Las autoridades indígenas de los 16 resguardos del norte del Cauca, realizaron el día jueves 19 de febrero, un juicio público, al teniente Coronel Vicente Trujillo. La sesión se realizó de acuerdo con los usos y costumbres tradicionales y en el marco del derecho propio, tubo como objetivo impartir castigo a los responsables del asesinato del comunero indígena Olmedo Ul Secue, ocurrido el pasado 31 de diciembre de 2003, luego de que recibiera un impacto de bala por la espalda, segundos después de haber pasado en una moto por un reten militar a la altura del sitio conocido como «La Ninfa» en inmediaciones del resguardo Huellas, Caloto. Este será el tercer juicio dentro del proceso de resistencia ante los actores del conflicto. Antes, el 16 de diciembre de 1996, fue contra el eln en Jambaló, organización que retiró sus columnas del resguardo. El otro fue en septiembre de 2001, en Toéz, donde sometieron a un miembro de las farc, a un castigo denominado «curación», que consiste en enterrarlo en un hueco estrecho, dejando solo la cabeza por fuera y rellenarlo de tierra hasta impedir cualquier movimiento.
El Juicio
El acto fue abierto por las gobernadores indígenas y por los relatores, quienes llamaron al Teniente Coronel, para quien habían dispuesto un asiento en el sitio del juicio. Allí, en su ausencia, colocaron su nombre. Una y otra vez, previa solicitud a toda la comunidad de guardar silencio (porque este es el mayor desprecio que podemos expresar al sindicado) solicitaron al militar acusado responder a los cargos que se le leían. Ante la nula respuesta se decidió enviarle por escrito los cargos leídos, los mismos que deberá responder en ocho días.
Juicio político desde el derecho propio
El pasado 15 de enero, luego de reunirse los gobernadores indígenas presentes en la alcaldía de Caloto notificaron al Teniente Coronel Trujillo sobre la fecha del juicio. «Nosotros esperamos que los responsables asistan y se haga justicia”, dijo un directivo de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN). Los indígenas consideran que este tipo de hechos son resultado de la política estatal de seguridad democrática, y así lo hicieron saber al Presidente Uribe, el pasado 15 de diciembre de 2003 durante el Consejo de Seguridad realizado en Popayán, mediante una carta que le entregaron personalmente y en la que «Advertimos, desde nuestra posición política como pueblos indígenas en defensa de la vida, la autonomía y nuestro territorio, en busca de la solidaridad y la justicia social de Colombia sobre los riesgos de destrucción y muerte que genera la política de seguridad democrática sobre nuestros pueblos».
En efecto, en el cabildo se han presentado agresiones, maltratos, detenciones, arrestos arbitrarios y múltiples, y el 31 de Diciembre del 2002, el asesinato del infortunado comunero. Como parte del juicio, las autoridades indígenas invitaron a asistir, al Resguardo de Huellas municipio de Caloto, Departamento del Cauca, a personas e instituciones comprometidas con la justicia, con la vida, con la autonomía de los pueblos, las organizaciones y los sectores populares en calidad de testigos. Es urgente la solidaridad activa para hacer seguimiento y acompañamiento luego del juicio, por los riesgos que implica realizar este acto de justicia en el contexto actual de Colombia.
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