Diferenciar el salario no es una propuesta nueva, pues así rigió la remuneración mínima durante los años 40 del siglo XX, cuando fue implementado en Colombia. Sin embargo, los tiempos no son los mismos y a los derechos no puede renunciarse. La reconsideración por parte del Gobierno de aplicarla a raíz de un estudio reciente de Fedesarrollo amerita una evaluación de sus implicaciones para el país.
Desde 1945, cuando se constituyó oficialmente el salario mínimo legal (SML) en Colombia, su cantidad ya se encontraba ligada a la región y actividad económica del sitio donde se aplicara. La diversidad de salarios era mucha, pues dependía de la zona del país, el tamaño de la empresa, su sector económico y la edad de sus trabajadores. Con el ánimo de llegar a una posible estandarización, hacia 1964 fue realizada una reforma que condicionó su cantidad a partir de dos factores: la actividad económica (comercio, manufacturera, servicios, transporte, construcción, etcétera) y el sector en que se aplicara (urbano, rural)1.
Es importante retomar este periodo pues fue el tiempo en que Colombia hizo oficial, por primera vez, una diferencia de salario entre las urbes y las zonas rurales, es decir, le dio existencia a un salario mínimo rural, bajo el entendido de que en las ciudades la manutención y vivienda tiene un costo mayor, en cambio, para sostenerse en las zonas rurales no se justifica un SML muy alto.
Una última reforma data del año 1983, cuando se consiguió la unificación del salario mínimo para la totalidad de los trabajadores colombianos. Según Álvaro Zerda, Doctor en Economía y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la reforma se dio porque “En su momento se consideró que no había que hacer esa diferenciación; legalmente los trabajadores tenían los mismos derechos y por tanto el salario debía ser igual; por otro lado, también, el salario hace parte de la demanda agregada y lo que estimula la economía es la demanda, por lo tanto, garantizar un mismo salario en todas las regiones implica que, en contraste con un salario diferencial, la demanda está nivelada en todo el territorio nacional y de esa forma se estimula la economía, generando más empleo”.
Sin embargo, en la última década varias organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y Fedesarrollo, han propuesto nuevamente una diferenciación del salario mínimo, cuya base para asignarlo sería, esta vez, el nivel de productividad, los ingresos regionales y las condiciones de vida según el lugar de aplicación.
El principal argumento para tomar nuevamente en consideración la propuesta es que existen diferencias muy grandes entre regiones en lo que respecta a niveles de productividad, y por consiguiente una brecha entre las condiciones de vida, cuyo origen radica en que el salario mínimo en los sitios donde la productividad es menor cohíbe a los empresarios para contratar trabajadores, ocasionando así un mayor nivel de desempleo e informalidad laboral.
César Augusto Pabón, economista investigador en Fedesarrollo y uno de los autores del informe en que la entidad soporta nuevamente su propuesta2, afirma que “Las consecuencias positivas son muy plausibles; mayores niveles de productividad en las regiones, mejores ingresos, y una formalización del mercado laboral, pues hay muchas personas que no se pueden contratar; se estima que el nivel de informalidad en las zonas rurales es de aproximadamente el 70 por ciento, entonces, en caso de ser aprobada, en estos sitios se permitirá mayor contratación, y tal vez llegar al nivel de informalidad que se maneja en las ciudades, aproximadamente de 40 o 30 por ciento”.
Bemoles. A pesar de que la propuesta tenga la pretensión de diferenciar el SML por regiones, hay una realidad que no puede negarse: esta diferenciación ya existe y es latente en todo el país; de acuerdo a cálculos del Dane, mientras en las zonas rurales el rango de pobreza mínimo está alrededor de cuatrocientos cincuenta mil pesos, en las zonas urbanas éste llega a ser de ochocientos a ochocientos cincuenta mil pesos, aunque la cifra es cuestionable pues se presume que este rango es muy optimista con respecto a la situación real de Colombia.
Así las cosas, la principal razón para la implementación de la medida por parte de sus impulsores no es reducir la inequidad social, sino restar cifras al índice de informalidad que existe lo cual “[…] es una falacia completa, así como también lo es que reduciría el desempleo, nada se reduce, sino que se mantiene en las mismas condiciones. Tampoco estimularía la creación de empleo, pues su estimulante es que haya más demanda para que las empresas puedan responder a una mayor demanda en el mercado, así como el aparato productivo en general, y que la población tenga una mayor capacidad adquisitiva”.
De tal manera, la posible aplicación de la medida no estaría en pro de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sino que, por el contrario, implicaría una regresión al salario mínimo rural y un empobrecimiento de las condiciones laborales para los de overol.
Para Luis Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (Cut), “Esa es una propuesta de exclusión social. Es un asunto absolutamente neoliberal, absolutamente desconsiderado con el país y es el clásico planteamiento de Fedesarrollo. Es como decir que en Bogotá debe haber un salario mínimo para los trabajadores que están en el norte o en el centro, y uno diferente para Ciudad Bolívar o para las zonas rurales de la capital. Tanto un campesino como un indígena tienen los mismos derechos derivados de la Constitución Política, como un trabajador de las capitales de los departamentos o de las ciudades más desarrolladas. Se trata es de construir equidad social y no de profundizar la desigualdad”.
Pensando con el bolsillo. La perspectiva que plantea Fedesarrollo y las demás entidades que han apoyado y promovido la propuesta se limita a una visión del mercado, sin tener en cuenta las implicaciones sociales que conlleva, como la desigualdad que podría generarse entre departamentos, la profundización de la brecha social, la improductividad laboral ante un menor salario, y la posible migración masiva que podría presentarse de los lugares con menor salario a aquellos en que la paga es mayor.
Ante el posible riesgo, Pabón asegura que “El impacto negativo que ve Fedesarrollo a corto/mediano plazo es precisamente ese, sin embargo, por leyes del mercado, el equilibrio tenderá a que esa posibilidad no sea tan fuerte como se espera. Claramente el Gobierno tendrá que tener eso en cuenta e implementar medidas para que no se genere tal migración entre zonas rurales y urbanas”.
En esa medida, la propuesta no tiene cubiertos factores e implicaciones vitales en el caso de aplicarse a Colombia, y su fin último sería acabar con el salario mínimo, formalizando y profundizando la inequidad social. “Los empresarios y los teóricos” –agrega Zerda–, “entidades como Fedesarrollo y demás, conciben el salario como un costo de producción. Si sube el salario, sube el costo de producción de las mercancías y los empresarios tienen menos ganancias, lo que conlleva un menor estimulo y disposición a invertir; entre menos se invierte, menos empleo se genera”.
De esa manera –continúa Zerda–, “[…] los costos de los productores disminuyen y con ese margen que queda, contratarán más trabajadores. La idea es absurda, no contratarán más trabajadores. Todas las reformas laborales hechas desde el 93 para acá, las han realizado con el argumento de generar más empleo. Falso. Las tasas de desempleo desde los 80 y 90 han disminuido, pero más por fenómenos externos, como la bonanza de los recursos primarios, y también por procesos de informalidad, que porque se haya generado empleo digno […]”.
De las entidades proponentes a lo largo de los años de este tipo de medidas, la Ocde es una de las que ha enfatizado esta y otras propuestas, como la de elevar la edad de jubilación de la mujer a 62 años. Las reacciones en el Gobierno han sido variadas pues, en 2013, ante la reiteración de implementar un salario mínimo regional, la entonces Alta consejera para la gestión pública y privada, Catalina Crane, consideró que en la práctica “[…] es totalmente imposible implementar salarios diferenciales por regiones, pues ellos lo proponen en su contexto, sin entender la dificultad de aplicar eso en Colombia”. Por su parte el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, la calificó en enero de este año como “Una propuesta con más pros que contras, pues cabe la posibilidad de establecer un salario mínimo específico para cada región que esté acorde con sus necesidades”.
Según informes, el Gobierno iniciaría una gira por todos los departamentos para estudiar y valorar la propuesta. Si tal posibilidad es cierta, es importante tener en cuenta todas las implicaciones, tanto políticas, económicas y sociales que tendría su aplicación, pues, como afirma Pedraza, “Es por la vía de las reformas estructurales que la situación del país se puede trascender y no por la vía de socializar la pobreza como sucedería con ese tipo de medidas”.
1 Portafolio, La historia detrás del Salario Mínimo – Liliana Rojas, 09/01/2009 http://www.portafolio.co/opinion/blogs/viva-vision-de-valores-sa/la-historia-detras-del-salario-minimo
2 Fedesarrollo, Informe Mensual del Mercado Laboral, Algunas Consideraciones sobre el Mercado Laboral Regional en Colombia, http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/IML-Noviembre-2014.pdf
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