El gerente del Banco de la República expresó su preocupación por la situación de la economía. Sus argumentos son válidos, y deben ser tenidos en cuenta. Los bancos centrales deben entender la política monetaria desde una perspectiva general, que incluya el empleo, los ingresos y, en general, la calidad de vida de las personas. La estabilidad macro requiere que haya coordinación entre el gobierno y el banco central. Las advertencias del gerente del Banco son un llamado a que la política económica actúe sobre los problemas estructurales de la economía.
El primer punto que preocupa es el lento ritmo de crecimiento del PIB. Durante el primer semestre de este año apenas fue de 2,8 por ciento. El aparato productivo se ha vuelto más frágil y dependiente de las fluctuaciones de los mercados internacionales. Es interesante constatar que el ritmo de crecimiento del PIB fue débil, incluso durante los años de las bonanzas del petróleo y de los minerales. Es clarísima la pérdida de importancia que ha tenido la agricultura y la industria. En la estructura del PIB, a partir del 2005 ganan espacio la minería, el comercio, las comunicaciones, las finanzas y la administración pública. Estas tendencias ponen en evidencia la dependencia de la economía de los productos primarios, del comercio y las finanzas. El crecimiento de la intermediación financiera y de los derivados ha sido significativo. No hay duda que la estructura de la producción se ha debilitado. A los bancos y a los intermediarios financieros les ha ido bien. En gran parte, porque la tasa de interés que cobran sigue muy alta. El costo de la intermediación es demasiado elevado.
Los hechos señalados están llevando a un aumento de la tasa de desempleo, que ha superado el 10 por ciento. En febrero de 2019 tal tasa fue de 11,8 por ciento. Y entre los empleados, casi la mitad es informal. Sin empleo no hay ingresos, y ello se traduce en un cambio en la tendencia de la pobreza, que en los dos últimos años comenzó a subir.
El gerente del banco central también expresa su preocupación por el aumento del déficit del sector externo. El déficit en cuenta corriente es de -4,6 por ciento del PIB, así que las importaciones siguen creciendo más que las exportaciones. La excesiva dependencia de la exportación de bienes primarios (petróleo, minerales, café, banano y flores), y el aumento de las importaciones ha llevado a descuidar el mercado interno, con impactos negativos en los sectores industrial y agropecuario. El daño estructural es evidente. Además, las zonas productoras de petróleo y minerales se han convertido en economías de enclave. Sus habitantes continúan teniendo pésimas condiciones de vida. El déficit externo muestra que la apertura de la economía ha sido “hacia adentro”. En lugar de que las bonanzas hayan servido para mejorar la productividad y la competitividad, Colombia continúa importando mucho más de lo que exporta.
Y la otra preocupación de Echavarría, el banquero central, es el déficit fiscal. El reiterado desequilibrio de las finanzas del gobierno se ha reflejado en un creciente endeudamiento. En el 2018 el saldo de la deuda pública continuó subiendo y llegó a 55,5 por ciento del PIB. El manejo de la política fiscal en Colombia ha tenido dos características. Por un lado, se insiste de manera reiterativa en reducir el gasto. En estos días el ministro Carrasquilla volvió a repetirlo. Este deseo ha sido reiterativo. Y, por otro lado, el énfasis en la reducción del gasto ha llevado a descuidar la tributación. Dada la dificultad de aumentar los impuestos, los gobiernos recurren a una fórmula facilista, que propone cerrar la brecha fiscal con un menor y más eficiente gasto público. Esta alternativa, que suena bien, no se ha cumplido, y la mejor muestra de ello es el aumento del saldo de la deuda pública.
En contra de lo que piensa Carrasquilla, la Comisión del Gasto mostró que el gasto público en Colombia es bajo cuando se compara con el de otros países de América Latina y, mucho más, cuando se compara con los países de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Mientras que en Colombia el gasto del Gobierno Central Nacional es de 18,9 por ciento del PIB, en el promedio de la Ocde está en 36. El peso que tiene el gasto público en los países de la Ocde es el doble del de Colombia. La Comisión del Gasto concluyó que el gasto no se puede bajar. Por el contrario, es necesario aumentarlo pero con eficiencia. En opinión de la Comisión, la modernización del país implica un mayor y mejor gasto. Es contraproducente pretender reducir el déficit fiscal a través de recortes del gasto, dejando de lado la vía tributaria.
Los problemas señalados no son coyunturales, ya que reflejan daños fundamentales de la economía. No hay espacio para ser optimistas, porque el Plan de Desarrollo recién aprobado, no propone soluciones a estos problemas. A duras penas los menciona.
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14 de junio de 2019
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