Comenzando el 2012, los habitantes de Famatina, pequeño poblado de la rioja en Argentina, lograban frenar los avances de la minera canadiense Osisko, que pretendía explotar las reservas de oro del cerro a cuyos pies descansa el poblado y que se estiman en US$ 25.000 millones. La minera canadiense no era, sin embargo, la primera que daba pasos para asaltar el apetecido cerro, pues ya lo habían probado la también canadiense Barrick Gold y la empresa china Shandong Gold, con idéntica respuesta de la población.
En Colombia, a inicios del 2011, los habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana se movilizaban contra la Greystar, en defensa del páramo de Santurban, del que se planea extraer sus reservas auríferas. Y en Cajamarca, Perú, sus pobladores resisten por todos los medios el proyecto Conga, que se propone explotar, también oro, a cielo abierto.
Los tres casos, que no son los únicos que han generado resistencia civil a las transnacionales de la minería, recientemente, tienen un elemento en común: amenazan el agua de sus respectivas regiones. Y los lemas de los pobladores han dado lugar a las “marchas por el agua”, que nos enseñan que los conflictos ambientales no son creaciones enfebrecidas de las mentes románticas de algunos “intelectuales” sin oficio, sino antagonismos reales de intereses, en los que seres humanos concretos ven amenazada su subsistencia.
Economía subterránea
Al tiempo que los habitantes de Famatina lograban paralizar las pretensiones de Osisko, la empresa minera brasilera Vale, considerada la más grande productora de hierro en el mundo, era seleccionada por las ONGs Amigos de la Tierra y Declaración de Berna, como la peor empresa del mundo del 2011, y le asignaban el premio Ojo Público. En una “distinción” de no poca monta, si se tiene en cuenta que derrotó a la empresa japonesa Tepco, operadora de la central nuclear de Fukushima, y generadora de una de las tres más grandes catástrofes nucleares de la historia, luego del tsunami del año pasado.
Vale fue “premiada” por las acusaciones que pesan en su contra por la destrucción permanente de ecosistemas, favorecer trabajo en condiciones de semi-esclavitud, daño a poblaciones indígenas, conflictos permanentes con los trabajadores y por tratar de escamotear inmensas deudas con el gobierno federal de Brasil. Pero, además, por ser la promotora y accionista principal del proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, en plena selva amazónica, con la consecuente devastación de un área significativa de tierras protegidas y el desplazamiento de comunidades ancestrales a las que se les decretó, de hecho, la extinción cultural, y en algunos casos, de paso, hasta su muerte física.
Esas son las consecuencias inevitables de la minería, dirán algunos, como si de un asunto natural se tratara, en razón de que por siglos la explotación del subsuelo se ha caracterizado por las condiciones de depredación en la que ha tenido lugar. No se trata tan sólo de su alta peligrosidad como actividad, sino de que su ubicación, generalmente alejada de la posibilidad de control, ha dado lugar para que sea en la práctica una actividad altamente desregulada.
En los países del llamado tercer mundo, la situación se agrava aún más porque la minería ha sido la actividad asociada de forma más directa con los intereses coloniales, y que desnuda los verdaderos motivos de las relaciones que los países del centro capitalista mantienen con los de la periferia: la exacción. Europa (ver gráfico) y Japón, por ejemplo, son países importadores netos de materias primas, es decir, que su alto consumo de bienes es sustentado, físicamente, por recursos de países de la periferia. Los Estados Unidos, son importadores netos de recursos energéticos y los dos gigantes demográficos emergentes, China e India, son importadores netos de minerales en la actualidad.
Eso indica que el “mercado” internacional de materias primas no puede entenderse si no se tiene en cuenta que para los países dominantes la adquisición de estos bienes no es opcional sino asunto de “seguridad nacional”. Que gobernantes como Bush y Obama sostengan que la “forma de vida americana” no es un asunto en discusión, significa, ni más ni menos, que el acceso a los recursos naturales que sustentan el consumismo va más allá de las simples relaciones comerciales. Y es en ese marco en el que debemos mirar el llamado proceso de “reprimarización” de las economías latinoamericanas, que han sido signadas en la nueva división internacional del trabajo como espacio del extractivismo.
El “Boom” de la inversión extranjera directa y sus peligros
No cabe duda que desde la década del noventa, bajo la inspiración del llamado Consenso de Washington, a la región se le “invita”, con el argumento de las “ventajas comparativas”, a dedicarse a la generación de productos primarios; siendo Chile primero, y después Argentina, bajo el gobierno de Menem, los ejemplos clásicos de re-primarización y desindustrialización tempranas. Sin embargo, tan sólo en la primera mitad de la década inaugural del siglo XXI, con la crisis de la burbuja de las “Punto Com” y la caída de las inversiones en renta fija (motivada en parte por los sucesos de las Torres Gemelas), que vemos un exceso de liquidez tan grande que tiene que buscar salidas en la conversión de las materias primas en activos financieros.
Eso conduce, después del 2003, a la revalorización de los productos primarios y a la “fiebre” de los metales y la tierra, que amenazan con convertir grandes extensiones de Suramérica en verdaderos cotos de caza y en escenario propicio para recreaciones de las “hazañas” de los colonizadores del lejano oeste norteamericano o de los bóers en el sur de África.
No cabe duda que esa nueva fiebre colonizadora ha llevado a nuestras naciones no sólo a caer aceleradamente en una dependencia creciente del extractivismo, sino a desmantelar los pocos relictos de procesos de producción con valor agregado que aún perduraban. Entre 2002 y 2009, el porcentaje de las exportaciones de materias primas pasó de representar 38,3 a 44,3 por ciento del total de ventas externas, mientras que las manufacturas descendieron en ese período 3,6%. Debe destacarse la particular condición de Suramérica si la comparamos con Latinoamérica como un todo, pues en esta parte del sur el peso de las materias primas superan en 10% el promedio de la región, siendo por ello más vulnerable a las consecuencias del modelo primario-exportador como son la revaluación de la moneda, tasas mayores de desindustrialización, volatilidad fiscal y, como veremos, desinstitucionalización.
Tierras raras y mercados aún más raros
Recientemente, han sido objeto de cierto despliegue mediático, la extracción y niveles de reservas del litio, el niobio, el tantalio y el tungsteno. Pero, sigue siendo desconocido para una parte significativa de la opinión que la región es la más importante en la producción de éste tipo de materiales. Chile es el primer productor de litio del mundo, y el salar de Atacama junto con el salar del Hombre Muerto en Argentina y el de Uyuni en Bolivia suman el 85% de las reservas totales mundiales. Brasil es el primer productor de niobio (92% del total) y posee el 93% de las reservas, y también es el primer productor de tantalio (23% del total) y posee el 54% de las reservas.
Si se tiene en cuenta que el litio, por ejemplo, es insumo fundamental en la fabricación de baterías recargables miniaturizadas para los aparatos electrónicos portables, así como de las que requieren los autos eléctricos; el niobio, para la fabricación de aceros resistentes a altísimas temperaturas, usados en los reactores nucleares, y el tantalio, en la fabricación de aparatos como teléfonos celulares, reproductores de música de última generación y en la industria de la nanotecnología, no es difícil concluir que las potencias capitalistas ven la extracción de este tipo de materiales como un asunto estratégico.
La situación de la llamada República Democrática del Congo en la que la extracción de coltan (material que contiene niobio y tantalio), ha cobrado la vida de por lo menos cinco millones de personas (tragedia velada por la existencia de un conflicto étnico), es algo que en Suramérica se debería conocer mejor, pues pese a que la hipocresía del capital supuestamente veta el consumo de mineral extraído de ese país, éste terminó legalizado como exportado desde Rwanda. Nuestra suerte puede resultar más parecida a la de éstas naciones centroafricanas, de lo que estamos dispuestos a aceptar.
En Colombia, el periodista Ignacio Gómez denunciaba la explotación ilegal de coltan en el Parque Nacional Natural de Puinawai, en el departamento de Vichada, que es exportado por intermediarios internacionales. Lo que obliga, así a unos parezca exagerado, a mirar más de cerca la situación de África Central y a considerarla como uno de los posibles escenarios a los que se pueden enfrentar algunas regiones del Sur de América en un futuro cercano.
Los procesos de desestabilización y de separatismo en países con reservas importantes de recursos naturales se están exacerbando. El caso de Sudán y de Libia no son ejemplos a desdeñar entre nosotros, pues no debemos olvidar que en 2006, en Guayaquil, Ecuador, se creó la Confederación Internacional por la Libertad y la Autonomía Regional (Confilar), que busca promover las “autonomías”, y que además de impulsar el separatismo en Bolivia, en la llamada Región de la Media Luna, apuntaba a la secesión de Guayaquil en Ecuador y de Zulia en Venezuela.
Los analistas oficiosos que hablan del enraizamiento de la democracia en nuestra región y consideran imposible el regreso de los golpes de cuartel, deberían mirarse en el espejo de los europeos que también estimaban irreversible su estado del bienestar, para entender que el capital no se para en pelillos, y que salvo la acumulación y concentración de la riqueza, lo demás, tal es el caso de las formas políticas, o el estado de las personas, las considera meras circunstancias contingentes.
Entre tanto, la izquierda suma una nueva razón para su división, pues ya se enfrentan los “neodesarrollistas” que consideran que se debe aprovechar la riqueza minera como mercancía comercializable (para luego “sembrar” procesos productivos más complejos), con los “pachamamistas”, que priorizan los aspectos conservacionistas de los ecosistemas. Lo que prueba que la base teórica de la comprensión de nuestra realidad sigue siendo muy precaria. Los vecinos de Famatina, en Argentina; Santander, en Colombia, o Cajamarca, en el Perú, se mostrarían seguramente desconcertados si les contarán que muchos de los que dicen defender los intereses de los grupos marginales, son incapaces de comprender que cada día trae su afán y que cada caso es diferente. Que el problema es el de la “gran minería”, y del para qué y el cómo de los procesos extractivos.
El desafío está servido, y en los programas e idearios de los movimientos alternativos latinoamericanos debe quedar clara la posición sobre el modelo extractivista, y como debe ser el manejo de las riquezas del subsuelo. Sin eso, el acceso al poder nos convertiría en meros administradores de una situación de hecho. Los agujeros de hasta doscientos cincuenta metros de profundidad que nos heredan las explotaciones a cielo abierto, deben mirarse como más que un simple símbolo de que sin una actitud vigilante, nuestro futuro será enterrado en un gran socavón.
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