En un hecho sin precedentes el 9 de diciembre, en el marco del día internacional de los derechos humanos, cuatro comunidades campesinas colombianas desconocieron la legitimidad del sistema judicial colombiano y se declararon en abierta ruptura con la administración de justicia, a la que calificaron de «corrupta, degradada y envilecida».
Apartes de la Declaratoria
Pedimos respeto por nuestro derecho constitucional a la Objeción de conciencia y solicitamos a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos se nos trate como PRISIONEROS DE CONCIENCIA.
Desde hace muchos meses los colombianos estamos estremecidos, cada vez con mayor frecuencia, ante las decisiones del poder judicial, y especialmente de la Fiscalía.
Se anuncian sin cesar detenciones masivas o individuales que afectan a un amplísimo espectro de profesiones, organizaciones y sectores sociales. Llama la atención que se les acusa siempre de «rebelión», «terrorismo» o «concierto para delinquir»; que ordinariamente las acusaciones sean elaboradas y las capturas efectuadas por agentes de la rama ejecutiva del poder público, como los miembros de la fuerza pública, y que las «pruebas» se basen en «testimonios» vulnerables a todo tipo de manipulaciones, presiones, recompensas y sobornos, o en «informes de inteligencia» que ni siquiera tienen el respaldo de un responsable, sino que alegan fundarse en llamadas telefónicas o escritos anónimos que nadie puede comprobar jamás si siquiera existieron.
La «justicia» ha llegado así a un máximo nivel de degradación y envilecimiento. Aunque desde hace muchas décadas ha sido objeto de escándalo para la comunidad internacional el nivel de impunidad e ineficiencia con que la justicia colombiana actúa frente a los crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de los derechos humanos perpetradas por agentes directos o indirectos del Estado, así como el nivel de arbitrariedad y parcialidad con que se juzga a quienes se oponen o denuncian las grandes injusticias del régimen y trabajan en la búsqueda de alternativas políticas y sociales, sin embargo se había procurado salvar algunas apariencias formales que buscaban legitimar el aparato judicial, creando instancias con mayor conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos en organismos de control. Hoy todas esas instancias han sido coptadas o copadas por funcionarios plegados a las directrices que emanan de la cabeza del ente investigativo central…
Quienes suscribimos este documento estamos convencidos de que la justicia, para ser legítima, necesita respetar unos mínimos parámetros que la historia de la civilización ha convertido en requisitos esenciales de su aceptación y vigencia. La mayoría de esos principios son burlados hoy día en Colombia de manera flagrante.
Así, por ejemplo, el principio de legalidad, según el cual nadie puede ser acusado de delitos que no estén previamente definidos en leyes preexistentes, con precisión y sin ambigüedades, es burlado al extender arbitrariamente los tipos penales de rebelión, terrorismo o concierto para delinquir, a las conductas más cotidianas de la población y al ejercicio ético de muchas profesiones, recurriendo a conexiones en extremo imaginativas entre esas actividades normales, legítimas y legales, y las conductas punibles contempladas en la ley…. Por otra parte, el principio del debido proceso exige, por encima de todo, en quienes el Estado designa para investigar, juzgar y sancionar, un nivel de independencia, imparcialidad y
honestidad fundamentales, que constituyen la base imprescindible de legitimidad del aparato judicial. El desarrollo de la civilización ha ligado la independencia e imparcialidad a la separación de poderes que caracteriza todo régimen democrático. Pero en nuestro caso, quienes están construyendo las acusaciones; buscando y elaborando «pruebas» que no son pruebas; reuniendo «testigos» que no son testigos, bajo todo tipo de sobornos, presiones, amenazas, torturas y recompensas extraídas al erario público, y efectuando las capturas, muchas veces en medio de tratos degradantes, son agentes de la rama ejecutiva del poder público, y precisamente los miembros de la fuerza pública, cuya imparcialidad dentro del conflicto social y armado es, podría decirse, estructuralmente inexistente, toda vez que son actores del conflicto, en el cual participan con niveles de emotividad, odio y venganza demasiado intensos y evidentes, a juzgar solo por su lenguaje cotidiano difundido por todos los mass media.
Por añadidura, el grado de polarización que afecta a nuestra sociedad, donde los últimos gobiernos han combatido y castigado intensamente las posiciones imparciales frente al conflicto social y armado, ha facilitado la penetración del paramilitarismo en muchos estamentos e instituciones, y una de ellas es la de la administración de justicia. Pasma comprobar que el informe rendido el 27 de septiembre de 2002 por un mismo funcionario de la Fiscalía, que revelaba la existencia de 54 líneas de comunicación telefónica entre fiscales y paramilitares, no haya sido sometido a investigación ni procedimientos judiciales, y que las otras instancias del poder judicial se hayan mostrado indiferentes ante el evento, y mucho más las otras ramas del poder público, dejando como único resultado la destitución y persecución del funcionario denunciante. Pasma aún más comprobar en el día a día cómo son absueltos los grandes dirigentes de las estructuras paramilitares y los responsables de las más grandes masacres, cuyos procesos son precluídos o archivados, mientras se mantiene en prisión y se cobija con resoluciones acusatorias a las víctimas de innumerables montajes judiciales a lo largo y ancho del país.
Ninguna justicia puede ser reconocida como válida cuando se separa tan claramente de principios éticos elementales…es plenamente válido, en las circunstancias actuales del país, en que se ha llegado a una degradación y envilecimiento extremos de la justicia, apelar a la objeción de conciencia.
Nuestra Constitución establece, en el artículo 18, que «nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia». Los firmantes y adherentes a este documento, nos acogemos a ese derecho constitucional, que constituye además un derecho humano universal, para declararnos EN RUPTURA CON EL ACTUAL SISTEMA JUDICIAL. A lo largo y ancho del país las fuerzas armadas y no pocos funcionarios judiciales han anunciado numerosas judicializaciones que amenazan la libertad de todas las organizaciones sociales que propenden por otra manera de
organizar la sociedad dentro del respeto por parámetros elementales de justicia social. Quienes suscribimos y nos adherimos a esta declaración, nos negaremos a colaborar con esa falsa justicia; no responderemos a indagatorias ni nombraremos abogados defensores y tampoco aceptaremos abogados de oficio. Pedimos respeto por nuestro derecho constitucional a la Objeción de conciencia y solicitamos a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos se nos trate como PRISIONEROS DE CONCIENCIA.
Pedimos a los gobiernos extranjeros, a sus misiones diplomáticas en Colombia y a los organismos intergubernamentales, que desconozcan el sistema judicial colombiano tan corrupto, degradado y envilecido, y que ejerzan toda su presión moral y política para que Colombia reconstruya su administración de justicia dentro del respeto por los principios éticos y jurídicos fundamentales que la civilización ha diseñado como condiciones de validez de los aparatos de justicia.
Suscriben:
• Comunidad de Paz de San José de Apartadó
• Consejo Comunitario de La Nupa
• Asociación Campesina de Arauca – ACA
• Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC
Bogotá, Diciembre 9 de 2003
Leave a Reply