más intercomunicadas, ciencia y tecnología se hacen más importantes. En particular, la investigación de punta en telecomunicaciones e informativa es fundamental para no depender de capitales internacionales. Así lo han comprendido países como la India y China, donde se acepta la presencia de multinacionales pero condicionada a que éstas dejen su tecnología en esos países. Sobre tales bases, han potenciado su capacidad científica, su soberanía y su autonomía. En nuestro país se hace y se pretende seguir haciendo todo lo contrario, pero, además, que se pongan a disposición de la empresa privada las redes y sistemas construidos con una inversión pública de más de 10 billones de pesos. No contento con ello el gran capital, se proyecta asimismo que las empresas públicas del ramo paguen un impuesto por el uso del espectro y un gravamen en la renta de sus balances, lo que pudiera afectar de manera grave el sostenimiento de las Universidades Distrital de Bogotá y del Valle del Cauca, así como la financiación de otros programas de inversión social que necesita nuestro pueblo y que están a cargo de los rendimientos anuales de dichas empresas. Como es de fácil deducción, tales impuestos marchitarán de igual modo la estabilidad estratégica de aquellas empresas.
Pero aquí es todo así. No sólo no hay investigación sino que además no se busca saber copiar. Por ello, en el proyecto de marras nada se exige sobre hardware, software, firmware, inteligencia artificial y ensamble de equipos de telecomunicaciones.
En el articulado del mencionado proyecto tampoco se define el proceso para la investigación y el desarrollo (i+d) que requiere el sector de telecomunicaciones, con miras a la atención de las necesidades en ese nicho a través de Colciencias y los Centros de Investigación de Ingeniería con que cuentan las universidades, con buenos recursos económicos del Fondo de Telecomunicaciones que administra el Ministerio del ramo. Pero, además, no se considera La protección y la recuperación de las inversiones realizadas por las empresas públicas con recursos provenientes precisamente del pago de las tarifas que cubre la ciudadanía, la defensa de los derechos de los usuarios y asimismo de la cultura nacional, el respeto y la promoción del derecho a la información y las comunicaciones, el beneficio y la vocación social, la garantía relativa al derecho de los colombianos a la utilización del servicio universal de telecomunicaciones.
Feriar lo propio para servir a otros
¿Cómo destruir las empresas nacionales? La estrategia puede estar en los permisos que otorgue el Ministerio sobre el uso del espectro a terceros para que éstos operen servicios de telecomunicaciones, lo que implica en primera instancia una competencia a las entidades públicas que prestan igual servicio. Los intereses y presiones por privatizar la ETB, Emcali, EPM y otras entidades públicas del sector se hacen evidentes, además de que a la vez se pretende desmontar los subsidios que por tal consumo reciben en la actualidad los estratos 1, 2 y 3. En un futuro, el incremento de las tarifas será la garantía para que el negocio les resulte suficientemente apetitoso y rentable a multinacionales como Telefónica de España y Telmex de México.
En el proyecto de marras, tampoco se plantea la garantía de cobertura para los sectores más deprimidos. Además, la investigación y la innovación son inexistentes en planes de acción para los próximos años. Se propone, igualmente, crear una Agencia Nacional del Espectro, potenciando un mayor engorde aprovechable por la burocracia útil al clientelismo y los favores políticos.
Nadie ha dicho que la apropiación del espectro por estas grandes empresas privadas no sea con prebendas y preferencias para la evasión de justas contribuciones al conjunto de toda la nación. El hecho de ceder a terceros el uso del espectro se convertirá en un negocio muy jugoso para quienes fomentan y disfrutan la corrupción incrustada en las esferas del Estado.
Pero no sólo esto. Al garantizar estos controles, se estará arriando la escasa soberanía que pudiéramos conservar. Sin dominio sobre el espectro, el Estado expone todas las comunicaciones nacionales a la acción de oídos y ojos ajenos.
Positivamente, los sindicatos y demás organizaciones sociales que tienen que ver con este tema han comenzado a movilizarse para denunciar los intentos de celebrar contratos en perjuicio de la nación. Sintratelefonos, Sintraemcali, Sintraemsdes, la Cut, la Unión Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos y la Mesa Distrital de Servicios Públicos organizados en Atelca han realizado varios conversatorios y foros para debatir el citado proyecto, con el propósito de brindarle al público en general una información suficiente que permita quizás archivar este plan antinacional.
Otros artículos lesivos
- El Parágrafo del artículo 11 es muy perjudicial para el país. Cede a terceros los permisos para el uso del espectro y se le deja abierta la puerta al mercado secundario del espectro radioeléctrico, en virtud del cual se sustituye al Estado en su papel de delegatario de este recurso inenajenable e imprescriptible, transfiriéndoselo a organismos privados. En otras palabras, el mercado secundario del espectro es la apropiación de facto de este recurso por particulares, tanto nacionales como transnacionales.
- La Comisión de Regulación se constituye en un apéndice total del Ministerio al no poder sesionar sin la presencia del Ministro de las Tics. Basta simplemente la inasistencia de este Ministro para bloquear cualquier acción legítima de la CRT, la cual se convierte en un regulador de bolsillo del Ministro de turno.
- Este proyecto de ley es reiterativo en desconocer la capacidad presente y futura de Colombia. Sólo atenderá las normas y recomendaciones de los organismos internacionales. No deja espacio para la acción de organismos nacionales ni posibilidad de incorporar las especificidades nacionales, por cuanto las recomendaciones internacionales, en su mayoría, son genéricas.
- Asimetrías económica y regulatoria
La total apertura del mercado, derivará otras consecuencias para las empresas públicas, tales como:
- La reducción de sus márgenes operacionales, por las masivas migraciones de usuarios deslumbrados, y por las ofertas temporales y de implantación del monopolio;
- Los trazos de iliquidez y riesgo de desatención de compromisos crediticios, comprometidos en altas inversiones incurridas.
- La baja del valor patrimonial y comercial de los operadores nacionales, que, una vez desvalorizados, terminarán asumidos de manera barata por el monopolio en su afán de eliminar la competencia (caso, reciente compraventa de los cableoperadores del país); perdiendo el país sus empresas de telecomunicaciones y los usuarios, el beneficio del servicio social, los subsidios, el acceso y las tarifas reguladas, que ya serán impuestas al antojo del oligopolio dominante, sin competencia, amo, dueño y señor del mercado (casos México y Perú).
- Desprotección de actuales y nuevas inversiones realizadas para la masificación del servicio, y para garantizar acceso y servicio universales.
- Inexistencia de reales condiciones de libre y leal competencia, sin asimetrías regulatorias; con políticas que propendan por la viabilidad financiera de los operadores, para que un gran número concurra al mercado; políticas que garanticen mejores tarifas sostenibles en el tiempo para los usuarios.
- Carencia de incentivos a productores y fabricantes de software, equipos terminales, para que los produzcan a bajos costos de manera que puedan ser asequibles para todos los usuarios.
Leave a Reply