El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.
desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.
da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.
da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.
da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.
Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.
da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.
da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.
da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.
da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,
da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.
Más derechos en peligro
da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.
Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.
da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.
da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.
Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.
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