Amplias y dinámicas movilizaciones se vivieron en Ecuador desde el 4 hasta el 8 de junio, coincidiendo con la reunión de la Organización de Estados Americanos. Los movimientos indígenas, campesinos, urbanos y pequeños empresarios, aprovecharon la ocasión para profundizar su demanda de salida del Presidente Lucio Gutiérrez del gobierno, y la reforma de la comisión que representa al país en las negociaciones del TLC, a la par de la retira del Plan Colombia.
Como se sabe, el Presidente Gutiérrez es considerado por los movimientos sociales, como representante de un desgobierno, que desconoce las reivindicaciones del levantamiento indígena y militar que dio al traste, en el 2000, con el gobierno de ….
La impopularidad del ex – coronel llega a tal punto que no representa más del 20% de la opinión pública nacional y el 10% dentro de la clase política, la que se ha movido intensamente para desbancarlo o arrancarle amplias concesiones.
Las reivindicaciones
Las marchas, que de manera progresiva avanzaron hacia Quito, provenían, entre otras, de las provincia de Cotopaxi, el Cañar y Chimborazo. En todas ellas, de manera simultánea, se realizaron asambleas deliberativas, cierre de carreteras y toma de plazas públicas.
En Quito, mientras tanto, la dirigencia de estos movimientos exigió al Legislativo nacional medidas para atender las reivindaciones populares y a la vez garantizar la transformación democrática del país. Demandaron, en un documento entregado el 8 de junio al Congreso, que se instituya en el país: “…la figura de la revocatoria del mandato presidencial; retomar la propuesta de un régimen semi parlamentario y el establecimiento de un sistema electoral que garantice la representación proporcional”.
De acuerdo a las organizaciones, estas propuestas se coadunan “con absoluta claridad la necesidad de una salida democrática” para la presente crisis del país. “Esto significa que en primer lugar debe ser una salida constitucional. Es inadmisible que desde las propias esferas gubernamentales se haya propuesto la posibilidad de disolución del Congreso”, advierten, delante de rumores golpistas que han circulado recientemente.
El colectivo recomienda además al país “retomar efectivamente la urgente demanda de reactivar la producción nacional para enfrentar la recesión”. Para ello sugiere que se “genere mecanismos reales para otorgar crédito para pequeños y medianos productores del campo y la ciudad”, y así evadir de la dependencia que la economía ecuatoriana posee con relación a la producción de petróleo como exclusiva fuente de ingresos.
Los manifestantes solicitan, además, que las inversiones sociales del gobierno lleguen a 40% de los recursos de fondos estatales creados a partir de los ingresos con petróleo. Las organizaciones temen que la inversión social disminuya con la Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal, que para ellos debe ser reformada, de manera a excluir las aplicaciones en el sector social del techo establecido por norma.
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