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Colombia: Políticas apolilladas

Colombia: Políticas apolilladas

“Otra mañana de colas para reclamar el ganado derecho”. “Otra inmensa cola que poco a poco surcará la distancia entre la calle y la caja donde entregan los pocos pesos de la mesada”. Pensamientos de un jubilado. Con ellos a cuestas, partió de su hogar Luis Alfonso Parra, como lo hacía cada mes, rumbo al banco donde le pagaban la pensión.
 
Esta vez la vida no le alcanzó para cumplir con su propósito. Tras una larga espera, con los ojos ya idos que anunciaban su muerte, Luis, adulto mayor que trabajó toda su vida en una entidad pública, falleció de un paro cardíaco. Ocurrió el pasado 27 de enero en un banco de Bogotá. Su paso lento, el cuerpo encogido, como mirándose a sí mismo luego del gran trajín de la vida, un río de arrugas en su rostro anunciaba la experiencia de años enteros de trabajo, todo en el momento en que la culebra de gente permanecía casi intacta, avanzando a paso lento. Palidecía su rostro con sólo contar lo que le faltaba. ¡Minutos interminables!, fue quizá su último pensamiento.
 
A los 67 años de edad, Luis contaba con el privilegio de la pensión pero no con el beneplácito total del Estado, pues, como es sabido, éste poco se preocupa por la dignidad de los ciudadanos. Otros corren peor ‘suerte’, pues no han tenido en el transcurso de su vida un trabajo estable y, por tanto, derecho a la seguridad social ni pensión para garantizar algo de dignidad al final de su vida. Es como si ser adulto mayor fuera una tragedia que desvela.
 
Todo, pese a que se le debiera dar un trato preferencial a este sector de la población, que no es una petición o llamado a la cultura ciudadana sino que se trata de una ley de la república (Ley 1171 de 2007) la cual, se supone, deben acatar cumplidamente todas las autoridades del Estado.
 
La muerte inesperada dictó el destino de Luis Alfonso, dirían muchos. ¿Mala ‘suerte’ o negligencia de un Estado que no establece acciones para los efectos de la ley?

Sin vejez digna

Pero no todo se puede ocultar con alicientes. Colombia es hoy un país joven con aproximadamente el 60 por ciento de su población entre niños y jóvenes, lo que equivale a decir que la torta puede voltearse en las próximas décadas, sobre todo si se toma en cuenta que la tasa de crecimiento poblacional no supera el 1,5 por ciento. Según el Censo de 2005 los adultos mayores representan el 2.4% del total de la población, es decir, 2´617.240 personas, el 54.6% de ellos mujeres y el 45.4% hombres.

Como Luis Alfonso, son miles los adultos mayores que, obligados por la mera necesidad de reclamar su pensión, hacen interminables colas o tienen que recorrer largos trayectos de la ciudad. Resultan familiares las escenas de personas apeñuscadas en una cola, con la ilusión de ser atendidas, como si estuvieran mendigando su pensión. Se recuerda la imagen ampliamente difundida por los medios de comunicación en la cual se mostraba cómo gran parte de esta población no alcanzaba a reclamar su mensualidad en una entidad de la ciudad de Cali, viéndose obligados a intentarlo el siguiente día o en otro momento, ¡quién sabe!

Leyes sin cauce práctico, así toda ley sea de cumplimiento inmediato. En 2005, el senador Venus Albeiro Silva, en representación del Polo Democrático, presentó el Proyecto de Ley Nº 138, que adquirió forma concreta con la Ley 1171 de 2007, relativa a las tarifas y trato preferencial para adultos mayores, aunque sin llegar a políticas reales que permitan ese trato digno. La situación es patética si se repara en la cotidiana hostilidad que debe enfrenta este sector de la sociedad en cada espacio y rincón de las ciudades que recorren con sus cortos pasos.
 
“Se garantizan formalmente derechos de nacionales y extranjeros residentes a la educación, recreación, salud, y propicia mejoramiento de condiciones de vida en general. Acceso gratuito a museos; 50 por ciento de descuento en boletería para todo tipo de espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos y recreacionales que se celebren en cualquier escenario de la nación o de entidades territoriales, tarifa diferencial en sistemas de transporte público masivo urbano de pasajeros; turismo 50 por ciento. Ventanilla preferencial en entidades públicas, medicamentos a domicilio máximo en 72 horas y cobro de la pensión en cualquier ventanilla de la respectiva entidad financiera, sin limitación de horario”, reza la ley.
 
Aunque en la vida real sucede más bien que preferencial es la puesta en escena de un privilegio selecto que pone sus cimientos en un Estado hueco. En el decir de muchos, los derechos son hoy un servicio transable, al que puede acceder quien tiene el privilegio de pagarlos, beneficiando sólo a los inversores y empresarios del capital financiero global.

Sistema de seguridad enfermo. Michael Moore, en su documental Sicho, relata las omisiones e invenciones a las que acuden las entidades prestadoras de salud en Estados Unidos para evitar sobrecostos por concepto de operaciones costosas e intervenciones de alto riesgo, bajo argumentos triviales que buscan hacerle el quite a su responsabilidad. Colombia practica una dinámica similar que pone en riesgo la vida de las personas: en vez de ayudar, el sistema las aniquila.

Lógico sería que los colombianos, que tanto le han dado al país con su trabajo y la cancelación de sus impuestos, pudieran ser retribuidos en su vejez, accediendo a la tercera edad en condiciones dignas. Pero lógica tampoco es una palabra pertinente para un país sin proyecto de nación.

Más restricciones, menos intervención


Bogotá tiene entre 400 y 500 mil adultos mayores, de los cuales quizá 250 mil están pensionados. ¿Qué suerte corren quienes no gozan de la misma? Incierta parece ser la respuesta. Así lo indicó Julio César Murillo, miembro de la Asociación Red Operativa Social e Institucional para la Persona Mayor, quien indicó: “En Colombia no hay una política en torno a la vejez capaz de permitir una mayor conciencia sobre el trato preferencial y la intervención específica que exige este sector de la población”.

Marginada y excluida. Lo evidencian los pocos lugares que acogen a este sector de la población. Las pocas disposiciones para el traslado de los “adultos mayores” de un lugar a otro y la carente participación de profesionales de la salud en centros geriátricos, tomando en cuenta las dificultades físicas de estos hombres y mujeres: son estos profesionales quienes debieran ir hacia esta población y no a la inversa, como sucede.

La tragedia llega a extremos insoportables, pues los hogares geriátricos son excluidos de los rubros de la nación y se encuentran en condiciones difíciles para llevar a cabo esa labor. El Ministerio de Protección Social cuenta apenas con dos programas de subsidios a personas de la tercera edad, que son suministrados de manera directa e indirecta, y resultan insuficientes para cubrir las necesidades de la totalidad de aquellas personas. De acuerdo con un funcionario de la entidad, sólo hay “425 mil adultos mayores beneficiados con estos subsidios en el país”.

Otro programa gubernamental de condiciones precarias es el “Juan Luis Londoño”, de Bienestar Familiar, encargado de brindar la alimentación de esta población. No pocos adultos mayores ven limitadas sus posibilidades de acceder a este programa. Las personas de la tercera edad que acceden a este subsidio no pueden estar inscritas en los demás. A cuenta gotas se mendigan los recursos justos.

Subsidios condicionados. Los solicitantes deben cumplir requisitos como pertenecer a los estratos 1 y 2, estar inscritos en el promedio de edad de 52 años para las mujeres y 58 para los hombres. Si se cuenta con suerte, el Estado le suministra a la persona mayor entre 40 y 75 mil pesos mensuales. La política está estructurada para adultos mayores en estado de indigencia.

En cambio, los establecimientos encargados de labores con esta población –para el caso de Bogotá- tienen que estar al tanto de las medidas de control y vigilancia promovidas por la Secretaría de Salud. “El gobierno distrital no se da cuenta del estado de marginalidad en el que se encuentra la población adulta. Nunca ha apoyado a los centros geriátricos e imponen unas normatividades absurdas, como el estado de las paredes, olvidando por completo el aspecto humano”, aseveró Murillo.

Se requiere trato especial. Los profesionales de esta área demandan una política pública integral en torno a la vejez, que vincule la creación de un Departamento de Gerontología y Geriátrica en el Distrito; debate y construcción pública de tales políticas por parte de distintas organizaciones comunitarias, sociales, religiosas, universitarias, más allá del Ministerio de Protección Social; capacitación de bachilleres y profesionales en la salud, entre otros.

En Bogotá son insuficientes los geriatras, al igual que en el resto del territorio nacional. No es extraño ver personal no profesional brindando atención a personas de la tercera edad, tanto en recreación como en salud. ¿Qué resultados se puede esperar de esta atención?

Improvisación o falta de políticas integrales. Aspecto que también se refleja, por ejemplo, en lo que paga el Estado por la atención de una sola persona mayor: en casos como el Hogar Bosque Popular, Hogar Bello Horizonte hasta 750 mil pesos. Mientras otros centros no estatales piden un reconocimiento de apenas 350 mil pesos.

Pero la atención al adulto mayor no es solamente cuestión de casa o lugar para dormir. “Más que una enfermera que los cuide, se requiere un trabajo integral que incluya lo psicológico, lo emocional, lo nutricional y de terapia ocupacional”, agregó Murillo, enfatizando las limitaciones de los profesionales en esta área.

Por incumplimiento, demanda contra el Estado

En un país fundamentado en el Estado Social de Derecho, debieran ser letra efectiva las leyes que produce el Legislativo. No parece ser éste el caso colombiano, en que muchas de aquéllas se desconocen y, por lo mismo, se hace omisión de las mismas. El asunto de los adultos mayores es crónico, en detalles como las ventanillas preferenciales, la tarifa diferencial, pero también, y con mayores consecuencias, en la atención en los centros de salud, en la posibilidad de recreación, esparcimiento y goce de una pensión.
 
La población que sufre esta desatención bien pudiera demandar jurídicamente para así evitar que las administraciones distritales, municipales y nacionales se pasen por la faja la obligación de cumplir con las disposiciones que ‘garantizan’ estos mínimos privilegios a quienes los merecen, para que dejen de ser mera expresión en un papel.
 
Como Luis, muchos otros han estado ad portas de la muerte, o incluso sucumbieron por negligencia y desconocimiento de los derechos de unos y otros por parte de las autoridades. El caso más común, tener que suplicar atención médica, falleciendo en el conocido y denunciado “paseo de la muerte”: mendigar atención médica de hospital en hospital, sin encontrar respuesta ni positiva ni inmediata.

Es una cuestión no menor que vive diariamente una gran parte de la sociedad a causa de un sistema que no sólo niega la existencia de los menos favorecidos sino que además hace caso omiso del derecho fundamental a la vida. Múltiples casos que exhortan a la acción.

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