El dinero líquido a precios corrientes, que de 1997 a 2007 le prestaron los bancos al municipio de Tunja, asciende a 26.964 millones de pesos, incluyendo el empréstito de Benigno Hernán. Por el servicio, el Municipio debe pagar en intereses la suma de 30.809 millones de pesos. Resulta preocupante que, salvo las cuestionadas inversiones de Benigno, los demás créditos se hicieron para pagarle vencimientos de obligaciones; es decir, para asegurar refinanciaciones de deuda, que se hicieron sacrificando a los contribuyentes y el desarrollo mismo de la ciudad.
El actual empréstito para endeudar a Tunja en 3.5000 millones de pesos, cuya discusión ya pasó a primer debate de comisión con la aprobación de los concejales de la comisión que representan sus respectivas bancadas –exceptuando mi voto negativo–, le da luz verde a un endeudamiento por 10 años, obligándose la capital boyacense a pagar 19.000 millones de pesos en intereses y quedando la ciudad con una deuda total de 45.000 millones de pesos, en los límites de la sostenibilidad financiera del ente territorial, según la Ley 358 de 1997. El negocio de las entidades financieras y la irresponsabilidad de los alcaldes ha consistido en mantener saldos de deuda altos, en promedio 15.370 millones, a precios de julio de 2009, lo cual explica el sacrificio que se ha tenido que hacer en el pago de intereses.
Frente a la justificación del actual endeudamiento, varias son las preocupaciones por los hechos que rodean la mala ejecución de los recursos que al momento ha contratado la actual administración, con la declaratoria de “desiertas” de todas sus licitaciones, malversación y hechos de corrupción, una baja ejecución de los recursos propios de libre destinación y una carencia absoluta de estudios técnicos que sustenten las obras por contratar con tal empréstito. No hay una valoración real de los costos que demanden la construcción de la megavía, los megaparques, la recuperación de espacios públicos, ni se han adquirido los predios; tampoco se tienen estadísticas ciertas sobre su impacto social y, lo que es más grave, no se atienden recomendaciones técnicas como los estudios de movilidad que adelanta la Universidad Nacional.
El capítulo se repite en peores condiciones que las de lo sucedido con el empréstito de Benigno, que hoy investigan los órganos de control. Para repetir los desaciertos, los defensores de la iniciativa en el Concejo son concejales como Fabio Martínez, que no se toman la molestia de evitar los errores cometidos recientemente.
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