Como un baldado de agua fría cayó sobre los hogares colombianos el anuncio de nuevas alzas en las tarifas de energía. La disculpa en esta ocasión, el anunciado fenómeno de El Niño. De por medio estalla la evidencia de que esos mismos hogares han cancelado a las empresas generadoras de energía, durante los últimos 10 años, más de 8.000 millones de dólares para que estuvieran preparadas ante una eventualidad de estas. Recogidos estos dineros bajo el rubro “Cargo por confiabilidad”, y sin cumplirse su cometido, es evidente que estamos ante una estafa. El Estado y el Gobierno de turno la amparan.
Para no olvidar y para que no se repita. El 30 de mayo, de 2014 el gerente de las Empresas Públicas de Medellín (Epm) decretó un aumento de las tarifas de energía eléctrica en los siguientes términos.
“Las empresas de distribución de energía del Grupo Epm en Colombia empezarán a aplicar un aumento tarifario del 2% durante algunos meses de este año a sus clientes del mercado regulado (residenciales, comerciales e industriales de bajo consumo). Los clientes de Epm y Cens (Norte de Santander) verán este incremento en las tarifas de mayo a septiembre, los de Essa (Santander) y Edeq (Quindío) de mayo a octubre, y los de Chec (Caldas) hasta el mes de julio”.
Las razones: el fenómeno de El Niño anunciado por el Ideam (sequías prolongadas), el bajo nivel de lluvias registradas durante el último trimestre de 2013 fueron los principales factores que motivaron la aplicación de tal reajuste.
El impacto de esta medida puede verse la Grafica 1. Costo unitario del KW/h cobrado por empresas públicas de Medellín de abril a diciembre de 2014.
Pasaron los meses y aunque el anunciado fenómeno climático no se presentó en el 2014 tan fuerte como se esperaba, Epm sí incrementó entre enero y agosto de tal año la tarifa del Kw/h de la energía en más de 50 pesos.
Nuevo año e igual comportamiento empresarial. A partir de febrero 15 de 2015 inician una nueva alza de las tarifas hasta llevarlas en noviembre 15 del 2015 a un precio de 417 pesos por KW/h. Esto en Antioquia; pero en el Valle del Cauca significa que, para la ciudad de Cali, este aumento en la energía se le suma al anunciado por la Empresa Emcali a principios del mes de octubre, cuando se estableció un incremento del 3,5 por ciento para los estratos 1, 2 y 3 y un alza del 9 por ciento para los usuarios de estratos 4, 5 y 6, todo ello amparándose en las señales de que viene un fuerte calentamiento del océano Pacífico, que se traduce en el citado fenómeno de El Niño.
A la par de las empresas de energía, sin perder tiempo y valiéndose de esta realidad natural, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, anunció que a partir de diciembre “El kilovatio por hora tendrá un incremento de entre $ 6 y $ 7 el KW/h para todos los usuarios, lo que representa un aumento en las tarifas de $ 400 para el estrato uno y de $ 3.000 para los niveles altos de la población. Es decir, que el aumento total para los estratos bajos sería de 1,75% y el incremento para los más altos sería superior al 2,5%”.
Y aunque el Fenómeno es una realidad, los embales se encuentran hoy con aportes hídrico de un 50 por ciento de la media histórica.
Como soporte para su “sensata” maniobra tarifaria, el Ministro alegó que sus medidas pretenden evitar un racionamiento de energía en todo el país. Según su entender, con el dinero que recojan garantizarán que las plantas térmicas puedan generar energía, mientras se conserva y recoge agua en los embalses que hoy están por debajo del 65 por ciento de su capacidad promedio, la misma que ante la concreción de un fuerte fenómeno de El Niño podría caer por debajo del 40 por ciento, colocando en riego el suministro de energía y abocando al país a un eminente racionamiento.
Todo parece muy sano y lógico. Pero por esta medida gubernamental, a partir de diciembre de 2015, los colombianos pagarán unos 40 mil millones de pesos de más por mes, a través de la factura mensual que cancelan por el servicio de energía. Dinero que garantizará, eso sí, rentabilidad a las generadoras de energía. Es decir, y una vez más, las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan.
Lo anterior sin tener en cuenta que todos los hogares colombianos le han cancelado a los generadores, en el curso de los últimos 10 años, más de 8.000 millones de dólares a través del rubro denominado “Cargo por confiabilidad” (Resolución Creg-071 de 2006), el cual viene en todo recibo de pago tarifario.
Parece un chiste de mal gusto pero así es. Millones de colombianos han pagado mes a mes, y en el curso de casi una década, un dinero a estas empresas para que cuenten con las condiciones necesarias para atender un suceso natural o una falla de cualquier tipo, y evitar así un racionamiento o los apagones de luz. Tanto dinero ha sido cancelado que el mismo sería suficiente como para construir dos centrales de generación tan grandes como Hidrosogamoso (820 MW).
La confiabilidad
Para ser más claros hay que ampliar lo anotado. El Cargo por confiabilidad consiste en pagar para que las empresas generadoras de energía tengan una cantidad de energía en firme lista para entregarla al sistema cuando éste así lo requiera. Tal cargo consiste, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas Creg, en “Obligaciones de Energía Firme (Oef), que corresponden a un compromiso de los generadores respaldado por activos de generación capaces de producir energía en firme durante condiciones críticas de abastecimiento. Este esquema debería permitirles asegurar la confiabilidad en el suministro de energía en el largo plazo, todo ello a precios eficientes.
Para estos propósitos, se subastan entre los generadores las Oef requeridas para cubrir la demanda del Sistema. El generador al que se le asigna una Oef recibe una remuneración conocida y estable durante un plazo determinado, comprometiéndose a entregar determinada cantidad de energía cuando el precio de bolsa supera un umbral previamente establecido por la Creg y denominado “Precio de escasez”. Tal remuneración es liquidada y recaudada por el Administrador del Sistema Interconectado (Asic) y pagada por los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (Sin), a través de las tarifas que cobran los comercializadores1 a todos los clientes que utilizan el servicio de energía.
En otras palabras, el cargo por confiabilidad lo cancelan todos los colombianos a los generadores térmicos e hidráulicos por estar disponibles con sus recursos para generar energía. Hoy, que el Gobierno les pide a los generadores térmicos generar y cumplir con los contratos, ellos se declaran en incapacidad para cumplir arguyendo el alto costo de los combustibles, y otras plantas hidráulicas que distintos generadores se comprometieron a tener listas, hoy no lo están.
La presidenta de Acolgén, Ángela Montoya, resume bien el problema, “El asunto aquí es financiero, el diesel está muy costoso y no hace viable la generación”2. Chantaje y estafa. Sin plantas propias del Estado, y ante la evidencia de que futuras condiciones climáticas pueden generar un apagón de incalculables consecuencias, llevan a que el Gobierno se apreste a cumplir las exigencias impuestas por el gremio de generadores, que como un cartel más, defienden sus intereses incumpliendo los contratos, y ante posible pérdida de rentabilidad futura amenazan con no generar si el gobierno nacional no incrementa las tarifas.
Lo que habría que desembolsarles en los próximos meses se estima en unos 3 billones de pesos, una parte de lo cual lo pondrían los generadores, otro el Gobierno y otro porcentaje los clientes.
¡No cumplen con los compromisos adquiridos pero sí hay que pagarles como premio por ello! Hoy, ninguno de los que incumplieron, ni los que recibieron la plata, han recibido sanción alguna; mientras tanto el Ministro de Minas decreta medidas para garantizarles que el negocio de prestación del servicio continúe siendo rentable, a costas de la población, de la industria en general y de las finanzas públicas.
La coyuntura es oportuna para recordar que meses atrás se discutían en el Congreso las razones por las cuales el gobierno nacional pretende vender a Isagen –la segunda generadora más grande del país, con capacidad de generación superior a los 3.032MW–; entonces el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmaba que el sistema eléctrico colombiano era un sistema maduro y que por tanto el Estado podía salir de dicho activo sin que a futuro se afectara a los usuarios. Palabras necias. La realidad es otra, el Estado no está hoy en capacidad de generar la energía requerida por todo el país, y mucho menos cuenta con la voluntad para hacer que los privados cumplan los contratos firmados; contrario a ello, y como cómplice de estafa, procede a decretar medidas contra la población para, supuestamente evitar –de hacerse realidad los pronósticos climáticos– que el conjunto nacional quede sometido en los próximos meses a un apagón sin precedentes.
Es bien conocido por los colombianos que las tarifas implementadas por las leyes 142 (servicios públicos), y 143 (ley eléctrica de 1994) incrementaron los pagos de manera exponencial, sin ninguna reducción en las mismas, ni siquiera en épocas de inundaciones (cuando los embalses botaban agua por doquier). Igualmente, todas las empresas prestadoras de dichos servicios, privadas y públicas, ven crecer año tras año sus utilidades y los dividendos de los accionistas crecen sin sobre salto aún, incluso, ante la presencia de El Niño.
1 Página web de la CREG
2 Elpais.com.co|Colprensa
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