Entre golpes institucionales, perdida de elecciones, reacción e inconformidad popular por la prolongación de las crisis económicas que los afectan de manera notable, manipulación mediática, surge la pregunta por cómo encarar esta etapa que vive Suramérica por parte de los movimientos sociales.
La apertura del juicio político a Dilma Rousseff por el senado brasilero el jueves 12 de mayo del año en curso −más conocido como el impeachment−, es el último de los reveses sufridos en los últimos meses por los llamados gobiernos progresistas. Si nos devolvemos levemente en el tiempo, hasta el 2 de mayo, nos encontramos con la recolección, por parte de oposición venezolana, de 1,85 millones de firmas, en tan sólo cinco días, para la convocatoria de un referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro; y si retrocedemos otro poco, al 21 de febrero de este 2016, la noticia fue la pérdida en Bolivia del referendo constitucional que le impide a Evo Morales la reelección más allá del 2020. A eso debe sumarse la derrota del peronismo −más exactamente del ala kirchnerismo− en Argentina, en noviembre del año pasado, y la asunción a la presidencia, por primera vez, a través de la vía electoral, de un representante de un partido auto-definido como de derecha. En tan sólo medio año, los gobiernos que surgieron de movimientos sociales reactivos a la crisis de los noventa, provocada por las medidas del llamado consenso de Washington, y que abrieron horizontes de esperanza que llevaron incluso a que los analistas hablaran de la instauración de una etapa post-neoliberal, son seriamente cuestionados por una parte nada despreciable de sus poblaciones.
Las razones saltan a la vista: el PIB total brasilero sufrió una reducción del 3,8 por ciento durante el 2015, con una caída de 6,2 del PIB industrial. En el primer trimestre de 2016, la actividad económica experimentó una desaceleración de 1,44 por ciento, y no da muestras de detener su caída, mientras la inflación durante el 2015 alcanzó su mayor nivel en 13 años con un acumulado de 13,7, que si bien cedió ligeramente éste año no alcanza valores menores de dos dígitos. Las cifras de Venezuela son más preocupantes, pues el PIB tuvo una reducción cercana al 6 por ciento y la inflación llegó al 180, en una destorcida de los precios sin antecedentes, agravada por dificultades en la oferta de bienes básicos, que el gobierno achaca a maniobras de la derecha. En Argentina, la inflación está también disparada y el acumulado del 2015 fue del 27 por ciento, aunque en contraste con Brasil y Venezuela su PIB fue positivo y subió 2,1. Este año, ya con el conservador Mauricio Macri en la presidencia, la inflación en abril alcanzó el valor mensual más elevado de la historia con 6,5 por ciento, y un valor anualizado de 40,5. El FMI estima que el PIB anual tendrá una contracción de 1 por ciento, quedando claro quelas convulsiones sociales están enmarcadas en una realidad económica altamente lesiva para los intereses de las mayorías.
Las macro-razones de la crisis regional
Las economías latinoamericanas fueron usufructuarias de un período coyuntural de la economía mundial en el que además del despegue definitivo de la economía china, los excesos de liquidez convirtieron a las materias primas en activos de portafolio de los Fondos de Inversión, elevando sus precios a alturas no conocidas, que terminaron por llevar a las economías exportadoras de la región a una bonanza monetaria sin precedentes. El flujo creciente de divisas y el abaratamiento de las importaciones por unas monedas fuertemente revaluadas, aceleró el consumo de manufacturas y servicios extranjeros, contribuyendo a un aumento de la dependencia externa. El fin de la bonanza, debida a la ralentización de la demanda mundial y la reorientación de los portafolios hacia la renta variable, dio al traste con los precios elevados de las materias primas y apaciguó los vientos favorables a los gobiernos progresistas de la región, o, en el peor de los casos, los hizo soplar en contra. El índice Goldam Sachs de materias primas, alcanzó su valor máximo finalizando 2007 (10.897 puntos), y cae por efecto de la crisishasta una cifra de 3.117 a finales del 2008; inicia un período de recuperación que lo lleva a su mejor guarismo postcrisis en mayo de 2011 con 5.775 puntos, para descender desde ahí a hasta los 1.989 en diciembre de 2015, valor que equivale tan sólo al 18 por ciento de la cota alcanzada en la época de bonanza. El cercenamiento sufrido de esa manera por los ingresos del sector externo en nuestros países, produjo una crisis de divisas que devaluó fuertemente las monedas locales y disparó la inflación por el encarecimiento de las importaciones, que en una sociedad que con una dependencia mayor de las compras externas para el abastecimiento de bienes básicos, terminó agotando la paciencia de la población.
Los medios convencionales han querido explicar los recientes descalabros de los llamados gobiernos progresistas, centrándose en los lugares comunes de la corrupción y la falta de “democracia”. Ahora, el problema de la corrupción no puede dar cuenta de la caída de las reservas ni del descontrol de la inflación, y la pérdida de las elecciones y su aceptación, y la sujeción a los dictámenes jurídicos muestran que el acatamiento de esos gobiernos a las reglas del ordenamiento formal, hasta ahora, ha tenido lugar de manera irrestricta. En ese sentido, el discurso de la prensa corporativa es sesgado y perverso y nada mejor que el caso de México como prueba, donde las dos últimas elecciones no han dejado dudas sobre resultados fraudulentos sin que esos gobiernos espurios sean objeto de satanización, pues la defraudación de la voluntad de los electores se dirigió a favorecer a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, representantes del establecimiento en su más pura concepción, incluida corrupción y nepotismo.
Sin embargo, es claro que pese a que los gobiernos ejercidos por representantes del progresismo buscaron darle a sus países y al subcontinente, en lo internacional, algún grado de autonomía respecto de la sujeción a la que han sido sometidos desde que los Estados Unidos promulgara la doctrina Monroe en el siglo XIX, y en lo interno lograron la nacionalización de los principales recursos naturales y de algunos servicios públicos, así como la ampliación de la cobertura en derechos como educación y salud, e intensificaron la política de subsidios directos al consumo de las personas de menores ingresos, no es menos cierto que no sólo no pudieron escapar del extractivismo como estrategia central, sino que al verse envueltos en una ola de precios elevados de las materias primas profundizaron la dependencia del sector externo, aumentando la volatilidad y la incertidumbre en los resultados económicos.
Es cierto que el intento de escapar a los principios de la visión más fundamentalista del decálogo ultraliberal los convirtió en réprobos del sistema internacional del pensamiento único, y que fueron ubicados en la picota pública de los medios convencionales dominantes dirigidos por las casas matrices del mundo anglosajón, pero, esa no es razón suficiente para explicar el innegable retroceso en el apoyo popular que, en no poca medida, nace de una “aristocratización” de los procesos y de una gran timidez para impulsar medidas realmente rupturistas.
Un entorno sistémico poco comprendido
La estrategia del capital basada en una reducción cada vez más acelerada de los salarios reales −caída iniciada en la segunda mitad de los setenta del siglo XX−, y cuya compensación ha sido buscada, en alguna medida, en los países del centro capitalista, con el endeudamiento de las familias, que suma 40 billones de dólares según el instituto McKinsey −lo que representa cerca del 60% del PIB mundial−, empieza a manifestarse contradictoria con el discurso de la democracia y el bienestar. De otro lado, la atrofia de ciertos indicadores económicos, señala que el punto límite de la internacionalización de la economía −léase profundización de la división internacional del trabajo−, ha sido alcanzado, pues la disminución dramática del transporte físico de mercancías a nivel mundial, reflejada en la caída del Índice Báltico Seco, que de tener un valor de 11.166 puntos en el 2008 hoy es cercano a los 500 puntos, da fe de ello. Sin embargo, desde algunos movimientos alternativos las estrategias y metas planteadas parecen pensadas como si aún nos encontráramos en plena etapa fordista.
El FMI reconoció que la inversión privada en la etapa postcrisis tuvo una reducción del 25 por ciento, en una señal clara que aún frente a los excesos de liquidez mundial, el sector no financiero, ya sea por restricciones en la demanda o por sobrantes en la capacidad instalada, no ve la necesidad de ampliar las unidades productivas ni renovarlas. Los casi 200 millones de parados en el mundo, y los 1.500 millones que tienen trabajos vulnerables son la otra cara de la marcada debilidad de la inversión, por lo que las propuestas de compensar la inversión privada con la estatal gana adeptos. Sin embargo, la esquizofrenia económica es de tal grado que una estrategia keynesiana donde la inversión en infraestructura pública es el motor central tiene que contar con una política fiscal fuerte donde las tasas impositivas a las ganancias sean significativas, pese a lo cual los impuestos al capital y a los capitalistas son cada vez más reducidos.
El impacto de la tecnología es cada vez más fuerte sobre la demanda laboral hasta el punto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) habla con preocupación de que aproximadamente el 57 por ciento de los puestos de trabajo corren el riesgo de ser automatizados en el mundo. El efecto del desplazamiento del trabajo por el capital ha afectado los ingresos de los trabajadores a un nivel tan preocupante, que el debate sobre la necesidad de una Renta Básica ha traspasado las fronteras “izquierdistas” y hoy es materia de discusión en el círculo de organizaciones conservadoras como el Cato Institute, de los Estados Unidos, o la inglesa Royal Society of Arts, Manufactures and Commerce. En Finlandia, a partir de 2017 la Renta Básica será una realidad, mientras que en suiza los electores están convocados para un referendo en junio sobre este asunto y en la región de Ontario –Canadá–, las autoridades públicamente han dicho que van a diseñar un ensayo sobre su aplicación. Estas son señales claras que nos abocamos urgentemente a la necesidad de buscar cambios radicales en las estructuras de la producción y la distribución, tanto del producto como de los recursos, pero eso, para algunos movimientos alternativos, parece aún algo alejado de su comprensión.
De vuelta al pasado
No deja de ser irónico que en Suramérica, la región que muchos consideran dio inicio a la búsqueda de una etapa post-neoliberal, quienes han relevado o buscan relevar a los llamados gobiernos progresistas, invoquen las políticas que provocaron los desastres de finales del siglo pasado, y llamen a los intentos de la vuelta atrás el “regreso a la normalidad” o la “implementación de una economía moderna”. El “caracazo” en Venezuela en 1989, “la guerra del agua” en Cochabamba, Bolivia, en el año 2000, o el “corralito” argentino de 2001 y 2002, fueron reacciones populares a medidas lesivas que hoy nuevamente quieren venderse como salvadoras.
El gobierno de Mauricio Macri que aún no completa medio año, es buen ejemplo de vino viejo en odre nuevo, pues no sólo comenzó gobernado mediante decretos, sino que intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aftic) −con el claro propósito de controlar la información y empezar a derogar la ley de medios− como medidas iniciales en la búsqueda de devolver el reloj a los años noventa del siglo pasado. Pero, además eliminó los impuestos a los grandes exportadores agropecuarios, conocidos como retenciones, y para “equilibrar” las cargas aumentó 300 por ciento los valores a pagar por los servicios públicos, en un clásico «que paguen los que menos tienen». La cancelación de la deuda a los llamados Fondos Buitre, ordenado por un juez norteamericano, para poderse endeudar y supuestamente atraer inversión internacional, no ha generado un solo dólar en el flujo adicional de divisas.
La confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), estimó que entre enero y abril de este año fueron despedidos 120 mil trabajadores, lo que llevó a la oposición peronista a iniciar el trámite en el Congreso de una ley anti-despidos para que con la declaración de la emergencia ocupacional, durante un plazo de 180 días no pueda ser declarado cesante ningún trabajador. La respuesta del gobierno es amenazar con el veto presidencial la aprobación de la ley. Las reacciones de los movimientos sociales no han esperado mucho tiempo, los trabajadores marcharon el 29 de abril y las diferentes organizaciones universitarias el 12 de mayo, reuniéndose por primera vez después de 15 años los seis sindicatos de docentes, junto con los estudiantes, para tomar las calles unidos en la protesta, en acciones que muestran que las tensiones sociales pueden llegar a niveles elevados.
Los movimientos sociales y políticos alternativos deben sacar lecciones de los aproximadamente quince años de intentos de superación del neoliberalismo. En primer lugar, debe ser claro que el “socialismo del siglo XXI” no puede ser igual a subsidios más democracia liberal, donde la participación de las clases subordinadas quede limitada a sufragar periódicamente en las urnas. En segundo lugar, debe entenderse que la profundización de la división internacional del trabajo atraviesa un punto crítico, y que la centralidad del sector externo como estrategia dominante en la política de nuestros países, desde la colonia misma, es un lastre de enorme peso que debe ser eliminado. La búsqueda de la soberanía alimentaria, y en general de mayores niveles de autarquía económica, es una meta necesaria si tenemos en cuenta que el aumento de la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas, genera enormes incertidumbres y enajena la autonomía de las naciones. Eso no significa, ni mucho menos, cerrarse al contacto con los otros pueblos, pues la des-mercantilización, por ejemplo, de las materias primas no renovables, es una tarea que requiere del concurso de la ciudadanía universal.
Hoy, más que nunca, el principio de la glocalización, “pensar globalmente y actuar localmente”, que fue acuñado por lo menos hace dos décadas, nos hace guiños para que sea tomado seriamente, pues ya podemos percibir con claridad que este mundo cerrado físicamente en sus flujos, reclama la revalorización de lo propio como paso necesario y obligado del rescate de lo universal. Movimientos como el de la dieta-100 millas (160 kilómetros), que consiste en no consumir alimentos cosechados a distancias mayores, no por el prurito del regionalismo o el nacionalismo, sino porque el costo energético de recorridos superiores es altamente contaminante, es un buen ejemplo de lo que significa ser glocal. Ser radical en la actualidad implica, entonces, combatir el consumismo y el eficientismo, por lo que bien vale preguntarnos ¿los movimientos alternativos, realmente están sintonizados con las exigencias de la superación de la crisis civilizatoria que vivimos?
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