El año 2017 no dejó beneficios para los marginados, aunque sí enseñanzas; entre el incumplimiento de sus compromisos firmados con diversidad de movimientos sociales y el direccionamiento económico de acuerdo con la regla fiscal, con el favor del gobierno los ricos prosiguen abultando sus bolsillos, apropiando sólo para ellos lo producido por las mayorías nacionales.
El año 2017 fue fuerte en protestas en Colombia: más de 100 movilizaciones sociales con eco nacional y 44 consultas populares así lo atestiguan. De las primeras, las acaecidas en Buenaventura y el Chocó (territorios con historia y población común), desprendieron los ecos más fuertes sobre el conjunto nacional; de las segundas, las votaciones a través de las cuales en nueve municipios dijeron no al extractivismo minero sobresalen por su significado y potencial.
Desde el establecimiento
El presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de final de año (31 de diciembre), afirmó que el 2017 fue de transición en términos de paz, economía, sociedad y política; enfatizando que su gobierno trabajaba para que la paz fuera un “árbol frondoso que diera sombra a todos” y admitiendo que su mandato no ha sido ni es perfecto, pero que en los 7 meses que le quedan seguirá trabajando para garantizar una vida mejor a todos los que aquí habitamos.
En su discurso, claro está, dejó a un lado el coletazo de la reforma tributaria, cuyos efectos comprimieron al extremo la economía y las posibilidades de sobreviviencia en infinidad de familias populares de todo el país; tampoco aludió a las más de 200 mujeres muertas por violencia feminicida, ni a los operativos del Esmad que dejaron un rosario de heridos por todo el país, así como varios muertos; menos aún aludió a los 63 líderes y lideresas que perdieron la vida por defender lo justo, como tampoco recordó los falsos positivos judiciales y los miles de jóvenes para los cuales es cada vez más difícil ingresar a la educación básica y universitaria.
Es extraña la manera de ver la realidad de quienes detentan el poder, su prisma funciona de manera similar a la ley del embudo: acercan al ojo la parte ancha del utensilio, de suerte que su visión se reduce para ver solo lo que quieren observar, lo demás no existe –o al menos así lo consideran y quieren que el resto de connacionales también reduzcan su visión–, es por ello que afirman que su gestión es impoluta así la realidad indique lo contrario; es por ello que Santos tampoco retomó los incumplimientos de su gobierno con lo firmado con diferentes movimientos sociales tras las duras luchas que estos se vieron obligados a entablar en diversos territorios nacionales para obligar a los de arriba a respetar los derechos básicos y fundamentales de los de abajo.
¿Derramamiento de sangre?
Cada año, el Gobierno y su modelo, dan razones suficientes para que las comunidades decidan irse a la protesta, al paro, salgan a movilizarse y accionen jurídicamente para hacer respetar sus derechos fundamentales. Protesta que no es fácil concretar: los esfuerzos por parte de los actores alternativos para ganar el consenso social a favor de la resistencia activa son grandes, sobre todo en tiempos en que las comunidades están dispersas, algunas despolitizadas, vulnerables ante el accionar intimidatorio o violento por parte del Estado colombiano.
Es así, por medio de la violencia institucional y los incumplimientos de lo firmado, como quien termina su mandato en agosto próximo demostró a lo largo del 2017 que no está dispuesto a poner en riesgo los intereses políticos y económicos de los dueños del país, así tal decisión les cueste la vida a miles de colombianos. Dando fiel evidencia de los intereses que representa, abrió mayores canales de inversión para que el capital nacional e internacional profundice su presencia, esta vez en territorios que por décadas estuvieron, como efecto de la guerra, por fuera de la economía capitalista. Lo que vendrá en los próximos años será una lluvia de dólares y euros por efecto de los cuales miles de campesinos se verán obligados a continuar monte adentro o emigrar a los cascos urbanos de sus municipios a las capitales del departamento.
Al tiempo que esto sucede, la guerra contra las drogas mantendrá en su foco a los pequeños cultivadores, mientras los industriales del ramo siguen en la sombra, favorecidos por la banca, la industria y el comercio, vías para el lavado de sus fortunas.
Es todo un contubernio entre los poderes económicos, político, militar, nacional e internacional. Contubernio que favorece la dilación de la investigación que pesa sobre su gobierno por haber aceptado los dineros provenientes de la multinacional Odebrech, los que potenciaron sus campañas electorales que lo llevaron en dos periodos consecutivos a la Casa de Nariño.
Mientras esto sucede y pese a lo expresado el 31 de diciembre en cadena nacional, los pronósticos para 2018 no son los mejores, no hay duda: en su primera semana se registró el asesinato de dos líderes sociales ¿año nuevo, muerte segura?
Muerte que desde ya anuncian lo que recurrentemente ocurre en Colombia cada que hay campaña electoral con proyección nacional, acontecer que pondría al filo la débil paz hasta ahora lograda: de ahí que nos preguntemos: ¿tendremos un frenesí de violencia –popular– en el curso de la coyuntura electoral que marca el primer semestre del año que ahora empieza a dejar pasar sus horas?
Recuadro 1
Algunos retos al frente
El afán de expoliar aún más el bolsillo popular late entre los gremios que reúnen a los dueños del país, de ahí que sus propuestas para supuestamente “mejorar la economía nacional” retomen las medidas que ya están en marcha en Brasil, Argentina y otros países que siguen a ojo cerrado las recomendaciones de los organismos multilaterales: reformar las pensiones –aumentando la edad para acceder a la misma, así como las semanas por cotizar–; poner en marcha una nueva reforma tributaria y privatizar todo bien público que aún permanezca como tal (¿seguirá otro porcentaje Ecopetrol en la lista?).
Dicen por ahí que al que no quiere sopa le dan dos tazas. Pues bien, si el conjunto social no logra reunirse como una sola voz en el año que empieza, los oligarcas cumplirán con sus propósitos, ahora, o en el 2019, o en el 2020, o en el año que sigue, concretando una de las dos medidas estructurales que pretenden, o las dos, y continuarán con otras privatizaciones.
El reto que tienen ante si los excluidos y negados, los que trabajan por cuenta propia, pero también los contratados a término indefinido o por años, además del resto del país nacional, es cerrar el paso, como un solo cuerpo, a éstas y otras medidas de tufillo oligárquico.
En las semanas que siguen, de intensa campaña electoral, todos los candidatos a la presidencia, unos y otros dirán que no ejecutarán estas reformas, pero con seguridad una vez elegidos procederán por vía contraria. Ante el canto de las sirenas, como Ulises, hay que taparse los oídos, en este caso con los tapones de la experiencia. El modelo es uno sólo, por ello quien entre a administrar el establecimiento está sometido a las decisiones del capital internacional y los intereses de sus aliados criollos.
¡No pasarán!, hay que decir desde ahora.
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