Más para los ricos

El gobierno del presidente Santos ha radicado en el Congreso de la República un Proyecto de reforma tributaria para la equidad social y el mejoramiento del empleo formal. La lectura del texto no permite inferir que el resultado de su aplicación lleve a conseguir tales propósitos.

La propuesta tiene 102 artículos y 7 capítulos

Sus aspectos centrales se refieren al Impuesto Alternativo Nacional (IMAN), la reforma de los parafiscales a la nómina que se giran al Sena y al ICBF, y la simplificación del IVA.

No equidad

La equidad social no llegará con la aplicación de las normas, en caso de ser aprobadas, porque el IMAN, que crece progresivamente sobre remuneraciones superiores a 2,3 millones de pesos, es un golpe demoledor a las clases medias, a los profesionales y los consultores. Por esa vía, el Gobierno espera recaudar ocho billones de pesos. La simplificación del IVA a tres tarifas (0%, 5% y 16%) igualmente golpea a los sectores medios y populares, pues se grava el corrientazo y la salud prepagada. Este tributo le dará al gobierno siete billones de pesos. La reducción del impuesto a los capitales golondrinas, del 35 al 10 por ciento, es un privilegio a los especuladores financieros que manipulan títulos de deuda pública y amasan fortunas con sus maniobras monetarias por todo el planeta.

No empleo

La reducción del impuesto a la renta del 33 al 27 por ciento, para crear una Contribución para la Equidad (CREE) del 6 por ciento –al tiempo que se eliminan los aportes de nómina para el Sena, el ICBF y la salud–, no traerá los resultados anunciados en materia de formalización de empleo y ampliación del trabajo porque los empresarios, como ya se probó con las leyes de flexibilización laboral de los 90 y las de primer empleo, no utilizan las mayores utilidades para crear puestos de trabajo sino para atender presiones laborales. La eliminación de los parafiscales es un golpe demoledor al Sena, al ICBF y a la salud de los trabajadores porque los deja a merced de las coyunturas económicas de prosperidad, que son muy volátiles, pero lo más graves consiste en que no se hacen previsiones en el presupuesto público para darles soporte fiscal a dichas entidades de reconocida importancia en la formación de la mano de obra, en la atención de la familia y en la salud de los asalariados.

Más plata para los ricos

El nuevo estatuto tributario deja intacto el sistema de exoneraciones fiscales para grandes monopolios, que, según estudios, oscilan entre 20 y 27 billones de pesos anuales.

Las multinacionales mineras siguen sin pagarle tributos al Estado, pues tienen todas las gabelas para explotar nuestros recursos energéticos y mineros, y llevárselos sin mayores costos tributarios. Es el modelo neoliberal irlandés que ya sabemos en qué paró.

Total, la reforma tributaria proyectada por el gobierno de la ‘prosperidad democrática’ deja intacto el obsoleto y regresivo sistema de impuestos colombiano, que en los gravámenes al patrimonio no alcanza al 7 por ciento, y en el total del tributo no sube más allá del 15. Ello contrasta con otras naciones, como Brasil, donde se paga el 34 por ciento, o Dinamarca, donde se aporta un porcentaje del 48.

Con razón somos el tercer país con mayor desigualdad en el planeta, porque, entre otras razones, los ricos no pagan impuestos.

Para concluir, digamos que, de ser aprobado el proyecto por el Congreso, no alcanzará la equidad ni el pleno empleo que con tanta demagogia se anuncian los voceros del Gobierno.

Recuadro

César Giraldo

“Vendrán más reformas: tributarias, fiscales y pensional”

Contra lo dicho en su campaña electoral, el gobierno de Santos presentó una reforma tributaria. El tiempo elegido para hacerlo: en simultaneidad con la negociación de paz abierta con la insurgencia, que actuará como mampara y distractor sobre la cascada impositiva que recaerá sobre los menos pudientes. El argumento al sustentarla: reducir la desigualdad social en el país, reducir el desempleo y la pobreza. Simples palabras, pues los hechos indican otra cosa.

Desde abajo. ¿El Gobierno dice que la reforma pretende disminuir la informalidad. ¿Qué porcentaje de empleo informal hay en Colombia?
César Giraldo. Según como se mida. Las cifras que usa el Dane –trabajadores en empresas de menos de cinco personas, los por cuenta propia, servicio doméstico, del campo– lo ubican en un 55 por ciento. Si uno lo mirara a partir de quienes cotizan –afiliados a la seguridad social–, supera el 70. La informalidad reinante aquí es de las más altas de América Latina, fenómeno que además persiste y está más allá del crecimiento general de la economía, o de la recuperación de algún sector, pero en el largo plazo la tendencia es creciente. Ello indica que el trabajo se está precarizando. En el fondo, todo lo que es trabajo precario, si uno toma informalidad –póngamosla en el 55%–, le suma desempleo –el 10%– y subempleo formal, encuentra que el trabajo precario en Colombia es del 85 por ciento.

da. Ante esta realidad, ¿qué implicaciones tendrá en el mundo del trabajo la reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso?
CG. Al presentarla, el Gobierno dice que quiere generar más empleo y acabar con la informalidad; que la propuesta eliminará impuestos a la nómina destinados a financiar el Sena, 2 puntos; a financiar el ICBF, 3; a financiar la salud en la parte patronal, 8. No se acaban las contribuciones de los trabajadores. Las contribuciones patronales serían sustituidas por un impuesto a las utilidades empresariales, de 8 puntos.

Pero es una falacia afirmar que la disminución de los impuestos al trabajo generará más formalidad y con ello más empleo; sería como afirmar que el problema del empleo depende del salario y que a medida que se flexibiliza generará más empleo. En Colombia hay varias ofensivas empresariales y gubernamentales por flexibilizar el contrato laboral: Ley 50 de 1990, Ley 789 de 2003, Ley del primer empleo (y ahora este tema de la reforma tributaria), y pese a ello no generan empleo formal.

El problema de la informalidad y el desempleo es histórico en Colombia, ahora presente en todos los países, producto de la lógica del capitalismo actual, dedicado a la especulación financiera sin preocuparse por fortalecer el sector productivo.

Lo que hacen, entonces, es desviar la atención de la opinión pública y favorecer a los empresarios, porque los desgravan con el argumento de que el empleo y el crecimiento dependen de la inversión de los capitalistas, porque ellos son “los que generan empleo”, y por tanto toda reforma tributaria y de carácter fiscal tiene que favorecerlos. Es un discurso basado en la concepción de que el trabajo es lo que genera riqueza –perdón, el capital es lo que genera riqueza–, y lo que genera empleo, pero en el fondo es la misma puja histórica conocida por la humanidad, la puja distributiva entre capital y trabajo, y cada vez el capital quiere lograr más del excedente económico y extraérselo al trabajador. Ése, el fondo de la reforma actual.

da. ¿La reforma es parte de un conjunto más amplio de reformas económico-sociales?
CG. ¿Cuál la índole de la reforma tributaria? El Gobierno, a través de su ministro de Hacienda, dice que no busca recaudar impuestos. Quiere es un cambio estructural: desgravar el capital, gravar más el trabajo. Para ello concierta gran parte de su iniciativa, primero a su interior, luego con el empresariado, pero no consulta al conjunto social, a los trabajadores. El Gobierno sabe bien para dónde va, y calcula hasta dónde llegar, y busca alianzas. Eso indica que vendrán más reformas, tributarias –para tocar otros aspectos– y fiscales (para fortalecer las reglas fiscales y limitar el endeudamiento territorial). En el paquete de reformas también vendrá la pensional. Es una agenda oculta, concertada con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero para no despertar protestas las sueltan poco a poco.

Esta política favorece al capital, sobre todo el trasnacional. Ocurre que en el país todo el excedente económico generado se fuga en la balanza de pagos, en el pago de intereses de la deuda y las remesas de utilidades. Si miramos la balanza de pagos, la variable “Renta de los factores” –lo relativo a los rublos que mencionados–, intereses de la deuda y remesa de utilidades al exterior andan disparados: para 2011 fueron más o menos 17 mil millones de dólares, cifra gigantesca; en 2010 fueron 14 mil millones, 13 mil en 2009; en 2007 fueron 5 mil; 2 mil en 2002. Tal realidad lleva a la economía colombiana a un desequilibrio que nos pone en la situación de Europa antes de la crisis; el país se sostiene con inversión extranjera en el sector minero energético, pero cuando esos flujos se paren y Colombia no halle petróleo, la balanza se torna insostenible y nos abocaremos a una crisis financiera, una crisis de balanza de pagos.

Sería bueno, por todo esto, que el conjunto social le exigiera al Gobierno que diga cuál es la agenda económica a largo plazo; que no nos la suelten a poquitos.