Las mujeres, madres comunitarias y sus procesos organizativos han logrado un eco a las demandas históricas del movimiento de madres por condiciones dignas para el trabajo que realizan en los hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La Corte Constitucional, en un fallo transcendental a una tutela interpuesta por una madre comunitaria de la ciudad de Cali a la cual se le cerró el hogar comunitario por ser portadora del VIH ordena al gobierno nacional pagar el salario mínimo legal vigente a las madres comunitarias.
Este fallo de la Corte Constitucional es un avance importante para el reconocimiento de los derechos económicos y sociales a cerca de 75.000 madres comunitarias, a la contribución de más de 25 años hecho al país y a la sociedad con su labor de formadoras de niños y niñas menores de 6 años de la población más pobre del país y a las que el Estado a través del ICBF ha delegado su responsabilidad, tratándolas como “voluntario y solidario”, bajo la consideración que su labor hace parte de sus “obligaciones” como mujeres, violando sus derechos a la no discriminación e igualdad, a sus derechos económicos y sociales –al trabajo, a prestaciones sociales de salud, pensión, a la participación en decisiones sobre las políticas públicas para la primera infancia y sus impactos en el trabajo que realizan como educadoras y formadoras de los niños y niñas.
Para la Mesa Nacional de Organizaciones de Madres Comunitarias, integrada por el Sindicato Nacional de Trabajadoras al cuidado de la Infancia –SINTRACIHOBI, la Asociación Nacional de Madres Comunitarias por una Colombia Mejor –AMCOLOMBIA, la Asociación Nacional por la defensa de de los derechos de los hijos del Pueblo –ADDHIP y para el Instituto Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativos –ILSA y otras organizaciones que han acompañado durante estos 20 años este proceso, el fallo de la Corte de la Corte Constitucional es un paso importante para el cumplimiento de las obligaciones y las deudas pendientes que el Estado tiene con estas mujeres.
Esperamos que tal como lo ordena la Corte, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y el ICBF, con la participación de la Mesa Nacional de Organizaciones de Madres Comunitarias, asuman su responsabilidad y obligación de diseñar e implementar la medidas de su competencia para el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional.
* Coordinadora programa Mujeres y Derechos –ILSA. CLADEM Colombia
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