Con la publicación del documento “Envejecimiento sin crisis: políticas para la protección de los ancianos y la promoción del crecimiento”, el Banco Mundial oficializó en 1994 el argumento del aumento de la esperanza de vida (envejecimiento creciente de la población) como amenaza para las finanzas de los países si no se reconsideraba el sistema de pensiones predominante en ese momento, conocido como de “prestación definida”. Éste, sea público o privado, consiste en que al trabajador se le descuenta periódicamente, durante un tiempo determinado, una parte de su salario, y cuando cumple los requisitos de cotización y edad recibe un monto preestablecido que normalmente se tasa como un porcentaje de la última remuneración, o del promedio de lo devengado durante un lapso previamente acordado o establecido.
Si el sistema es público, los argumentos que se esgrimen descansan en suponer que el flujo que rentan los recursos ahorrados por el trabajador es menor que lo que éste recibe como mesada, por lo cual una parte de su ingreso debe ser subsidiado, y, si vive más años, se hace aún más oneroso para el Estado. De otro lado, también se sostiene que el aumento de la esperanza de vida hace crecer la población de pensionados, y que cada vez es menor el número de trabajadores activos (y, por tanto, cotizantes) por cada uno de los jubilados, debilitándose la base que sustenta el sistema.
Lo que no se cuenta es que en el período comprendido entre 1950 y 2010, por ejemplo, mientras la población crecía 2,7 veces el PIB mundial, en términos reales se multiplicó por 10, en una muestra irrefutable del aumento de la productividad per cápita de los trabajadores, lo que deja sin piso la simple relación numérica cotizantes/jubilados como causa de insostenibilidad del sistema pensional. Y también se ve que la esperanza de vida al nacer depende del nivel de ingresos, por lo que se trata de una variable y no de un parámetro, mucho menos de carácter irreversible (ver cuadro), que cuestiona la extensión de la permanencia en la empresa.
La privatización de las pensiones y la suerte de la mesada pensional sujeta al resultado de las apuestas de los grupos del sector financiero en el casino del capitalismo especulativo son en realidad el objetivo perseguido por el alarmismo de los expertos de las entidades multilaterales. Los países de América Latina, que tuvieron en Chile el ratón de laboratorio del nuevo sistema, y Europa del Este, que era depredada por todos los costados, fueron las primeras presas obligadas a rendirse ante las nuevas y leoninas condiciones. El aumento de los montos periódicos de la cotización y del número de cotizaciones, así como la extensión de la vida laboral, no son otra cosa que un ataque adicional a la remuneración del trabajo, que hoy, con la crisis desatada en el centro capitalista, se ceba en su propia clase trabajadora (en 28 de los 34 países miembros de la OCDE se ha aumentado la edad de retiro).
El ahorro de los trabajadores, un tesoro grande y peligroso
El historiador británico Robin Blackburn califica como “capitalismo gris” a la etapa que se inicia en la segunda mitad de la década de los 90 del siglo pasado, por la importancia que los fondos de pensiones adquieren en la inversión financiera. Entre 1998 y 2010, los activos de los fondos de pensiones pasaron de cinco billones a cerca de 30 billones (millones de millones) en el mundo (valor equivalente a poco menos del 50 por ciento del PIB mundial), constituyéndose en unos de los inversionistas institucionales más importantes. Blackburn narra que, cuando Clinton propuso utilizar una parte de los fondos públicos pensionales de Estados Unidos para invertir en la bolsa de valores de ese país, Milton Friedman no sólo se escandalizó sino que, además, en un ejercicio mental, sostuvo que si se hubiera seguido la política de invertir los excedentes de esos fondos desde 1937, éstos habrían terminado apropiándose de todas las empresas de la Bolsa, inaugurando una vía al socialismo que sus cultores no habían imaginado, pues en esta forma los trabajadores habrían terminado como dueños de las compañías, con lo cual, de paso, desnudaban la importancia y el potencial del tamaño del ahorro de los trabajadores, de cuyo manejo siempre han estado marginados.
Ese tipo de conclusiones ha exacerbado quizás el afán de completar el proceso de privatización de las pensiones, que las entidades multilaterales han hecho evidente en las últimas décadas, y les da la razón a quienes sostienen, como el economista norteamericano Randall Wray, que detrás del alza sostenida de los precios de los alimentos, y en general de las materias primas, están las inversiones que los fondos de jubilación han realizado en los mercados de futuro de dichos productos, autorizadas desde 1999. Ello, de ser cierto, se constituiría en una singular aberración histórica, pues los ahorros de los trabajadores se habrían convertido en el nudo que aprieta su propio cuello, haciendo inalcanzable su alimento.
Este economista, profesor de la Universidad de Missouri-Kansas City, muestra que el índice compuesto de los 33 productos básicos más comercializados declinó a una tasa anual de 1,2 por ciento durante los últimos 110 años, y en el período que va de 2003 a 2008 su comportamiento sufre un cambio de dirección que lo eleva en 203 por ciento. Se da la coincidencia de que, cuando en 2008 el Senado de Estados Unidos amenaza con investigar la causa de la burbuja, los fondos de pensiones retiran sus inversiones del sector, y el índice tiene un descenso brusco (en el caso particular del petróleo, la caída de precios se dio de 150 a 50 dólares por barril). Cuando la tormenta se calmó, los fondos regresaron sus inversiones al sector y de nuevo se escalaron los precios. La inquietud sobre el tema ya no es ajena a las autoridades europeas, hasta el punto de que la comisión del Parlamento Europeo sobre Asuntos Económicos y Monetarios votó a finales de septiembre a favor de regular el mercado financiero de los derivados de energía y los alimentos.
En el mismo sentido, cabe hacer eco de la denuncia que GRAIN viene formulando sobre la presencia de inversiones de los fondos de pensiones en el acaparamiento de tierras. Según esa organización, entre 5 y 15 mil millones de dólares de esas compañías se encuentran ya invertidos en la adquisición de tierras, y se espera que para 2015 este tipo de inversiones se duplique. Si recordamos que la política del Banco Mundial sobre pensiones se convirtió en evangelio, que como verdad revelada se repite por todos los académicos oficiosos del mundo, no es conveniente olvidar que ese mismo banco impulsa simultáneamente el acaparamiento de tierras y la aceleración del proceso de concentración de la población en las ciudades más grandes, con su lógica de la “nueva geografía”. ¿Estaremos caminando hacia un encarcelamiento masivo en el que la apropiación absoluta de lo rural por parte del capital termine confinándonos en verdaderos guetos urbanitas? ¿Además del ataque al trabajo, que ya está bastante avanzado, se planifica un ataque sistemático para la apropiación total de la base natural, por parte del gran capital?
No está de más recordar los magros resultados que la actual política laboral ha heredado a los trabajadores: según la OIT, el 75 por ciento de la población o no tiene acceso a la protección social o el que tiene es insuficiente, lo cual representa una población nada despreciable de 5.100 millones de personas. Y tan solo el 15 por ciento de los sin trabajo recibe algún subsidio de desempleo, sesgándose este beneficio hacia los trabajadores del centro capitalista, pues en los países de ingresos medianos-altos el promedio de los parados cubiertos con algún subsidio desciende a 10 por ciento, y en aquellos clasificados como de ingresos medianos-bajos o ingresos bajos esos porcentajes se reducen a 4 y 2 por ciento, respectivamente.
La tecnocracia colombiana repite como loro la lección
El lunes 2 de abril, los trabajadores de lo que quedaba del Seguro Social se veían sorprendidos porque la institución en que laboraban se había esfumado. Aparecía, como por arte de magia, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), que abarca a 1,2 millones de retirados y casi dos millones de cotizantes activos, en un paso más hacia la privatización de esta prestación social. Las quejas de los gestores privados de pensiones, que, pese a las maravillas que dicen ofrecer, veían un número creciente de traslados hacia el fondo público, daban sus primeros frutos.
El jueves 4 de octubre, vaya coincidencia, el gobierno colombiano radicaba la reforma tributaria, cuyo punto central es la reducción de los llamados “impuestos a la nómina”, también conocidos como parafiscales. La justificación de la reducción de estos pagos, que es una cantilena de vieja data de los tecnócratas colombianos, consiste en sostener que el régimen laboral del país presenta unos elevados “costos laborales no salariales” que estimulan el desempleo y el empleo informal. Esos ‘costos’ no son otra cosa que lo que en el lenguaje coloquial se conoce como “prestaciones sociales”.
El lenguaje alrevesado de la discusión es muestra de su carga ideológica, y se pretende esconder que la remuneración del trabajador contempla todos los factores que les permiten acceder a él y a su familia a una canasta de bienes y servicios con los cuales garantizar su existencia como individuos, y general en cuanto a la permanencia de su grupo social en el tiempo. Esos factores contemplan el salario directo (la remuneración monetaria o en especie que le es entregada material y regularmente); los salarios diferidos, que son parte de la remuneración retenida por el capital, que se le puede entregar a final de año, tales los casos de las llamadas primas y las vacaciones, o en la etapa final de la vida, como son las pensiones (que se traduce en retenciones por muy largos períodos); o cuando es despedido, como en las denominadas “cesantías”. Igualmente, se cuenta con un salario indirecto que se deriva normalmente de fondos de solidaridad entre trabajadores y que apuntan al suministro de servicios de consumo masivo como salud, educación y recreación. Hablar entonces de costos laborales no salariales es tanto como hablar de costos laborales no laborales, un verdadero sinsentido que pretende velar que la reducción de esos montos no es más que una disminución del salario que asume el trabajador en el peor de los casos, o se traslada al Estado para transformarse en subsidio, en aras de favorecer el capital.
Los trabajos de la academia convencional que se muestran como “pruebas científicas” de la supuesta relación directa entre parafiscales y desempleo fueron puestos en cuestión en marzo de 2010, en un estudio del Boletín Nº 12 del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, de la Universidad Externado de Colombia (con argumentos de la misma lógica convencional), sin que hasta ahora se hayan dado respuestas serias. En ese estudio se concluye, además, que los efectos de las reducciones en los parafiscales sobre el empleo son por lo menos inciertos.
El periódico español Público señalaba en su edición del 7 de agosto de este año que en España el 55 por ciento de las empresas no tiene asalariados, es decir, que deben considerarse unipersonales en el sentido estricto de la palabra. Y, como es sabido, el tamaño de la empresa es un factor decisivo en su grado de ‘formalidad’, por lo que cabe preguntar en Colombia, donde la situación es aún más marcada, si la reforma a los parafiscales tendrá como efecto aumentar el tamaño de las empresas para que ceda la informalidad laboral. Que las disciplinas sociales son por principio ideológicas es algo que cualquier persona seria y medianamente informada acepta, pero que se alcancen los extremos a los que llega la economía convencional ya es un verdadero escándalo.
La reforma laboral de 2002, plasmada en la Ley 789 de ese año y que se llamó pomposamente “de la empleabilidad”, eliminó algunos recargos salariales al redefinir el trabajo nocturno, reduciendo los rangos para horas extras, dominicales y festivos, y disminuyó los costos de despido sin que se tuviera el más mínimo efecto sobre el comportamiento del empleo. Pero esa no es la única predicción fallida de nuestros economistas ultraliberales, pues desde 1990 le prometieron al país que la concesión de vías (privatización, pura y dura) nos ubicaría en el primer mundo de la interconexión, y en 2004 Colombia apenas contaba con 205 kilómetros por cada millón de habitantes, mientras que Argentina disfrutaba de 1.604. La práctica eliminación de la salud pública se mostraba como la más grande revolución social, y hoy, con el sistema privado casi quebrado, dando muestras de grados superlativos de ineficiencia y corrupción, cuando el país clama por una gran reforma, los académicos aupadores y justificadores de lo privado hacen mutis por el foro.
Y si bien la reforma a las pensiones no se incluyó en la presente legislación, eso no implica la renuncia del capital a forzarla más adelante. La cartilla del Banco Mundial se sigue recitando y el argumento del aumento de la esperanza de vida no se hace esperar. En el caso de Colombia, se debe comenzar a dejar claro que el 84 por ciento de quienes cotizan para jubilación son personas que ganan menos de dos salarios mínimos, y ¡oh, sorpresa!, si se consulta la esperanza de vida al nacer de la Organización Mundial de la Salud, la diferencia entre los que reciben bajos ingresos y quienes obtienen altos ingresos es de 23 años (57 contra 80), lo que convierte al argumento en deleznable.
¿No se hace urgente, entonces, poner en el primer nivel de las conquistas por alcanzar de parte de los trabajadores la exigencia de la autogestión de sus propios fondos de ahorro? Ahora, cuando la precarización también amenaza a los asalariados del centro capitalista, parece más oportuna que nunca una acción conjunta que exija la devolución al trabajo de aquello que devengado es nuevamente enajenado por el capital. La ofensiva sobre el trabajo y la naturaleza, apuntalada, paradójicamente, por lo menos en parte, en los propios ahorros concentrados y centralizados del trabajo, es algo que se debe confrontar con entereza si queremos conservar algo de humanidad.
Recuadro
Esperanza de vida al nacer (años)
Nivel de ingresos Total Hombres Mujeres
Ingresos bajos 57 55 59
Ingresos medios bajos 68 66 69
Ingresos medios altos 71 68 75
Ingresos altos 80 77 83
Fuente: OMS.
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