Colombia avanza de una sociedad joven a una anciana. Los datos así lo evidencian, pero no tanto las políticas públicas, aún débiles o inexistentes hacia la garantía de un final feliz para los viejos. La Ley no puede transformar la realidad.
El pasado 18 de junio fue aprobada la Ley 1315, por medio de la cual se establecen los requisitos mínimos de funcionamiento de los Centros geriátricos, gerontológicos y Centros día. La nueva ley fue presentada por la senadora Claudía Rodríguez de Castellanos y el representante a la Cámara Jorge Enrique Rozo. Ley necesaria, toda vez que en Colombia –por excelencia poblada por hombres y mujeres jóvenes– no hay preocupación por la población anciana. Pero una cosa es el deseo y la necesidad, y otra la realidad.
Una problemática en ascenso
En la tradición nacional, la población anciana ha sido atendida por los propios familiares, y en menor medida por personal especializado dedicado a esa función. El Estado poco o nada ha hecho por ese sector de la sociedad. Las religiosas, sobre todo, abrieron casas popularmente conocidas como “ancianatos” desde los años 50 del siglo XX para atender a estas personas. Y desde hace una o dos décadas se ve la apertura de casas geriátricas a cargo de personas con formación especializada. Casas que, siendo particulares, corren por cuenta y riesgo de sus administradores, a pesar de que el servicio que prestan compete al conjunto social.
El desinterés del Estado y del conjunto de la sociedad por esta problemática se debe a que la nuestra es una población por excelencia joven. De los más de 42 millones que la integramos, solamente 3,5 millones tienen 65 o más años, de los cuales 100 mil son desplazados. Sin embargo, la tendencia al envejecimiento es creciente, y se proyecta que para el año 2025 el país contará con 7 millones de ancianos, lo cual demanda definir políticas integrales sobre el particular.
El escaso interés oficial por esta realidad social se aprecia en aspectos elementales, como: desconocimiento, por parte de los funcionarios del Estado, de la problemática de la vejez y su atención; pocos o nulos programas de capacitación creados para la formación o cualificación de estos funcionarios –lo que dificulta la labor de supervisión de los centros, quedándoles como argumento el autoritarismo y la imposición–; inexistencia de un departamento –para el caso de Bogotá– de gerontología y geriatría de alto nivel en la Secretaría de Salud, que se apersone de esta realidad; inexistencia de gimnasios especialmente construidos para esta población, como de centros de salud con igual destinación, así como salas de musicoterapia, cineterapia y de rehabilitación en gerontología; pero tampoco se cuenta con médicos preparados para atender, con sentido ético y humano, este sector de la población.
Ante esta realidad, quienes se han preocupado por prestar el servicio de atención para personas ancianas lo hacen por cuenta y riesgo propios, desde sus pequeños o grandes recursos económicos, alquilando casas que no fueron construidas para ser habitadas por personas con limitaciones o impedimentos físicos. En muchos casos, son personas dedicadas a esta labor con sentido social y ético, lo cual está potenciado por su formación profesional.
Así han construido y mantenido los centros gerontológicos y geriátricos. Pero, como sus administradores afirman, nunca han recibido ni una invitación estatal para construir una política para el sector ni un ofrecimiento para préstamos favorables con los cuales construir casas con todas las especificaciones y comodidades que requieren quienes, en muchos casos, son llevados allí para que pasen sus últimas semanas o meses de vida. Ofreciendo en muchos casos, una atención con mensualidades que no superan los 400 mil pesos, cuando igual servicio en el Centro de Bienestar El Bosque Popular en Bogotá, que es del Estado, manejado por la Secretaría Distrital de Integración Social, le vale a la sociedad 900 mil pesos por persona-mes.
Es por ello que la ley de reciente aprobación, a pesar de necesaria, está descontextualizada y no parte de la realidad. Sus exigencias son desproporcionadas, por ejemplo, al establecer que “no podrán ingresar a los centros de protección social y centros día aquellas personas que presenten alteraciones agudas o de gravedad, que requieran asistencia médica continua o permanente”. Pero también al definir que “los centros de atención a la persona mayor no deben tener barreras arquitectónicas. Las escaleras no podrán ser tipo caracol o tener peldaños en abanico; en el caso de pacientes postrados, adaptar un lavamanos y colocar una cama hospitalaria en su cuarto”.
Digamos que este debiera ser el ideal, pero la realidad, como ya dijimos, es que estos centros y estas casas se han levantado ante la indolencia del Estado, por la población anciana, trabajando en muchos casos con bajas tarifas, lo cual hace casi imposible que se cubran con el rigor necesario los requerimientos que plantea la nueva Ley, como: “El centro debe tener personas encargadas de nutrición, terapia ocupacional, profesor de educación física, psicólogo, para el mantenimiento de las funciones biopsicosociales de la persona mayor”.
Concertación
Ante esta realidad, sin garantizar una transición de varios años para poder aplicar la nueva ley, sin mesas de concertación para construir una política pública para el sector, sin líneas financieras abiertas para el mismo, lo que vendrá en el corto plazo, si se aplica, será el cierre de más de 600 hogares fundados y en funcionamiento para atender personas mayores; el abandono en la calle de más de 6.000 personas mayores que en la actualidad son atendidas por estos hogares, así como el incremento del desempleo, al llegar a tal nivel 4.000 trabajadores que hoy prestan sus servicios en estos hogares. Miles de familias tendrán que recibir a los suyos, y algunos podrán acudir a otros sitios para que los atiendan, pero muchos, por la tarifas, no podrán llegar a un acuerdo para que se atienda a su ser querido.
Queda, por tanto, reconstruir la ley, desde la inclusión y la realidad.
Leave a Reply