Sin el compromiso de las petroleras, es falso el diálogo social

El nombre de Puerto Gaitán gana resonancia en el país. Ahora se sabe que, además de ser un municipio del departamento del Meta, es una zona donde se extrae petróleo; y que los trabajadores que llevan a cabo tal trabajo sufren la violación de sus derechos laborales; pero además, que quienes habitan el municipio sobrellevan una vida cargada de inmensas penurias.

Esta realidad empezó a divulgarse desde comienzos de julio pasado, cuando los trabajadores de Montajes J.M. –contratista de Cepcolsa–, demandaron respeto a sus derechos. Las denuncias ganaron eco con la protesta de los trabajadores en Campo Rubiales durante los días 18 y 19 del mismo mes. Precisamente allí, cuando se entabló una negociación para levantar la protesta (en la cual medió la USO), se acordó para el 3 de agosto la realización de una Mesa de Diálogo Social en Puerto Gaitán.

Pese al acuerdo, la inconformidad siguió creciendo y el 27 de julio los trabajadores de la estación Corocora, de la empresa Morelco-Schrader Camargo, contratista de Oleoductos de los Llanos (O.D.L.E.), entraron en asamblea permanente. Para cumplir lo establecido entre las partes en litigio, el 3 de agosto a las 9 de la mañana, en la Catedral María Madre, del municipio, se instaló la Mesa, integrada por representantes de varios sectores sociales del casco urbano, por representantes de las comunidades indígenas, con Rodolfo Vecino como presidente de la USO (Unión Sindical Obrera); Tarcisio Mora, presidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), el vicepresidente Angelino Garzón con su comitiva, el Alcalde, el Gobernador, representantes de algunas embajadas, y autoridades religiosas, militares y de policía.

24 actas incumplidas

Al instalar la Mesa de Diálogo, el Vicepresidente de la República llamó a un frente común para que la riqueza petrolera beneficie a todas las partes. Angelino Garzón recordó que las empresas tienen todas las garantías, pero que los trabajadores tienen derechos. Por su parte, el gobernador del Meta, Darío Vásquez Sánchez, recordó que en diálogos con las petroleras en Puerto Gaitán se han levantado 24 actas que no trascienden y que la problemática departamental es explosiva. Resaltó, entre los asuntos que afectan al municipio, que allí hay personas que saben cocinar y manejar pero que no son tenidas en cuenta por las empresas petroleras, que traen de otros departamentos a tales operarios, situación que, según el gobernante, no se justifica. Criticó también el funcionario el tipo de contratación laboral de las empresas y reiteró la necesidad de una política justa de empleo.

El incumplimiento de las petroleras sigue siendo evidente, pues no hay presencia oficial en esta cita. Extraoficialmente, estuvieron dentro del público Federico Restrepo, vicepresidente de Pacific Rubiales, y Alejandro Jiménez Ramírez, gerente de Responsabilidad Social de la misma, entre otros. Las empresas enviaron como representante a Alejandro Martínez, quien dijo que aquéllas cumplen con las regalías pero no pueden responder por el uso que los políticos hagan de éstas. Su declaración propició la reacción del Gobernador, quien sentenció que no permitirá que se digan imprecisiones.
Es de resaltar que el representante del gremio petrolero nunca tocó el tema laboral, origen del conflicto que propició la instalación de la Mesa de Trabajo, pero dejó clara su posición antisindical al decir que no aceptan que alguien represente a las comunidades. El personero municipal dijo, con respecto a la intervención del representante gremial, que había quedado desinflado.

Más tensiones

En la cita del 3 de agosto se expresaron los diferentes puntos de vista que se expresaron en la convocatoria, pero además fueron contundentes los reiterados incumplimientos, y la tensión es creciente. Para los dirigentes de la USO, la reunión se inició con la noticia de que ellos a última hora habían sido sacados de la Mesa oficial. La tensión principal había sido evidenciada por el Vicepresidente, cuando al empezar el acto habló de los derechos de unos y otros.

Las intervenciones de los representantes de los trabajadores se hicieron con el beneplácito del Vicepresidente, pese a que los coordinadores de la Mesa no querían escuchar a la USO. Los dirigentes de los trabajadores hicieron énfasis en el problema laboral, y propusieron que el artículo 472 del Código Sustantivo del Trabajo se tenga como referente. Recordaron, además, su papel en este proceso, así como el de la patronal. Y denunciaron la pretensión de algunos sectores de hacerlos responsables por lo sucedido en las protestas.

Diferentes propuestas en espera

Los representantes de la comunidad, que desde días anteriores debatían su problemática en ocho mesas (social, laboral, bienes y servicios, indígenas, vivienda, medio ambiente, derechos humanos y vías), presentaron sus diagnósticos y sus propuestas (ver recuadros).

La cita de los primeros días de agosto concluyó con la propuesta gubernamental de crear un escenario para desarrollar el diálogo, encabezado por Mauricio Santamaría, ministro de la Protección Social, las petroleras, las empresas operadoras y contratistas, los sindicatos petroleros y las centrales sindicales. La propuesta es que Francisco Lloreda lidere lo relacionado con la política de responsabilidad social en Puerto Gaitán, teniendo en cuenta a las comunidades campesinas e indígenas, y que en un plazo de 15 días se haga la primera reunión; que la Alcaldía y la Gobernación hagan lo que les corresponde, y que, junto con el gobierno nacional, se revisen los documentos presentados por las ocho mesas de trabajo.

Lo de siempre

Pese a lo dicho en la Mesa de Trabajo, dos días después de la misma, el 5 de agosto, un grupo de trabajadores de la USO, acompañado por Rhett Doumitt, representante de AFL-CIO, la mayor central de trabajadores de Estados Unidos, tomaron la ruta a Campo Rubiales para entregarles a los trabajadores el informe de los últimos acontecimientos, pero en el kilómetro 100 la empresa obstruyó el paso con una retroexcavadora, apoyándose en su seguridad privada y en el ejército nacional. Vale la pena recordar que el 3 de agosto, cuando una caravana de solidaridad con las mesas de diálogo se desplazaba de Bogotá a Puerto Gaitán, aquélla fue detenida por el ejército durante una hora, sin causa justificada.

Trabajadores y comunidad ganan en consciencia

El nivel de conciencia logrado en este proceso no es sólo de los trabajadores sino igualmente de la población en general, que en diferentes momentos les presta apoyo a los trabajadores y se vincula a las protestas. El jueves 4 de agosto se realizó en Puerto Gaitán una asamblea obrero-popular con asistencia de aproximadamente 1.500 personas, y en ella se evalúo el evento del día anterior, enfatizando en que no se podían esperar resultados inmediatos del mismo, que se debe persistir en el trabajo y que las mesas constituidas tienen que mantener su dinámica. También se habló de la necesidad formativa en el campo de los derechos humanos y en continuar con el propósito de realizar una Caravana Internacional y Humanitaria a Campo Rubiales.

Un primer resultado del esfuerzo organizativo en proceso es la posibilidad de constituir una subdirectiva del sindicato en Puerto Gaitán. Los signos son prometedores: las afiliaciones de los trabajadores continúan y hay un ambiente propicio para el debate de las diferentes mesas que involucran a la comunidad en general. La USO tiene ante sí un inmenso reto.

Estructura de enclave es el problema

Las voces traen y llevan ecos de la cotidianidad de los trabajadores petroleros. Es así como el país empieza a saber que las petroleras operan por encima de la legislación laboral y los derechos humanos. Es el caso de Pacific Rubiales, con su campo de exploración petrolera a seis horas de Puerto Gaitán, cuyas entradas y salidas requieren permiso y requisa estricta, y donde se vive en encierro y vigilancia permanentes por parte de la empresa y el ejército nacional, que tiene allí una base permanente. Estamos, pues, ante unas relaciones laborales militarizadas.

Un trabajador ha dicho que allí se vive en una cárcel con techo, que Campo Rubiales es un lugar que oculta la realidad de la explotación laboral, pero que ésta se puede ver en las calles de Puerto Gaitán, a plena luz del día: una realidad de enclave, con alto costo de vidas, corrupción desaforada, escasa infraestructura vial, juventud sin opciones de educación superior y técnica, desempleo, etcétera.

Propuestas y diagnósticos

Bienes y servicios (comerciantes)

Crear una plataforma única de contratación de bienes y servicios.
Establecer un porcentaje del pago de los trabajadores en bonos que sólo puedan ser consumidos en Puerto Gaitán.
Crear una seccional del Sena y una universidad, con becas, programas y apoyos enfocados al desarrollo del municipio.
Crear nuevos escenarios lúdicos, culturales, parques ecoturísticos, y promover la manufactura que demandan las compañías.
Crear una empresa legal de transporte, estandarizando las tarifas.
Crear una oficina de Responsabilidad Social Empresarial Interdisciplinaria.

Situación de los indígenas

Territorios insuficientes y amenazados, inseguridad alimentaria, inexistencia de proyectos de protección ambiental y productiva.
Falta de saneamiento básico y energía eléctrica.
Carencia de vías y de medios de transporte.
Inexistencia de servicios de salud.
Bajo nivel educativo: carencia de oportunidades para acceder al bachillerato, y mucho menos a un nivel técnico o profesional.
Inexistencia de un programa de etnoeducación.
Deterioro ambiental que impide la construcción de viviendas con elementos tradicionales.
El manejo de las transferencias del SIN, correspondientes a los resguardos indígenas, por parte de la alcaldía municipal, se realiza mediante procesos cada vez más complejos, lentos y desventajosos para las comunidades.

Principales impactos y problemas (en relación específica con las petroleras)

Desconocimiento de la consulta previa.
Contaminación de fuentes de agua y territorios próximos a los campos de explotación.
Amenaza para los territorios indígenas, tanto por la población foránea que atraen y que encuentra fácil invadir los terrenos de las comunidades, como por la ocupación de áreas de resguardo y territorios tradicionales, debido a las plataformas y campamentos petroleros.
Dificultades y conflictos en los resguardos y entre éstos, por manejos inadecuados de las empresas con relación a las autoridades indígenas, los líderes y las comunidades en general para lograr sus objetivos.
Inversión de los mal llamados recursos de “responsabilidad social”, con mucha propaganda para las empresas y poco beneficio para las comunidades.
Mínima vinculación de mano de obra indígena a los trabajos de las petroleras.

Ambiente. ¿Qué hacer?

Remplazar o restaurar a CorMacarena.
Crear una oficina de control ambiental en Puerto Gaitán.
En las licencias otorgadas a las multinacionales, limitar la deforestación, y prevenir la afectación de morichales y de caños.
Instaurar una legislación específica que equipare la protección de los morichales a la de páramos, humedales y ríos.
Establecer una veeduría para certificar el estado de las fuentes hídricas del municipio.
Instalar un comité de verificación que garantice la inversión del 1 por ciento del valor de cada proyecto petrolero en planes de compensación forestal e hídrica.

Social (educación, salud, deporte y cultura)

Dotar al centro de salud de Puerto Gaitán con los requerimientos de infraestructura, equipos técnicos y de personal para prestar los servicios, con actividades de un hospital de segundo nivel.
Construir puestos de salud en las áreas rurales aledañas a Puerto Gaitán.
Suministrar tres ambulancias medicalizadas que permitan prestarle servicio a toda la población sin discriminación, con sostenibilidad del ciento por ciento por parte de las empresas.
Atender y desarrollar políticas integrales que permitan reducir la mortalidad infantil indígena.
Ampliar los subsidios para el desarrollo social de la población, en especial aquella que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Cobijar a los educadores del municipio con un estímulo porcentual entre el 15 y el 25 por ciento de su asignación básica mensual, en contraprestación por los altos costos en los servicios de arrendamiento, transportes y alimentación.
Ampliar la oferta de programas de capacitación técnica, tecnológica y profesional, que esté articulada con las realidades y las necesidades de la población.

Vías

Pavimentación de la vía Puerto Gaitán-Puerto Carreño hasta la frontera con el departamento de Vichada.
Pavimentación de la vía Puerto Gaitán-Campo Rubiales.
Mejoramiento de las vías terciarías.
Construcción de un aeropuerto.

Derechos humanos

Resolver los problemas de tierras entre indígenas y colonos.
Desarrollo por parte de las autoridades políticas y las empresas petroleras y agroindustriales de proyectos en conjunto para la población desplazada.
Implementar un efectivo acompañamiento psicosocial para los jóvenes, junto con una adecuada infraestructura para los hogares de Bienestar Familiar.
Eliminar la discriminación contra la mujer, y se le permita trabajar en las empresas agroindustriales y petroleras.
Investigar por qué el ejército nacional y los organismos de inteligencia se convirtieron en una fuerza militar privada, al servicio exclusivo de los intereses de las empresas multinacionales, hasta el extremo de darles tratamiento de guerra a los reclamos de los trabajadores, relativos al reconocimiento de sus derechos legales, a la luz de la Constitución y las normas legales, impidiendo el derecho de asociación sindical.

Laboral. Consideraciones y denuncia

La modalidad y la forma de contratación son lesivos para los trabajadores de la región. Es frecuente que aquélla se realice con intermediación de empresas temporales de propiedad de las empresas contratistas de las obras, producto de lo cual cada una de éstas, cooperativas o bolsas de empleo, se queda con parte del salario de los trabajadores.
Los parámetros, los perfiles y el grado de experiencia exigidos para la mano de obra de Puerto Gaitán son manipulados para obstruir el acceso al empleo.
Es mínima la oportunidad de empleo para las mujeres, quienes son acosadas sexualmente por sus superiores. No se garantiza la estabilidad laboral de las embarazadas. A las personas de más de 45 años y aquellas con discapacidad funcional no se les garantiza el derecho al trabajo.
No hay una política salarial y prestacional acorde con la industria petrolera, ni para las actividades de servicios y soporte que requiere la misma.
El sector agroindustrial no cuenta con salarios y prestaciones dignas que permitan mejorar la calidad de vida a los trabajadores del sector.
Es indispensable una remuneración adicional para los trabajadores que, por efectos de sus labores, deban pernoctar en el campo petrolero.