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8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Sentido del pasado con implicaciones presentes

La lucha de la mujer por su emancipación social y económica ha tropezado siempre con el muro de la costumbre y el atraso ideológico. En los albores del siglo XXI, por fortuna, se vislumbran con más claridad los logros efectivos de la igualdad sexual. La legislación avanza, aunque muchas veces en contra del papel que sectores retardatarios ejercen desde posiciones importantes dentro de la estructura del Estado.

Con asombro asistimos al marchitamiento del sentido del 8 de marzo. Cada año, con mayor intensidad desde hace una década, el comercio menoscaba el sentido de esta efeméride, transformándola en motivo de ventas, otro motor para duplicar la eficacia del comercio.

La preocupación y el dolor que nos asiste no son casuales. En pocos espacios masivos se insiste en volver al sentido histórico de esta fecha y, además, en contextualizar la intensa lucha que llevaron a cabo las mujeres para dejar de ser consideradas inferiores a los hombres, para no ser asumidas como objetos, para dejar de ser parte del mobiliario de las casas, para que su exclusión quedara a un lado, para tener iguales derecho en el trabajo, para poder estudiar, etcétera.

Hay que recordar que la gesta femenina fue una de las más significativas en el curso del siglo XX, gesta que, insertada en la revolución cultural de 1968, aún hace sentir sus efectos sobre el conjunto social.

Resistencia obrera

Pero más allá de los almacenes, ropa, cosméticos, fiestas y todo aquello que alienta el comercio; más allá de lo que quieren imponer como el ‘mes de la mujer’, el 8 de marzo se inmortalizó porque en 1908, en la fábrica Cotton de Nueva York, sus 129 obreras hicieron un paro laboral para exigir el reconocimiento de algunas prestaciones sociales, como horario de 10 horas y salario igual al devengado por los hombres. La respuesta de la patronal, intransigente como siempre, llegó al extremo: puso fuego a la fábrica y todas las trabajadoras murieron incineradas ese 8 de marzo.

Dos años después, en 1910, en un congreso socialista en Copenhague, Clara Zetkin propuso la institucionalización mundial del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Este fue el crimen puntual. Pero, más allá de lo horroroso de este suceso, las mujeres vivían sometidas a la opresión, la exclusión y el abuso, y contra esa realidad se batían con todas sus fuerzas. La constancia, la movilización, los triunfos de los partidos de izquierda en importantes regiones europeas y asiáticas, a través de revoluciones o de comicios electorales –y la comprensión de los capitalistas de la nueva situación que los cercaba– hicieron posible que la mujer fuera reconocida como ser de derechos, con iguales capacidades y posibilidades que los varones.

Esa historia tiene sus particularidades para el caso de Colombia: en el caso de la Constitución de 1886, hay que recordar que para este momento de nuestra historia nacional aún pesaba la legislación heredada de la Colonia, por lo cual la mujer simplemente “no existía”. En esta Constitución, al precisar quiénes eran los habitantes del país, se decía en su artículo 15: “Son ciudadanos los colombianos varones mayores de 21 años que ejerzan profesión, arte y oficio, o tengan ocupación lícita y otro medio legítimo y conocido de subsistencia”.

En estas circunstancias de negación de los derechos y capacidades de la mujer, se llegaba a situaciones inauditas, como la de perder su nacionalidad al casarse con un extranjero, donde el matrimonio nacionalizara a la mujer. Esta situación solamente vino a revertirse con una reforma constitucional en 1936.

Pero había más normatividades que afectaban a la mujer, como la del adulterio, que, según el artículo 172 de la Ley 95 de 1890, solamente recaía sobre ella. Apenas con la reforma constitucional de 1936 se pone fin a este exabrupto. Como anécdota, hay que traer a la memoria que en las luchas que se escenificaban durante el siglo XIX en las provincias de la actual Colombia, en la de Vélez, hacia 1853, se autorizó el sufragio para la mujer, derecho que nunca se concretó, pues, apenas siete años después y sin que se hubiese ejercido, la norma fue derogada.

Lucha de las trabajadoras

–14 de febrero de 1920. Primera huelga obrera, realizada en la empresa Fabricato, dirigida y negociada por la obrera Betsabé Espinosa. Fue ella quien firmó la negociación con un aumento del 40 por ciento de los salarios y un acuerdo de 9 horas y 50 minutos de jornada laboral, el suministro de alpargatas y la cesación del acoso sexual por parte de sus jefes.

–18 de mayo de 1927. Cerca de 14.000 mujeres indígenas, procedentes de ocho departamentos, firman el manifiesto “Los Derechos de la Mujer Indígena”, que en uno de sus apartes decía: “Hoy tenemos el coraje, nosotras, las indias colombianas, que firmamos este documento, y unidas como una bandada de águilas furiosas, lucharemos nosotras mismas por la recuperación de nuestros derechos. Así debiera ser para todas las mujeres de la clase baja del campo, casadas o no, todas perseguidas por el hombre de la civilización. Pero sus leyes no serán cumplidas, porque si los hombres indios, que mucho antes de la Conquista, eran dueños de nuestra tierra, no se levantan en contra del orden ilegal e injusto, entonces nosotras las mujeres nos prepararemos y unidas gritaremos ¡No! ¡No!”*.

Es conocido el importante papel desempeñado por María Cano en la organización de fuerzas políticas independientes de las oligarcas, en la agitación y la movilización de poblaciones enteras, en la confrontación con las posiciones políticas seguidistas. Sus enseñanzas persisten hasta hoy.

Los logros de la mujer se tomaron en el siglo XX, y en Colombia se hicieron sentir en el Derecho:

–1931. Aprobada la ley sobre Régimen de capitulaciones matrimoniales, presentada por iniciativa de Georgina Fletchter y un grupo de mujeres, con la cual se acepta que la mujer administre sus bienes y no su marido, hermano, padre o tutor.
–1932. La iniciativa del Régimen de capitulaciones matrimoniales se aprobó como la Ley 28 de ese año. Las mujeres, que se habían movilizado durante tanto tiempo hasta conquistar este derecho, iniciaron una segunda lucha: el derecho por la educación y la cultura. Ganaron una nueva meta con la expedición del Decreto 1972 de 1933, que permitía el ingreso de las mujeres a la secundaria y la universidad, a la que llegan en 1937. Se modifican las instituciones de formación para mujeres, que sólo podían acceder a la condición de normalistas o maestras, y pueden aspirar a ser bachilleres. Con la apertura de las puertas universitarias, ingresan las primeras mujeres a la formación profesional, con todas las consecuencias que esto supone.
–1932. Con la Ley 28 de noviembre 12 se autoriza el régimen patrimonial en el matrimonio, con el cual la mujer puede administrar y disponer de los bienes que posea en el momento de contraer matrimonio. La norma es fundamental pues así adquiere capacidad civil.
–1936. Reforma constitucional por medio de la cual se acepta el acceso de mujeres a ocupar cargos públicos (aunque ellos lleven anexa autoridad), con implicaciones de autoridad y jurisdicción.

Desde entonces –pero con antecedentes en luchas desarrolladas muchos años antes–, las mujeres se movilizan por el derecho al voto, lucha que solamente se concreta el 25 de agosto de 1954, cuando se aprueba por la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, instalada por la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, el texto del Acto Legislativo número 3, que decía en su artículo 1º: “Queda modificado el artículo 171 de la Constitución en cuanto restringe el sufragio a los varones”. Pero la aplicación de esta conquista se hará efectiva apenas con el plebiscito del 1º de diciembre de 1957, convocado para aprobar que los partidos se alternaran en el ejercicio del poder, cuando se establece lo que se conoció como Frente Civil, posteriormente Frente Nacional, resultado de conversaciones en España entre el liberalismo y el conservatismo.

Con las luchas en curso en el mundo, con revoluciones que destronan monarquías y gobiernos sumisos por doquier, las conquistas continúan. Se reconocen igualdades en otros planos.

–1966. La Ley 73 de este año impone que a la mujer se le pague un salario igual al del hombre, por igual jornada, condiciones de eficacia e igual trabajo. Como se sabe, aún en 2011 la norma no siempre se cumple.
–1968. La Ley 75 le reconoce a la mujer la facultad de ejercer la “patria potestad” sobre los hijos legítimos, “cuando por causa legal falte el padre”.
–1970. Con la promulgación del Decreto 1260, se suprime la obligación que tenía la mujer de llevar el apellido del marido, aunque en la práctica muchas casadas siguen usándolo con el “de”, resultado de la costumbre, variable según el estrato social correspondiente.
–1974. Con el Decreto 2810 se establece la “igualdad jurídica de los sexos”. Y con el Decreto 2820 del mismo año se elimina la potestad marital, es decir, los derechos que el marido tenía sobre su esposa. De esta manera se consagra la igualdad entre los cónyuges, la igualdad de derechos y obligaciones del padre y la madre sobre los hijos, la dirección conjunta del hogar. Es decir, se le da un revolcón total a la estructura familiar. Sin duda, los vientos del mundo soplaban en Colombia.

Ahí no terminó la lucha de la mujer. El esfuerzo continuó y continúa por hacer efectivo el derecho a la interrupción del embarazo, y por hacer realidad la igualdad que la ley proclama. Hoy existe una amplia legislación internacional que ordena abrir todos los espacios, en todos los niveles, para las mujeres. Esta es la normatividad, pero la realidad, la economía que le da soporte, y que la trata de manera diferente que a los varones, traza un camino lleno de obstáculos. A igual trabajo realizado, por ejemplo, la remuneración sigue siendo 7 por ciento más baja y el desempleo mayor, en parte por la discriminación derivada de los derechos a la maternidad. Sin embargo, de cada tres mujeres, una es cabeza de hogar, circunstancia que paradójicamente hace a muchas mujeres más vulnerables a las condiciones de explotación, dando lugar a la llamada “feminización de la pobreza”. El problema de la violencia intrafamiliar contra la mujer continúa, y al año se conocen oficialmente cerca de 10 mil casos de agresión, aunque se estima que cerca del 73 por ciento de los hechos quedan sin denunciar. Las labores del hogar siguen en proporción significativa en la espalda de las mujeres, y todavía no se les concede la condición de trabajo remunerable.

Lo anterior es tan solo una pequeña muestra de que la aplicación efectiva de muchos de los derechos consagrados legalmente a favor de la mujer carece de vigencia –de nuevo hay que decirlo– por razones culturales muy arraigadas. Sin embargo, es claro que las mujeres no cejarán en su empeño de alcanzar una sociedad realmente justa y que no habrá violencia que las detenga.

*Vitale, Luis. Historia de la mujer latinoamericana, Editorial Tuerca, Cali, 1978, p. 24.

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