Qué tiempos éstos en que / hablar sobre árboles es casi un crimen / porque supone callar sobre tantas alevosías! / Ese hombre que va tranquilamente por la calle, / ¿lo encontrarán sus amigos cuando lo necesiten?
Brecht
El hacinamiento en las cárceles produce enfermedades mortales, desesperación suicida y homicida, y motines. En los primeros años de la dictadura franquista se usó el hacinamiento en las cárceles para matar por enfermedad, hambre y locura a millares de seres que se opusieron al fascismo. El encierro unido a los dilatados procesos judiciales conducían a la muerte evitando los costos políticos y el aislamiento internacional derivado de fusilar la oposición.
En Colombia hay una replica infernal de esta estrategia siniestra con 62.496 seres humanos hacinados en cárceles con cupos para 48.000. Y esta cifra seguirá creciendo, sin contemplación, toda vez que las detenciones masivas se han hecho comunes. Pero también, producto de la polìtica que trata de resolver con represión la miseria creciente que producen las políticas económicas subordinadas a lo ordenado –via acuerdos supra-nacionales– por las corporaciones multinacionales. Esto ocurre antes de poner en pleno funcionamiento un “Estatuto Antiterrorista” rechazado por la comunidad internacional por violentar garantias mínimas de cualquier Estado de Derecho y allanar el camino del terror estatal para cualquiera que sea sospechoso de disentimiento. Esta situación de barbarie podría estar siendo agudizada para dar el paso a la privatización de las cárceles y la oferta plena de trabajo esclavizado a precios mínimos.
En este siniestro panorama, nos preguntamos: ¿dónde están los medios de comunicación democráticos informando a la opinión pública, a los actores sociales, a los familiares de detenidos, a las organizaciones de guardias sobre la situación explosiva y la máquina de producción de sufrimiento y muerte que se está poniendo en marcha? ¿Dónde está la Corte Constitucional sancionando al gobierno “nacional” por el incumpli-miento de la sentencia T153 de abril de 1998 en la que declaró: “un estado de cosas inconstitucional” en las cárceles del pais por el criminal hacinamiento? ¿Dónde la Procuraduría y la Defensoría haciendo cumplir con la ley penal que establece la función «resocializadora» de la prisión y evitando una política carcelaria destinada literalmente a aniquilar los seres humanos? ¿Dónde las universidades y los juristas y las asociaciones de abogados actuando para evitar que desaparezcan los últimos vestigios de un Estado de Derecho que no resulta funcional para el mando imperial, verdadero director de lo que se hace y lo que se deja de hacer en este pais?
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