Para cumplir con el total de la agenda en La Habana, el tiempo escasea. No es un secreto, que renglón por renglón y párrafo por párrafo avanza el acuerdo en la Mesa. Esa es una medida de la duración de la agenda. Será igual o más lento, al absolver el siguiente punto de la «participación política, sus formas e instrumento». El comandante Iván Márquez en un día de febrero pasado, sostuvo una conversación discreta en la sala de una casa del Vedado habanero, y allí expresó a un amigo cubano “por lo menos, diez años tardará el régimen en la aplicación y el cumplimiento social de los acuerdos”, y que su organización, a cualquier costo, no dejará de velar por su aplicación fiel y a fondo. Es otra medida, del tiempo de la guerra, del desarme y de la paz. A propósito, muy diferente a la postura que en 1989-1991-1993 asumieron las guerrillas de origen urbano (M-19, Epl, Prt, Quintín Lame, Comandos Francisco Garnica, Milicias del Pueblo, CRS).
Con su reloj, en sus parámetros de gobernabilidad y conveniencia, el presidente Santos marca en noviembre de este año, el límite para la “desmovilización (entrega de armas) de la guerrilla”, que para el eln resulta mucho más una ‘paz a las carreras’. Ni una ni otra de las escuchadas hasta ahora. Hay otra medida, que parece ser la decisiva.
En medio de una sociedad receptiva al mensaje de Álvaro Uribe, por lo menos en una de sus franjas importantes, y con audiencia en las Fuerzas Armadas –ocho años en el Palacio de Nariño y por un pelo, no llegó a los doce–, a su vez, con un Estado activo por décadas en la gestación paramilitar y de su impunidad y borrones jurídicos actuales (desde antes de la policía chulavita y la mano negra con su desate en 1946, por campos y municipios contra los gaitanistas) y, sin la presencia de un creciente actor legítimo por la paz –múltiple-social-neutral– que ponga en sitio, cerco a la Mesa de la Habana, ¿cuánto tiempo necesita la sociedad colombiana para una recomposición de los factores políticos y económicos del poder, que haga posible un consenso y una democratización y productividad humana y con sentido nacional de la tenencia de la tierra? Está claro, que no es de aquí a noviembre.
Según cada protagonista, a la vista quedan unos minutos desiguales. Los de las diferentes víctimas reclaman, exigen, que los suyos son los exactos. Sin embargo, comienza a ser notorio, que convertido en el juez de los relojes, mandamás de los otros, aparece el “tiempo político”.
Ése que para gusto de unos y abstención, indiferencia o disgusto de otros, deja oír sus doce campanadas el primero de los domingos de mayo de 2014, cuando será la primera vuelta de las próximas elecciones presidenciales. Por supuesto, una fecha que en el aspecto sustancial para una nación: de gobierno y del poder y sus poderes, con la arandela y baraja de candidatos; en relación con la necesidad de la paz, impone y determina acomodos. Por tal razón, exige detallarla.
El tema de la paz posible, con apenas instalarse la Mesa, hendió el pañete del poder. El país conoce que llega a la diatriba pública, un roce inter-oligárquico entre los intereses particulares que representan Santos-Uribe. Contradicción que ahora ahonda tras el reconocimiento de la delegación gubernamental en La Habana de ir bajo las presiones del continente y las conveniencias transnacionales en minería; a un señalamiento antisocial del latifundio, de campesinos sin tierra en el origen del conflicto, y su disposición a adoptar formas de variación en la propiedad de la tierra, como jugada para mantener el poder en estos tiempos, bien sea con la firma de las farc en la mesa o por fuera del actual intento.
Al llegar noviembre, un poco tarde, el presidente Santos debe tener resuelto si maquinó un acuerdo de compromiso y candidatura con los liberales que arrastre al partido de la U o, si escucha los cantos de sirena por la reelección. En cualquier caso, el tradicional capital electoral tendría un riesgo de segmentación en dos o tres postores: Santos/Gaviria (Vargas Lleras), Uribe, Samper/Serpa, sin descontar un conservador, que abre la ocasión para una candidatura alterna o de oposición que como minoría notoria fuerce la segunda vuelta. Noviembre es ya, está a la vuelta de la esquina.
Es de entender, que la insurgencia que no está en una incapacidad operativa urbana (como pudo estar el M-19) y mucho menos rural, juega a ganar la mayor fuerza/influencia como actor político-militar/social en sus raíces, con el impulso de formas políticas como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos. Asimismo, desde su ángulo, con las elecciones encima, para el Presidente no resulta de buena presentación, para la continuidad o “reelección de su política”, una variante de “ruptura escabrosa” de la Mesa, que pondría ganancioso a Uribe en un “yo les advertí”. Tampoco, una ruptura “de compromiso” dependiente de los tiros, con «regulación de la guerra».
Así las cosas, cruzada como está por la situación pre-electoral, en una «maniobra» válida por la paz, la Mesa podría llegar con un grado de aceptación y no de rechazo por la opinión, al acuerdo de una pausa, antes que a una ruptura y al complejo debate sobre la “dejación de armas”, que en palabras del gobierno significa “entrega” y en comentarios de la guerrilla “…su no utilización”. Una pausa de cinco meses –a partir de diciembre– y no de ruptura del diálogo.
Un paréntesis en el avance de la agenda (en medio del conflicto), con un cese de fuegos bilateral o unilateral de la guerrilla, a reanudar en junio (o agosto), bajo la sombra del nuevo Presidente electo. En la dinámica de los hechos, el debate por la presidencia 2014-2018, permitiría un margen de mayor participación del conjunto social, en algo cercano a un plebiscito por la paz.
En estas horas, cuando el conjunto de la sociedad no cuenta con un persistente eje de movilización por la paz, con protagonismos y liderazgos ‘desinteresados’, no incursos en campañas de candidaturas, según el cristal para ver, la paz tiene relojes diferentes.
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