Aunque no corresponde con las dinámicas históricas que nos indican que entre año y año no hay ruptura alguna y que lo que tenemos entre uno y otro mes (diciembre-enero) es continuidad (a no ser que en ese preciso momento del calendario ocurra algo extraordinario, como sucedió el 1º de enero de 1959 en Cuba), pese a ello las dinámicas culturales de nuestras sociedades han terminado por imponer el imaginario de que cada año trae su agenda y sus prioridades.
En esta lógica, el año hereda las luchas de movimientos sociales como los docentes de secundaria por su sistema de salud, así como por el cumplimiento por parte del Estado de la agenda firmada por el gobierno Santos. En los meses finales de 2018, Fecode trató de movilizar sus fuerzas, como precalentamiento para la disputa que les espera, sin lograr sintonía con sus bases. Tal vez el cansancio de un año de labores y el deseo de salir a vacaciones produjeron este resultado. Los primeros llamamientos de 2019 indicarán hasta dónde irá esta confrontación.
Con un recuerdo fresco de las hojas del calendario caídas hasta el pasado 31, también está la agenda firmada entre las comunidades indígenas y el anterior gobierno (en sus dos períodos). Como las denuncias de incumplimientos por parte de los pobladores del campo son constantes, ¿estarán dispuestos a copar autopistas como un recurso último para hacer valer lo firmado? ¿Estimulará su posible acción, o su pasividad, la decisión que tomen frente a la agenda electoral citada para octubre en todo el país?
Como habitantes del campo, en su mayoría campesinos, los raspachines y quienes tienen sembradas en su minifundio unas cuantas cuadras de coca están avisados de que este año, cada vez con más presión, desde el alto gobierno se operativizarán sus efectivos para erradicar por la fuerza estos sembrados, incluido el glifosato. ¿Presenciarán este suceso con pasividad los pobres del campo? ¿O revivirá en el sur del país el movimiento cocalero que años atrás se enfrentó a las políticas de erradicación inconsulta para hacer cumplir lo que sobre el particular quedó establecido en los Acuerdos de La Habana?
También con asiento rural, y producto de la decisión de los entes judiciales de que las consultas populares no tienen poder para impedir que la explotación minera tome cuerpo en uno u otro municipio, sometiendo así a los pobladores de gran parte del país al despojo, el desplazamiento; la contaminación de sus aguas, la tierra y el aire; la imposición de un modelo de desarrollo que no comparten, etcétera, queda abierta para esta parte de la agenda social de carácter alternativo el recurso de concentrar fuerzas y centralizar agendas. ¿Tomará cuerpo una coordinadora de todos los territorios afectados por tal decisión? ¿Optará esa coordinadora, de constituirse, por confrontar en las autopistas al gobierno nacional, como último recurso en procura de hacer valer la soberanía municipal sobre la nacional?
Las luchas universitarias, para ponerle coto a la desfinanciación de sus centros de estudio, produjeron unos resultados resumidos en el acuerdo firmado con el gobierno Duque en diciembre pasado, cuya valoración es motivo de polémica, y la decisión que sobre el particular tomen los actores sociales será noticia nacional en lo que resta de enero. Pero, más allá de tal particularidad, está a la orden del día el trabajo de potenciar el debate sobre la necesidad de una Universidad –y educación superior en general– gratuita (ver págs. 5-11), como concreción del esencial derecho humano al estudio, de mayor nivel y calidad, de acuerdo con los avances que la sociedad va conociendo. ¿Asumirá este reto el movimiento estudiantil como un solo cuerpo? ¿O, fracturado, producto de las decisiones que tome en las asambleas por celebrarse en estos días, una parte del mismo optará por una agenda pública de amplia actividad y otra por hacerle seguimiento al cumplimiento de lo acordado? ¿Qué sintonía encontrarán una y otra agenda, posibles, en la opinión pública?
El desangre del activismo social va pasando de goteo a chorro; a los centenares de activistas asesinados a lo largo de 2018, se suma la decena de los primeros días de enero, contados familiares de los mismos. Como todo año electoral, la acción promete no detenerse: es una acción abierta y despiadada por el control territorial, en lo cual también pesa el Acuerdo firmado con las Farc –como forma de violarlo–, así como la negociación rota en la práctica entre Gobierno y Eln, la que ahora tenía por asiento a La Habana. ¿Soportarán los movimientos sociales este desangre con denuncias y demandas legales? ¿Vendrá –o se incrementará– el exilio como recurso expedito para salvar la vida de algunos o muchos de quienes viven en zozobra ante las amenazas de supuestos grupos paramilitares? ¿Acudirán las organizaciones defensoras de Derechos Humanos a las instancias internacionales para denunciar al actual gobierno como genocida? ¿Potenciará la acción asesina, en contra de exguerrilleros de las Farc, el crecimiento de sus disidencias? ¿Es esto último lo que buscan quienes están detrás de la acción violenta, como táctica política para denunciar el incumplimiento de lo acordado por parte del otrora grupo insurgente?
Las agendas, como se ve, son continuidad de 2018 y mucho más atrás, pues en realidad la lucha por los derechos fundamentales de las mayorías marginadas se prolonga por décadas, viviendo en períodos específicos de las mismas alzas y bajas, o flujos y reflujos.
Como se puede ver, todas ellas son fundamentales para la vida –para sobrevivir– pero también para gozarla en dignidad, así como para trascender la democracia realmente existente Y todas ellas demandan que dejen de ser asuntos particulares de sus dolientes, para ser parte de una agenda nacional, coordinada, que las asuma como ingredientes de un proyecto de gobierno alterno, más allá de lo institucional, comprendiendo que sólo desde una agenda alternativa, no determinada por el inmediatismo ni por la institucionalización, es posible salir victoriosos de la arremetida oficial.
Queda en todo caso la preocupación de que el único aspecto de la agenda nacional, propio de este año, las elecciones territoriales por celebrarse el próximo 27 de octubre, como efecto del afán por lo estatal que ahora domina entre los sectores alternativos, termine por subsumir y opacar el resto de la agenda social, en ello, los aspectos relacionados pero también otros aquí no enunciados.
Como sabemos, la acción electoral es una gran exigente de energía y recursos de todo tipo. Tomar la decisión de que uno u otro activo de un proceso social asuma la candidatura para cualquier puesto de la administración pública implica reuniones de toda clase, en una primera instancia para lograr acuerdos y compromisos con sus pares y similares, y en una segunda y tercera etapas para dar a conocer propuestas y ganar apoyos ciudadanos. Todo un esfuerzo, descomunal, que no por ello –de salir airosa en sus propósitos– garantiza algo efectivo para la sociedad. Ya lo hemos visto: más allá de administrar unos recursos de la mejor manera, paliando las dolencias sociales, poco se puede hacer.
¿Persistir en esta ruta pese a los resultados obtenidos? ¿Conservar la constante de responder por reflejo a las iniciativas del establecimiento, lo cual termina por maniatarnos y legitimar aquello que pretendemos destruir? La crisis global que afecta al sistema capitalista indica que la manera más óptima para enfrentarlo es la construcción de una agenda alterna a la oficial, para actuar no por reflejo sino por voluntad propia. Y en esa opción, el centro de la acción pudiera descansar en la demanda de una democracia representativa, y asimismo directa, radical y plebiscitaria. Que la forma –las elecciones– le dé paso a la sustancia –democracia económica, social, ambiental, etcétera.
¿Podrán los movimientos sociales colombianos debatir esta realidad en forma desprevenida y con sentido propositivo en los primeros meses de 2019, actuando así para que la agenda heredada no quede sepultada por la institucional, que trae –con sus afanes– el último año de la segunda década del siglo XXI?
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