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Colombia, la frontera sur y la guerra

El asesinato de varios indígenas awás, cometido por las farc, conmocionó a Colombia y el mundo hace pocas semanas. Se volvió a hablar de indígenas, de su pobreza y de la vulneración de sus derechos. Todo el mundo gritó y acusó, se prometieron consejos comunitarios sin Esmad que dispare, la cooperación internacional –por millonésima vez– volvió a llamar la atención sobre “la situación de los indígenas”. Todo el mundo habló, hasta los victimarios, acusando a los indígenas muertos de colaborar con el ejército. Hoy, pocos días después, el silencio vuelve sobre la frontera con Ecuador, donde hombres y mujeres sufren el embate de la guerra.

Colombia y Ecuador comparten 585 kilómetros de frontera, vivida como un territorio único que no responde a las necesidades de la política sino a las de la vecindad, la convivencia y la economía regional. Este imaginario colectivo se refuerza por los ecosistemas comunes que también acompañan la historia y cultura compartida. Durante la mayor parte de su historia, la frontera mantiene la buena vecindad, que hasta la década de los 80 era un asunto diplomático rutinario en el cual “a los centros políticos nacionales les bastaba con la exaltación de factores geográficos, culturales e históricos para mostrar una buena vecindad” . Sumado a esto, la definición de mutuo acuerdo de los límites fronterizos y de sus espacios marítimos contribuyó a esa buena relación .

Según Socorro Ramírez, esta historia común de buena vecindad se vuelve más compleja a partir de los 90 porque, a pesar del involucramiento de actores políticos y comerciales y de haber creado nuevos mecanismos binacionales de discusión, no se generó una mayor capacidad binacional de manejo de los asuntos transfronterizos comunes. Esta incapacidad hizo que la política fronteriza fuera sobredeterminada por razones internas de cada país y por dinámicas globales. Esto se expresa del lado colombiano en lo que algunos expertos denominan “securitización” de los temas fronterizos con la implementación del Plan Colombia y el Plan Patriota en la zona sur del país .

A partir del año 2000, con la política de ‘seguridad’ del gobierno de Uribe, que derivó en el fortalecimiento militar del Estado, la aplicación del Plan Colombia y las disputas territoriales en áreas fronterizas entre guerrillas y paramilitares, se produce un aumento constante del desplazamiento forzado y la búsqueda de refugio en países vecinos. De hecho, “entre los países colindantes con Colombia, Ecuador se ha convertido en los últimos años en el principal destino de colombianos que obtienen refugio y solicitan asilo” . Los departamentos fronterizos de Putumayo y Nariño se convierten en zonas circulares de desplazamiento, violación de Derechos Humanos y muerte.

Pobreza histórica

Cuando se revisa la situación del departamento de Nariño, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) tiene un promedio de 43,75 por ciento en comparación con Colombia, con un 27,60. La mayoría de municipios de frontera tiene un NBI por encima del promedio nacional . Con la medida del Índice de Condiciones de Vida (ICV), solamente Pasto, Ipiales y Túquerres, de los municipios de la ZIF tienen más de 67 puntos, lo cual los pone por arriba de la línea divisoria de la pobreza. Putumayo, por su parte, tiene un 34,85 por ciento de personas con NBI. En la zona urbana, el indicador alcanza el 26,19 y en la zona rural el 44,3. En cuanto a ICV, todos los municipios de la frontera tienen menos de 67 puntos, ubicándose por debajo de la línea de pobreza. En Nariño, el 10,8 corresponde a indígenas , el 18,8 a afrodescendientes  y el 70,4 a mestizos . El 18,1 por ciento de los putumayenses se reconoce indígena , y el 57 en la categoría de afrodescendientes. Los indígenas tratan de preservar sus territorios ancestrales y las comunidades negras y mestizas que han sido desplazadas de otras regiones, y configuran fronteras nuevas de colonización, enfrentando también la presión de la guerra, el narcotráfico, y el Plan Colombia y las iniciativas que lo acompañan.

La guerra en el sur, muerte, narcotráfico, desplazamiento forzado y violación de los derechos humanos

En la última década, los departamentos fronterizos han sufrido el impacto del conflicto armado. La acción del Plan Colombia en el sur del país , principalmente en el departamento del Putumayo, hace que el conflicto se traslade a Nariño, donde además “se notan los efectos de una creciente presencia y la incidencia del narcotráfico” . Las consecuencias negativas de este contexto se notan en el comportamiento de homicidios, cuyas tasas han estado por encima de las nacionales en los últimos años: 47,3 por 100.000 habitantes vs. 38,1 en 2005; 56,0 vs. 36,8 en 2006, y 49,9 vs. 36,2 en 2007. En los municipios de frontera tenemos tasas de 2007, muy por encima de la tasa nacional: Ricaurte con 64,04, Barbacoas con 113,6; Tumaco con 157,56 . Son zonas de comunidades negras y resguardos indígenas awá. En Putumayo, las tasas de homicidios de los municipios de frontera también sobrepasan los guarismos nacionales para 2006 (36,8 por 100.000 habitantes). Puerto Asís, Mocoa, Valle del Guamuéz y Puerto Guzmán registran, en su orden, tasas superiores a 100 homicidios por 100.000 habitantes .

Por otro lado, en la participación del total nacional de cultivos de coca, Nariño ocupa el primer lugar en el país, alcanzando el 21 por ciento del total nacional en 2007, con 20.259 hectáreas, que equivalen a un incremento del 30 por ciento respecto de 2006 . Tumaco es el segundo municipio de Colombia con mayor área de cultivo, equivalente al 5,2 por ciento del total nacional . El municipio de Puerto Asís fue el tercer municipio con mayor área cultivada, con 4.386 hectáreas, equivalentes al 4,4 del área total cultivada en el país en 2007. “En comparación con 2006, Nariño y Putumayo (con un aumento combinado de más de 7.000 hectáreas) permanecen como los dos primeros departamentos en cantidad de cultivos de coca, con el 36 por ciento del total del país” .

En un estudio realizado con datos del Sistema Único de Registro de Población Desplazada (SUR) –hoy, Registro Único de Población Desplazada (RUPD)– entre 2000 y 2004 se encontró que, revisando los destinos de la población desplazada en Nariño, el 61 por ciento lo hace hacia otros municipios del departamento, seguido por un 21,9 que va al Valle del Cauca, luego a Cauca con 10,0, Bogotá con 1,9 y Putumayo con 1,5. En cuanto a la procedencia de los desplazados, se observó que el 50,1 por ciento llega del Putumayo y el 43,4 del mismo Nariño . En Putumayo, el 44,3 de los desplazados lo hace hacia otros municipios del departamento, seguido por un 31,2 que va a Nariño, y luego Cauca y Caquetá con un 4,9 y un 4,0. Por otra parte, viendo los orígenes de la población, se tiene que el 86,2 llega del mismo Putumayo, el 5,1 de Cauca y el 5,0 de Caquetá ). En los flujos principalmente endógenos en la región fronteriza se ve una pauta de movilidad que incluye la cercanía transfronteriza y explica el aumento de refugiados en la frontera norte de Ecuador.

Los desplazamientos y la confinación de poblaciones mediante retenes, control de abastecimientos alimentarios y campos minados afecta principalmente a las comunidades negras, indígenas y mestizas. Ejemplo de ello son los awá, los kofanes –que se ubican en el límite Nariño-Putumayo, en zona rural de Ipiales– y las comunidades de colonos que viven en las zonas de frontera donde los grupos armados legales e ilegales buscan ejercer control territorial. El pueblo awá es constantemente hostigado por los grupos armados del conflicto interno, señalados como de uno u otro bando, y padeciendo amenazas contra la vida e integridad de sus miembros, así como desapariciones y asesinatos individuales, desplazamientos forzados, confinamiento y campos minados .

De otra parte, en las comunidades con mayor riesgo, las mujeres, los niños y adolescentes son los más vulnerados. En un estudio de la Defensoría del Pueblo y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Pasto, el 43,3 por ciento de las mujeres reportó haber sido víctima de violencia física, y el 70 no acudió a denunciar el hecho ni a pedir ayuda. Asimismo, el 19,7 de las personas fue forzada a tener relaciones o actos sexuales contra su voluntad. A la pregunta de ¿alguna vez un miembro de su familia o alguno de sus hijos o hijas han sido forzados físicamente a tener relaciones o actos sexuales que no querían?, el 11,1 por ciento declaró positivamente. El 17,9, además, agregó que la agresión sexual fue la causa determinante para el desplazamiento . La violencia sexual aparece como estrategia central del control territorial y simbólico en la región. Las poblaciones civiles, principalmente niños y jóvenes, están en riesgo de reclutamiento forzado y accidentes con minas antipersona.

El Estado no protege; vulnera los derechos

Hace falta una revisión juiciosa de los efectos del Plan Colombia en la frontera Sur. Por ahora, se puede decir que el “empuje al sur ha traído para comunidades desde siempre marginadas y vulneradas, sólo muerte, exclusión y violación de Derechos. Como sucede con los awá, todas las comunidades de la línea de frontera están expuestas a la ausencia de garantías para una vida digna, así como para el ejercicio de las libertades individuales y la defensa de sus derechos humanos.

A pesar de las advertencias hechas por la Defensoría del Pueblo misma y por la comunidad internacional desde hace varios años, nada se hace para preservar los derechos de las personas o combatientes en las zonas de conflicto. El Plan Colombia ha traído una militarización de la vida civil en la que los programas sociales que lo acompañan sirven para tratar de cooptar a las comunidades y ponerlas al servicio de uno de los bandos del conflicto. Los intereses de paramilitares –águilas negras y rastrojos-, de las farc y el resto de actores en conflicto parecen coincidir en la presión para mantener a la población civil entre el miedo y la vulneración de sus derechos. Los cultivos de coca y la producción de cocaína, así como los intereses de las multinacionales en los enclaves petrolíferos de Putumayo, parecen prevalecer sobre la lógica de la preservación de los derechos humanos.

Al final, los habitantes de la frontera no parecen importarle a nadie, pues solamente son indígenas, negros y campesinos pobres.
Notas

1     Ramírez, Socorro (2007). Colombia-Ecuador: ¿Relación en crisis o más compleja? En: Ramírez, Socorro & César Montúfar (ed.). Colombia Ecuador. Cercanos y distantes. Bogotá. IEPRI-Universidad Andina Simón Bolívar, p. 45.
2     Colombia y Ecuador definieron sus límites continentales mediante el tratado Suárez-Muñoz Vernaza el 15 de julio de 1916, y los límites de sus espacios marítimos en 1975.
3      “Los departamentos de Nariño y Putumayo han sido escenario de confrontación permanente entre fuerza pública colombiana, guerrilla y paramilitares. Allí se concentró la ayuda militar de Estados Unidos y las operaciones antinarcóticos inscritas en el Plan Colombia. Se intensificó la contraofensiva de las farc con ataques a infraestructura energética, vial y petrolera, así como a puestos de policía y erradicadores manuales, generando un escalamiento del conflicto. Hay una creciente articulación entre grupos armados irregulares y estructuras del narcotráfico” (Ceballos, 2007: 182, 183).
4      Ramírez, Socorro (Ed.) (2007). Ecuador: Miradas binacionales. Bogotá. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia-IEPRI, p. 301.
5      Entre ellos, llama la atención la situación de algunos que se ubican con los valores más altos de NBI del departamento: Barbacoas (73,55), Córdoba (71,94), Funes (68,68), Santacruz (67,98), Ricaurte (65,755). (PD Nariño 2008-2011: 133).
6      La población indígena se asienta en 67 resguardos, en jurisdicción de 24 municipios. Los pueblos indígenas son los Pastos, Inga, Awá, Eperara-Siapidara. Cofán y Quillacingas.
7      La población afrodescendiente está asentada principalmente en Tumaco, Barbacoas, El Charco, La Tola, Magüí-Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Roberto Payán, Santa Bárbara. También existen importantes asentamientos de comunidades negras en El Rosario, Cumbitara y Policarpa.
8      Gobernación de Nariño (2008). Plan de Desarrollo 2008-2011: Adelante Nariño. San Juan de Pasto, Gobernación de Nariño, p. 8.
9      En total, son 10 etnias: Awá, Coreguaje, Embera, Embera Katío, Inga, Kamëntsa, Kofán, Nasa, Siona y Uitoto (Dane, 2007).
10      “La estrategia ha sido implementada desde 1999, cuando el Estado colombiano, con apoyo del gobierno de Estados Unidos, inició operaciones militares y de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en zonas controladas por la insurgencia, y posteriormente disputadas por grupos paramilitares en un pulso por ganar mayor control sobre el tráfico de narcóticos en la frontera sur. En sus comienzos, esta estrategia incluyó el plan piloto “Empuje al sur del país”, que consistió en la fumigación intensiva de cultivos de uso ilícito y en la militarización con pie de fuerza entrenado por tropas estadounidenses en el departamento del Putumayo en la frontera con Ecuador, donde se concentraba el 50 por ciento del área cultivada con coca en el país” (Ceballos, 2007, en: Ramírez, Socorro & César Montúfar op. cit., p. 176.
11      Departamento de Nariño. op. cit., p. 11.
12     ibíd., p. 105.
13      Fuente: CIC de la Policía Nacional. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. 2007.
14      Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Colombia, Censo de Cultivos de Coca, junio de 2008. Bogotá. UNODC, p. 13.
15      UNODC. op. cit., p. 11.
16      ibíd.,  p. 14.
17      Ruiz, Nubia (2007). El desplazamiento forzado en el interior de Colombia: Caracterización sociodemográfica y pautas de distribución territorial 2000-2004. Tesis doctoral. Programa de doctorado en Demografía. Barcelona. Universidad Autónoma de Barcelona, p. 175.
18      ibíd., Ruiz, p. 175.
19      Defensoría del Pueblo (2008). Resolución Defensorial Nº 53: Situación de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del pueblo indígena Awá del departamento de Nariño. Bogotá, 5 de junio de 2008.
20      Defensoría del Pueblo (2008). Promoción y monitoreo de los Derechos sexuales y reproductivos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado con énfasis en violencias intrafamiliar y sexual. Bogotá. Defensoría del Pueblo.
 

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