La posibilidad de sobrepasar la frontera de verdad sobre el conflicto armado está en los archivos del Estado, verdadero cofre protector de la impunidad, de los impulsores de la guerra contra la sociedad colombiana, así como de los autores intelectuales de miles de crímenes.
Con la renuncia del secretario ejecutivo de la Justicia Especial de Paz –JEP–, Néstor Raúl Correa, dada a conocer el 3 de abril, el tema de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate nacional. Con su salida de la JEP, Correa dejó entrever que el acceso a este tipo de documentación es uno de los puntos de mayor controversia entre las instituciones del Estado, el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (en adelante Sivjrnr1) acordado en La Habana, y las organizaciones sociales y de derechos humanos.
Precisamente la salida de Correa, entre otras razones, estuvo ligada al poco respaldo recibido por la presidencia de la JEP, precedida por la magistrada Patricia Linares, y de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, a su solicitud de decretar medidas cautelares sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS– que hoy reposan en el Archivo General de la Nación –AGN–. Situación que avivó de nuevo las brasas del debate sobre la necesidad social de acceder a los archivos oficiales del Estado, como posibilidad de conocer de manera más profunda y compleja el pasado reciente de nuestro país y su conflicto armado.
En un momento de cierre de la confrontación armada entre las Farc y el Estado colombiano, la posibilidad de conocer mayores grados de verdad sobre lo sucedido en estas décadas de guerra, permitiendo con ello un efectivo derecho, por parte de las víctimas. a la justicia y a la no repetición, está estrechamente ligado al acceso a la información que reposa en los archivos de inteligencia oficial. Allí puede encontrarse la ventana hacia el reconocimiento de actores, prácticas, métodos y estrategias desarrolladas en el ejercicio de la guerra interna, que de otra forma podrían permanecer en la impunidad.
De hecho, los pocos archivos oficiales de las Fuerzas Armadas hoy públicos, gracias a investigaciones históricas como las adelantadas por el padre Javier Giraldo, han develado varios manuales contraguerrilleros del Ejército Nacional que, orientados por los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, presentan una concepción de enfrentamiento al “enemigo interno”, entendiendo por tal a los opositores políticos del Estado en las pasadas 6 décadas, confrontados desde prácticas y nociones ilegales, y en directa contravía de la garantía a los derechos humanos.
Ante esta situación, algunas instituciones de la transición política como la JEP, la CEV y la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas, se presentan como una oportunidad real para acceder a ese tipo de información, pues los mandatos que las originaron demarcan expresamente la garantía de dicho acceso, pero también porque de no conseguirlo su tarea de presentarle a la sociedad colombiana una reconstrucción jurídica e histórica del conflicto armado, que amplíe los márgenes de conocimiento y verdad hasta ahora alcanzados, terminará en el fracaso.
Sin embargo, el acceso a este tipo de archivos no pasa exclusivamente por la intención de los funcionarios de estos organismos, hace falta que la voluntad política del Estado, y por supuesto de sus instituciones de seguridad e inteligencia, trasciendan lo consignado en el acuerdo del teatro Colón, reflejándose en disposiciones legales e institucionales que así lo posibiliten. De hecho, el ambiente nacional e internacional ante esta posibilidad es cada vez menos alentador: varias organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, y la propia ONU, han alertado en reiteradas ocasiones y desde hace varios años, la necesidad de una acción de depuración de los archivos de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares, sin atender a las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia2. A lo que se ha sumado la negativa castrense de atender a los pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh– y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para que depuren y abran sus archivos que vienen haciendo desde hace ya varios años.
Las perspectivas son incluso más desalentadoras si se contempla el anuncio del Ministro de Defensa del 18 de abril pasado, donde comunicó el cierre de la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta –Rimec– y del Comando Conjunto de Inteligencia –Cconi–, columna vertebral de la inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, sin que se sepa la razón de esta reorganización estratégica ni qué pasará con sus archivos.
La experiencia histórica en otros países también agudiza las perspectivas: la Comisión de la Verdad de Sudáfrica reconoció que durante los años 1994-1997 fueron destruidos sistemáticamente miles de archivos sobre el apartheid. Igual suerte corrió la Comisión de la Verdad de la ONU sobre El Salvador a la que se le negó el acceso a los archivos oficiales de seguridad. Por su parte, la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala también se vio obligada a desarrollar su informe sin acceso a los archivos de inteligencia que sólo y por azar aparecieron años más tarde.
De hecho, en varios países fue el azar o la persistencia de la justicia u organizaciones de la sociedad civil lo que permitió que ese tipo de documentación pudiese ser conocida. En 2005, y por causalidad, 80 millones de folios de la Policía de inteligencia guatemalteca fueron encontrados cuando algunos vecinos pidieron a la propia Policía revisar una casa por la posible presencia de explosivos. En Paraguay, los archivos secretos de la Policía durante la dictadura de Alfredo Strossner, conocidos como Los archivos del terror, fueron hallados sólo tras un allanamiento ordenado por dos jueces de ese país a las instalaciones del Departamento de Producción de la Milicia de Asunción en 1992. Otros archivos de inteligencia de gran valor histórico para América Latina han sido conocidos gracias a su desclasificación por parte de organizaciones como The National Segurity Archive –NSA–, que permitió el conocimiento de documentos como El Diario Militar de Guatemala, que contenía un listado de personas asesinadas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad, junto a un diagnóstico de organizaciones consideradas como auxiliadoras de las guerrillas; lo mismo sucedió con El Libro Amarillo de El Salvador, que condensaba el listado de personas detenidas, desaparecidas y asesinadas por parte de las fuerzas oficiales en ese país durante el conflicto armado.
El marco normativo que hoy rige el Sivjrnr, fruto de la lenta implementación del Acuerdo de La Habana, es un reflejo de la poca voluntad política que existe para permitir el acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia estatal. Aunque decretos como el 588 de 2017 que rige la CEV –declarado exequible por la Corte Constitucional–, facultan a los comisionados para requerir la información necesaria a cualquier institución pública (Artículo 16) para llevar a cabo sus funciones, máxime al tratarse de información relacionada con violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), también establece que la forma de hacer real dicho acceso debe estar ceñido a las normas y leyes vigentes, conllevando una traba de facto a esta posibilidad.
En Colombia existen por lo menos cuatro leyes que reglamentan el acceso a la información oficial del Estado, pero dos de estas condensan la tensión política que este tema supone: la Ley de inteligencia y contrainteligencia (1621 de 2013) y la Ley de transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014). Basadas en la primera de éstas las Fuerzas Militares han entendido que toda su información es de carácter reservado o clasificado, mientras que la segunda, al basarse en el principio de divulgación, supone que toda información de los funcionarios públicos es de carácter público, salvo si se demuestra que es más peligroso hacerla pública, lo que en concreto significa la imposibilidad de acceder a ese tipo de archivos.
La CEV, que hoy se encuentra en su fase de pre alistamiento no la tiene nada fácil, tendrá que recurrir a los principios internacionales de acceso a la información consagrados por La declaración universal sobre archivos y principios Tshurane y los Principios internacionales de lucha contra la impunidad de la ONU, que reconociendo el derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho a las víctimas a saber, presentan alternativas de desclasificación donde la información que se considera que aún puede poner en riesgo la seguridad nacional sea “censurada” de los documentos y se permita el acceso a versiones “públicas” de los mismos, para poder revisar tal información.
Pero además, la CEV, junto a la sociedad colombiana, deberá buscar que la voluntad política del Estado y las Fuerzas Militares se inclinen por acoger tales principios, acompasen su mentalidad con el momento nacional, y le permitan conocer al país la información sobre el conflicto condensada en sus archivos, que pueden ampliar la frontera de verdad y conocimiento sobre el pasado reciente, con el que hoy contamos. No hacerlo solo supone la venia a lo que intuitivamente y por medio de algunas investigaciones, movimientos sociales y académicos han logrado filtrar y denunciar de las violaciones a los derechos humanos e infracciones del DIH por parte del Estado, que seguramente están documentadas en dichos archivos.
1 Este sistema está conformado por la Justicia Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición –CEV–, y la Comisión de búsqueda de personas desparecidas.
2 Está Comisión entregó su informe el 21 de julio de 2016 pero se vio forzada a adelantarlo sin acceder a los archivos de inteligencia, debido a la negativa de las Fuerzas Militares, por lo que el mismo se limitó a lineamientos teóricos y metodológicos que, sin embargo y hasta el día de hoy, el Presidente se ha negado a difundir.
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