Otro más. Colombia, entra en período electoral. El país ingresa en una coyuntura política institucional y sus característicos factores de elecciones que siempre y todavía miran con desprecio y abstención amplios sectores sociales: los excluidos del sistema y por el sistema, que ven en todo tipo de políticos a “los mismos con las mismas”. En todo caso, la experiencia de 2011 y sus resultados tiene importantes particularidades que no pasan inadvertidas. Por supuesto.
En esta ocasión, con mucha anterioridad al tiempo que de ordinario tiene una coyuntura como la referida, arrancó el forcejeo en la clase dominante por el control del poder político local y regional, impregnando con marca indeleble la vida nacional en el transcurso de varios meses. Las persistentes denuncias de corrupción que afectan a varios alfiles del gobierno Uribe, y que lo rondan a él y su familia, son el signo más notable de la disputa.
No pasa una semana sin que algún personaje uribista resulte inculpado, y, por su conducto y de manera indirecta, el otrora intocable jefe de gobierno. Cada ataque lo debilita. Pero, más allá de las personas, se subraya –contradicción interburguesa (en la altura de las élites) aún no en temperatura de ebullición– el ataque a los poderes reales que acumularon el ex presidente y sus aliados: bien su dominio dentro de las contrataciones regionales que desangraron las tesorerías públicas, bien su control rural, bien su poder en una u otra región; bien al interior de los ministerios, las instituciones y las Fuerzas Armadas mismas –con investigación de compras, gastos para reparaciones y requisitos. Son las denuncias y los papeles hasta ahora. Una forma de reacomodo del régimen. Indiscutiblemente, un golpe para Uribe y sus tentáculos:
– Por una parte, el chorro de recursos que antes fluía sin límite requiere ahora más precauciones y acuerdos de complicidad e impunidad. El resultado de octubre, la correlación que conserve el uribismo, determinará su tamaño.
– Por otra, mengua la favorable opinión pública que acumuló en uno de sus factores con base en el motor paramilitar, y quiebra la tan cuidadosa imagen de impoluto que Uribe construyó.
La contradicción en las alturas del poder responde a la decisión del uribismo de batirse por el poder local y regional con miras a retomar la Casa de Nariño en 2014. Pero también a la extendida fortaleza que fundió durante ocho años de gobierno, en los cuales el poder omnímodo derivó en una cualidad del príncipe. Pero ningún poder nuevo o en ascenso soporta una sombra por doquier. Así sea por twitter.
Sin duda, para un sector, hay que lavar sus manos y limpiar escrituras de vínculos con violaciones de los derechos huamnos y crímenes de lesa humanidad, así como con negocios no legales. Está en curso un deslinde dentro de los sectores en el poder –antes un solo cuerpo, ahora ex aliados–, de ruptura con incómodos copartidarios. El mensaje es claro: los uribistas, sobre todo su cabeza, fueron socios útiles para épocas de abierta y extendida guerra sucia, para épocas de ‘trabajos’ incómodos (masacres, operaciones encubiertas, desplazamiento, control armado), pero incómodos ahora, cuando, según quienes habitan la Casa de Nariño, se viven “las primeras señales del posconflicto”.
El resultado final de uno y otro el próximo 30 de octubre marcará el color de la disputa –y del avance de la justicia o la impunidad– para los próximos años. Las alianzas que se establecen, en especial en cada capital de departamento, son determinantes para el resultado que persigue cada fracción más o menos terrateniente y agroindustrial. Y de ese reacomodo brotará o se remozará un ‘nuevo’ instrumento político para otro aliento de statu quo y ‘bipartidismo’ con capacidad de disputa, atracción y cooptación de sectores independientes: saldrá fundido el ‘nuevo’ partido liberal, -Santos, Vargas Lleras, Pardo Rueda, Samper, César Gaviria, en una misma foto- así como el cuerpo del partido conservador, con fuerte erosión hacia el uribismo.
Tendremos, por tanto, para 2014, unos partidos tradicionales reconfigurados, con discursos aparentes, unos con simulación de modernismo y representación más ‘moderada’ de la derecha. Y otro, excluido de la nueva componenda, cargando un discurso guerrerista, defensor de privilegios, aullando por lo que tuvo y ahora le niegan, defendiendo sin tapujos el uso “sin límites” del poder y de la guerra.
Está por verse si en sus disputas, fieles a la tradición nacional, alcanzan niveles de beligerancia en la confrontación. Nada se puede asegurar ni negar al respecto. Todo depende de la manera como alguno apriete, y del desespero de quienes, ante una nueva situación nacional y en el continente –sin apoyo republicano en la Casa Blanca, por ahora–, van a sentir que el aire se les agota. De esta manera, una coyuntura electoral tradicional se configura como período político de gran significación y consecuencias.
Los sectores populares
Mientras en el poder el desempeño en la contradicción es casi a fondo, en los sectores populares la disputa moral, ideológica y orgánica que afecta al Polo Democrático Alternativo (PDA) limita e impide aprovechar el “cuarto de hora que sobrevino” para beneficio colectivo. En medio de este momentito, que lo ubica en la cuerda floja de la continuidad o su autodestrucción, el PDA trata de sobreaguar en varias ciudades. Lo azota el riesgo innegable de quedar borrado en Bogotá. En la capital, principal y más importante punto de apoyo, en toda campaña por la democracia representativa en Colombia.
Sin duda, los errores en sus alianzas, la incapacidad para romper el modelo de ciudad heredado, el desinterés por enraizar en la periferia de la urbe, y la falta de control político con sus funcionarios públicos, pasan su factura. Y no es menor el riesgo en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y otras, donde nunca logró poder alguno y ahora su militancia se divide o ve disminuida su vitalidad. Por sus lados, el PDA pierde fuerza, pero otros partidos en plan de alzar vuelo no alcanzan ni cuerpo propio. Es el caso de los verdes.
Integrado en parte por otrora liderazgos populares, que en su afán por alcanzar cuotas institucionales pierden la perspectiva de enraizarse en las realidades sociales y comunales, reduciendo su esfuerzo a una simple estrategia electoral. Atraídos por los acuerdos con inercia oligárquica de las cúpulas clientelares de ‘unidad nacional’ santista, pierden el sentido de la política sincera y cierran así su posible proyección histórica. Al margen, en otro ejercicio electoral y de opinión, el imberbe Progresismo que lidera Gustavo Petro puede hacerse a la administración de la ciudad, debiendo encarar tal reto sin un soporte orgánico, colectivo, con profundo tejido social, que le impida cometer los errores que ahora le cobra la ciudadanía al Polo.
Es en este cuadro de contradicción interburguesa, de dispersión social y popular, de quiebre del referente PDA y de coyuntural ascenso de mecánica electoral de un nuevo Progresismo, y cuando las revueltas en curso o por definirse en variedad de países por todo el mundo sustentan parte de su energía en una búsqueda de democracia real, es en este cuadro, repetimos, que el tejido de participación ciudadana, real y no sólo electoral, será el punto de quiebre que le permita a nuestra sociedad encontrar otro espacio de participación y de acción. Una fuerza y territorios desde los cuales confrontar y romper el poder tradicional.
Y de este modo, alcanzar una participación abierta, que pueda ventilar ideas, fundidas en las historias y las memorias de los sectores populares, y proyectadas en las nuevas configuraciones que teje la sociedad del siglo XXI en su desafío por dar cuenta, ¡cómo no!, del modelo económico y social en crisis sistémica.
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