La noticia no traspasó de la indiferencia y expectativa a la alegría en la gran ciudad, y no dejó rastro en muchos municipios. Necesarios meses y semanas, hasta que llegó otro 23. Esta vez, un día después. El 24 de agosto tras un carrerón, fue la firma del “Acuerdo final…” que termina el conflicto entre Gobierno y Farc. Eso sí, con un saldo que ya anuncia: sospechas y persecución bancaria, Esmad por todo el país, amenazas, intimidación, atentados y muerte de dirigentes sociales.
En círculos cercanos a la negociación de la guerrilla, sorprendió el anuncio. Era bien conocido que, a pesar de los avances y el irreversible desenlace con estilógrafos, y del deseo de “dos mesas un solo proceso” que resultó distante, aún estaban por aclararse no menos de 40 items de reivindicaciones políticas y económicas históricas causantes del conflicto, que en el curso de los cuatro años de negociación, entre uno y otro acuerdo parcial, quedaron pendientes de aclaración. Forcejeo en la mira de rebajar una absolución histórica de sus crímenes de estado y políticas de hambre que intenta la oligarquía, y por reivindicación incluyente de los territorios insurgentes y resistentes.
Sorprendió y asombra la noticia mucho más, en tanto la firma estampada en La Habana, es la luz verde para que el Gobierno culmine el trámite e incorporación constitucional de lo acordado, y proceda con su anunciada reforma tributaria. Cascada de impuestos que no consideraba conveniente presentar antes del anunciado plebiscito. Es decir, sorprende un acuerdo que salva al Gobierno y descarga sobre las Farc el espacio que no tiene el establecimiento, para imponer a las mayorías nacionales más cargas tributarias. ¿Por qué actuaron así las Farc? ¿Por qué Timochenko aceleró y no manejó uno o dos meses más de tiempo, sin bordear 2017?
Las Farc admitieron un embalaje final, ¿centrados solo en sus intereses? El paso de los días confirmará, no sólo en este aspecto, sino, en lo concerniente con todos y cada uno de los tópicos acordados, hasta dónde la guerrilla tiene compenetración, más que con las angustias populares, con su aparato. ¿Hace falta saber, qué presiones pudieron caer sobre Farc y sobre el propio Gobierno? Por supuesto, de dificultad política y económica sobre la situación del país y las espaldas de la gente.
Semanas antes de la firma, diversas fuentes informaban que la negociación entre Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, de una parte, e Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Pastor Alape de la otra, avanzaba punto por punto. Revisaban con mucho cuidado y lentitud, cada renglón y texto frente a texto de los aspectos pendientes. Así las cosas y su mecánica, todo indicaba que la negociación se prolongaría. Por aquellos días, de alguna manera, la cabeza de la negociación oficial declaró al respecto que es mejor avanzar con cosas claras, que dejar problemas. Sin embargo, algo le torció el cuello al procedimiento.
Dentro de las discreciones y cautelas alcanza a salir a la vista, el contenido de tres intervenciones: 1. Un tono enfático por parte de Bernie Aronson, delegado de los Estados Unidos para estos diálogos, en el sentido de que el Plebiscito debía suceder antes del 8 de noviembre, día de la elección del reemplazo de Obama –un triunfo de Trump podría entorpecer la agenda que baraja el norte en el continente. 2. La variación que hubo en los equipos negociadores: Con la canciller María Ángela Holguín en papel preponderante, y la mano de Álvaro Leyva, que intervino como puente entre las partes para ganar una redacción a mayor ritmo, con un diligente José Santrich. El pasado lunes 12, Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Paz, expresó por radio que “Leyva se remangó” en los momentos definitivos. 3. Informes que confirmaron al Presidente que la opción por el No tenía cada día más fuerza, tendiendo a ser irreversible. Firmar rápido, neutralizaría tal proyección. Esta realidad trasladó a la Mesa de negociación al ministro del Interior.
Sabores amargos
En el empeño por rectificar y replantear una opción de gobierno y poder, dadas las condiciones y desventajas de correlación política del movimiento revolucionario y popular en Colombia, la lucha social y su dinámica de calle no puede depender del interés orgánico de una guerrilla y de un proceso de negociación. Mantener o repetir la visión política que somete la movilización y los objetivos sociales a los intereses del partido, en este caso de un ejército que también tiene su partido y su frente, reproduce un craso error que en todo el continente y mundo en general ha dejado amargas lecciones.
Es conocido que tras una agenda y directriz centrada en la defensa de los diálogos de La Habana, las Farc incidieron sobre diversos sectores estudiantiles, campesinos y de la solidaridad política, para bajarle intensidad a la conflictividad social: El ritmo en que cayó la Mane, uno, y el quite hecho a la pasada Minga indígena, campesina, étnica y popular, dos, son hechos protuberantes que confirman tal equivocación.
La perspectiva y concreción de los acuerdos en territorios que las Farc considera como Zonas de Reserva Campesina, y la contraparte áreas de explotación privada y ampliación de la frontera agrícola, sitúa en tamaño real las contradicciones y tensiones que pondrán afán a los movimientos sociales, durante los tiempos que se avecinan. Contradicciones que ya marcan paralelo con diversas agendas sociales por la paz completa, entre ellas la liderada por la Mesa Social para la Paz.
Estas contradicciones en el seno de los sectores populares, y entre acumulados de diversas organizaciones de izquierda, parece que aumentarán en los meses por venir, toda vez que el afán de las Farc será concretar de la mejor manera, y en pro de sus propios intereses, los acuerdos habaneros. De este avance depende, en buena parte, su estrategia política futura, centrada en las elecciones del 2022. Contradicciones que serán atizadas desde el establecimiento. A la par, intervendrán sus fuerzas paralelas, asesinando por aquí y por allá. La lista de activistas y líderes caídos en las últimas semanas, bajo el accionar de sus armas, así lo certifica (ver “La andanada ya empezó”, pág. 7). Unos golpes y acciones que deben llamar la atención del conjunto social y sus nuevos desafíos, en el camino y recomposición del campo popular. ¿Permitirá este sector social que el paramilitarismo perpetre otro genocidio social?
El reto social no solo es resistir, hay que ir mucho más allá, hay que ganar la inciaitiva. Y para ello hay que proponer con visión del tiempo por venir. Por ello, relacionados con la profundización y el cumplimiento de los Acuerdos y la definición de una Plataforma social para la paz con los diferentes soportes regionales, bajo el contenido de Otra democracia que sí es posible como modelo económico, régimen y poder; en la participación popular y la tarea social, aparecen como necesidades:
Proyectar una acción desde ya, contra la Reforma Tributaria, y el paquetazo legislativo que presentará el Ejecutivo a favor de concentrar más poder en sus manos;
Llevar a la picota el Código Nacional de Policía, limando los poderes que acaban con la privacidad y el derecho a la protesta social;
Determinar una acción de alerta, informativa y neutralización social, de la contraofensiva del poder nacional y sus afirmaciones regionales con instrumento de derecha extrema.
Lograr el consenso social suficiente para la revocatoria del Alcalde la capital del país.
Sintonizar todas las fuerzas alrededor de estos, y otros propósitos que le permitan a los negados de siempre ganar el necesario liderazgo social, es indispensable para que se doten de un proyecto propio, condición fundamental para trazar fronteras con un establecimiento que impone las consignas y los ritmos de la política en todos sus niveles. Actuar así, evitando que las elecciones del 2018 lo dividan, es la condición fundamental para que en el mediano plazo la iniciativa llegue a otros escenarios y otros sujetos.
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