Cauto o diplomático, el señor Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, de paso por el país, se pronunció en distintos escenarios sobre asuntos locales. Con palabras escritas por otros y dichas por él con algunos énfasis. Más allá de las formalidades de la Ley de Tierras, llamó la atención su ‘denuncia’ de la desigualdad notoria en Colombia. Tal desigualdad, que ratificó a medias, es de un 35 por ciento de colombianos en la pobreza y un 15 en la indigencia, en suma, ¡la mitad de la población colombiana!
Las cifras que le pasaron al diplomático mundial, de por sí ya escandalosas, riñen con las publicadas por el estatal Departamento de Estadística (Dane), que para 2009 indicaron que el 45,5 por ciento de la población –unos 19,8 millones de habitantes– se encontraba en situación de pobreza, mientras el 16,4 por ciento –7,1 millones– estaba en “pobreza extrema” o “indigencia”. Sin duda, en poco más de un año ni la realidad ni las cifras habrán cambiado de manera sustancial, mucho menos en medio de la crisis mundial que afecta al sistema dominante. Una población como la colombiana, que, pese a la abundancia existente en el país, vive sumida en la pobreza, el desempleo, el hambre, las penurias y la angustia del día a día. Un drama que así lo había ratificado, de alguna manera, otro funcionario nacional.
En ese caso, el director de Planeación, Hernando José Gómez, quien el pasado 20 de mayo aseguró que en el país “cerca de cinco millones de personas subsisten con menos de 200.000 pesos mensuales […] [gente que] básicamente está sobreviviendo”.
Como se sabe, la producción nacional creció en los últimos años a un ritmo cercano al 4 por ciento. Pero la riqueza generada no se redistribuye, como lo certifican también las estadísticas, sino que va a parar a unos pocos bolsillos: los de los dueños del sector financiero (10 billones de pesos al año), los empresarios del campo y la industria, los grandes contratistas y, cómo no, los adeptos al gobierno de turno.
Es así como se conoce que mientras un trabajador de salario mínimo no gana más que $ 535.600, el gerente de una gran empresa nacional puede recibir un cheque mensual por no menos de 50 millones de pesos, o incluso más, como se especula respecto al gerente de Saludcoop, con sus 100 millones mensuales. A la vez, los políticos con curul en el Congreso no se quedan muy atrás.
Con sus más de 20 millones recibidos por mes, apañan además las arandelas de los contratos a través de terceros, y su clientela en diferentes puestos de las oficinas nacionales, departamentales y municipales.
Así las cosas, el problema no es tanto la pobreza sino la riqueza –anexa al poder dominante–, la misma que hay que redistribuir para ponerle coto a la desigualdad, y de este modo acabar con la pobreza y todos los problemas que deriva. Sin duda, para alcanzar este ideal humano hace falta, se necesita, un nuevo poder con naturaleza distinta del que está vigente desde hace dos siglos.
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