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Tras el bloqueo a la reforma constitucional del agua como bien público y común. El país se inunda

El invierno hace agua las políticas de desarrollo impulsadas desde el alto gobierno. El Congreso de la República, que negó el Referendo por el Derecho al Agua como bien público, está ante la posibilidad de corregir su gestión a favor de las minorías. Hay que continuar el esfuerzo por hacer de las propuestas de referendo un debate nacional y un horizonte de lucha social hacia la transformación profunda del modelo de desarrollo que hace del agua una amenaza, antes que un principio de vida.

La crítica situación nacional producida por las inundaciones de pueblos enteros y de tierras productivas en todo el país acrecienta el absurdo de la negativa del pasado Congreso Nacional a las propuestas del referendo de agua, avaladas por más de dos millones de firmas de ciudadanos dispuestos a votar por una nueva plataforma constitucional que le diera piso a una política integral del agua en el país, para evitar a largo plazo que millones de colombianos sigan sin acceder al agua potable, que millares de niños se sigan enfermando o muriendo por ello, o que decenas de municipios permanezcan anegados gran parte del año, antes de dar paso a las trágicas sequías.

Esa postura de la clase política no permitió llevar a debate un modelo de uso del agua todavía basado en la desecación de humedales, en destrucción de páramos, la devastación de bosques andinos y la extensión de potreros en los cuales la ganadería extensiva pisotea riberas y extiende latifundios, como forma de ampliar grandes propiedades rurales sin importar que ello conduzca a inundaciones de ciudades enteras. Ni dejó avanzar el debate nacional sobre la otra cara de ese modelo: el uso de ríos y humedales como botaderos de basura y de aguas servidas, que, además de destruir la vida misma, dificultan el ciclo del agua, ya enfrentado de hecho a los efectos globales del cambio climático.

Pero lo más grave es que esas mismas mayorías parlamentarias se aprestan ahora a incrementar esos problemas a través de su apoyo incondicional a un nuevo plan de desarrollo basado en propuestas que suponen un uso o afectación intensiva del agua por parte de las políticas forestales, agroindustriales, petrolera y minera, que ahora intensifican la demanda de agua como insumo, generalmente gratuito y a costa del derecho fundamental al acceso al agua potable.

En efecto, la gran minería, sustentada como fuente de recursos para resolver la crisis fiscal, de no mediar una fuerte y amplia movilización social y política que la rechace, se expandirá y continuará la destrucción de cuencas enteras; y la política de los planes departamentales de agua, predominantemente urbanos, imponen ordenamientos territoriales que tienden a descomponer lo que queda del campo y profundizan la inviabilidad financiera de los municipios, que, no pudiendo cumplir con las imposiciones financieras de tales programas, probablemente tendrían que aportar el agua misma en sus fuentes en los mercados crecientes del recurso.

Al lado de ello, los gobiernos locales avanzan en los procesos de concesionamiento y gestorización privada del agua potable mediante esquemas de prestación especulativos en contra de los municipios y los usuarios de los estratos 1, 2, 3 y 4 en la forma como acaba de suceder en Acuavalle, los contratos de Empresas Públicas Municipales de Cali y la continuidad de los contratos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Como se ve, el agua es un elemento esencial para la vida, pero a la vez un hilo conductor de los problemas y los conflictos nacionales, y un principio básico para recuperar la dimensión de los bienes comunes y públicos, y uno de los temas alrededor de los cuales se pudiera reconstituir un básico pacto social en torno a la sustentabilidad y la justicia social auténticas. El agua misma convoca a la reflexión y la movilización nacional; y el movimiento del agua continúa. 2011 será un año decisivo para ésta, la lucha de todos y de todas.


Recuadro

La Declaración final de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, realizada en Cochabamba en abril pasado y a la cual nos adherimos (*), es clara en advertir sobre las consecuencias de la expoliación de la naturaleza y sus efectos en el cambio climático, el aumento de la pobreza, la transnacionalización de la gestión del agua, la privatización de fuentes hídricas, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono por los países desarrollados, y llama a desarrollar referendos en las ciudades de todo el mundo para protestar y denunciar las acciones y las conductas que llevan al desastre contra el ser humano, la flora, la fauna y la existencia misma del planeta Tierra, y convoca a forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos.

* http://www.censat.org/noticias/2010/4/23/Declaracion-final-de-la-Conferencia-Mundial-de-los-Pueblos-sobre-el-Cambio-Climatico-y-los-Derechos-de-la-Madre-Tierra/.

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