La organización Amigos del Agua presentó el pasado mes de mayo el informe sobre el estado de este precioso líquido en nuestro continente. Son evidentes las prácticas de despojo y robo auspiciadas por los gobiernos para beneficiar a poderosos sectores económicos, en detrimento de comunidades, llevando al límite a los ecosistemas. Colombia debe proseguir la lucha contra el sector minero energético y por el reconocimiento de los acueductos comunitarios.
Del agua existente en nuestro planeta, la dulce sólo representa el 2,5 por ciento. Y dos tercios de ella se encuentran en los glaciales. Su disponibilidad en el mundo, en relación con la población, presenta distintas realidades para cada continente (ver gráfica). Claramente es distinta la situación de Asia a la de Sur América. Pero en general un cuarto de la población vive en zonas con estrés hídrico, es decir uso restringido de agua por calidad. Esta distribución contribuye al reporte anual de 150.000 muertes asociadas con enfermedades hídricas, de las cuales el 85 por ciento afecta a menores de cinco años. Para agravar aún más la situación, es evidente que la calidad del precioso líquido está afectada por la contaminación industrial, como lo reconoce la misma ONU.
En América Latina, la escasez de agua es inducida tanto por su mal manejo como por contaminación. Inducida por el capital corporativo que la privatiza, actores poderosos toman control de las aguas mientras poblaciones enteras no reciben ningún beneficio. Este modelo privatizador se configura a través, entre otros esquemas, de las llamadas asociaciones público privadas facilitadas para su configuaración por los préstamos de instituciones financieras internacionales. Asociaciones para adelantar explotación minera o grandes obras de infraestructuras, especialmente hidroeléctricas, cuya construcción terminan por afectar amplios espacios naturales. Los impactos derivados de las actividades extractivas e industriales también son de gran envergadura.
El informe “Estado del Agua en América Latina y el Caribe” realizado por la organización Amigos de la Tierra, con presencia en variedad de países y regiones del mundo, presenta en esta ocasión la situación que sobre el particular afecta a América del Sur, tomando como referencia a Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay; y en Centroamérica a Honduras, Guatemala y El Salvador.
Situación nacional
El informe nacional presentado por Diego Andrés Martínez Zambrano de Censat Agua Viva, ratifica que se acapara el agua de comunidades locales generando una distribución injusta, que afecta de manera notable a las poblaciones más empobrecidas.
Sin duda, Colombia vive en un gran ecosistema hídrico afluente del Amazonas y el Orinoco, bañado por grandes ríos como el Magdalena y Cauca que lo atraviesan junto con muchos otros que fertilizan la vida. También por el gran número de páramos, lagos y arroyos que hacen parte de nuestros paisajes. Pero para el conjunto de la población asentada en su extenso territorio, la posibilidad de acceso no es homogénea. Por zonificación hídrica, la demanda de regiones entre Cauca-Magdalena concentra cerca de la mitad (44.5%), en comparación con la Amazonía cuya población es del 2.3 por ciento y que cuenta con un 37% de disponibilidad.
Estos ecosistemas han enfrentado intempestivos y bruscos cambios, entre fuertes inviernos desbordantes hasta tiempos extremadamente secos. Según el Ideam un año seco podría reducir la disponibilidad del agua en un 42 por ciento. Los desequilibrios del consumo se acentúan más, por ejemplo la concentración del corredor Cauca-Magdalena se debe a la densidad poblacional de Bogotá y municipios cercanos, a las grandes actividades agroindustriales de caña de azúcar en el Cauca y a las inmensas extensiones de palma de aceite en la región media del Magdalena.
Al establecer la distribución por actividad económica, resalta que la agricultura es la que demanda mayor cantidad de agua, con segundo renglón para la generación de energía que supera a la unión entre los dos siguientes sectores (pecuario y doméstico). Por último está el sector de hidrocarburos y minero, con su capacidad de contaminación por vertimientos de químicos. Por ejemplo, la extracción actual de oro implica verter al agua cada año 205 toneladas de mercurio. Se puede acusar por este daño, de manera exclusiva, a la minería ilegal y olvidar la dramática situación que se vive en la Guajira donde, tras décadas de explotación de el Cerrejón, lo único que queda es muerte y miseria.
Hay que resaltar que esta es la mayor explotación mundial de carbón a cielo abierto, que cubre 69.000 hectáreas en la cuenca del Rio Ranchería, fuente hídrica de gran importancia para la región. La multinacional allí instalada se apropia de 17.000 metros cúbicos diarios de agua utilizados para apaciguar el polvo de carbón en el aire, 25 litros de agua por segundo desperdiciados ante la sed de los 4.151 niños muertos entre 2008-2013. Las comunidades denuncian que entre ocho a diez quebradas han desaparecido por el impacto de la explotación carbonífera.
El agua que tenemos en el país se destina para lucrar negocios. El conjunto de la oferta total de agua superficial para consumo humano solamente representa el 22.6 por ciento. Sólo el sector ganadero puede demandar en un año cerca del 6 por ciento del volumen de agua. La agricultura industrial, además de demandar más agua tiene un factor adicional: la huella hídrica azul, es decir el agua de ríos y lagos que no retornará a sus fuentes. Huella que está concentrada en tres monocultivos: plátano, caña de azúcar y palma de aceite, que en conjunto representan el 70 por ciento del sector.
Para el caso de las hidroeléctricas –segundo reglón de demanda hídrica–, que concentran en pocas concesiones grandes cantidades de agua (ver gráficos), afectan negativamente los territorios y su pobladores por causar inundaciones en tierras fértiles, generar desplazamiento forzado de familias campesinas y ribereñas, pérdida en la capacidad de pesca y especies reofílicas (animales con comportamiento migratorio que responden a estímulos medio-ambientales, como los regímenes de lluvias) y aumentar la inseguridad alimentaria. Incluso la construcción de represas ya cambia el ciclo de agua, afectando su calidad.
Este modelo de ocupar e intervenir el territorio no respeta ninguna fuente hídrica, entre ellas los 36 sistemas de páramos que ofrecen el 70 por ciento del agua dulce con que cuenta Colombia. Actualmente en todos ellos existen procesos de solicitud de títulos mineros, los que suman un total de 444. Es más, los títulos mineros activos en 2015 representaron el 4.5 por ciento del territorio nacional según datos propios de la Agencia Nacional Minera.
¿Política pública para quién?
El Estado colombiano privilegia el uso corporativo de agua; su ineptitud ha llevado a que en 65 cabeceras municipales sufran desabastecimiento, no por poca disponibilidad sino por falta de infraestructura para la captación y conducción de aguas. Del número de concesiones de agua, el 59 por ciento pertenecen a usuarios con volúmenes menores a 100.000 metros cúbicos –que representa tan sólo el 13 por ciento del volumen asignado. Una distancia abismal con los que más consumen, el 1.1 por ciento de grandes usuarios se lleva el 62 por ciento del volumen del agua del país.
Un modelo que diseña políticas públicas para la privatización, dispuestos a desconocer la gestión ancestral y comunal: 12.000 acueductos comunitarios que suministran agua potable a cerca del 40 por ciento de las poblaciones rurales. Dichos territorios denuncian que les quieren imponer modelos que afectan sus derechos frente al manejo del agua. Es posible pensar que muchos acueductos tengan mayores problemas en un futuro ante los numerosos y costosos requerimientos que las CAR les impongan so pena de cancelarlos. El panorama muestra que el espíritu que animó el referendo por el derecho al agua, negado por el Congreso, debe prevalecer para así mantener y ahondar la lucha por el derecho a este líquido vital.
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