El 12 y el 16 de agosto de 2019, la Ciudad de México atestiguó dos grandes concentraciones de mujeres feministas furiosas, organizadas, dispuestas a manifestar su digna rabia y declarar su inconformidad contra la violencia y el desinterés institucional que sufren.
El lunes 12 de agosto, unas cuantas se agrupan en las afueras de la Fiscalía General para exigir justicia ante los casos de violaciones cometidas presuntamente por policías de la ciudad contra una joven de 16 años que visitaba el Museo Archivo de Fotografía y otra menor de edad que, el 3 de agosto, salía de una fiesta en la Alcaldía de Azcapotzalco.
La adolescente violada por cuatro policías en Azcapotzalco se dirigió al Ministerio Público para levantar su demanda, pero éste no aplicó el protocolo establecido en caso de violencia sexual, realizó las pruebas biológicas días después de la denuncia para que no aportaran evidencias y filtró mezquinamente información a la prensa para que la joven fuera blanco de amenazas e insultos, que la llevaron a retirar la denuncia. Un procedimiento común en México, que las mujeres han denunciado en numerosas ocasiones y que se repite también en las denuncias de violencia doméstica, acoso sexual y, aún, de feminicidio.
“En México los violadores portan uniforme”, sostenía uno de sus carteles. “Eres popó, eres popó, policía violador”, otro, levantado por una feminista disfrazada de policía con bigotes. Los gritos más conocidos de «¡Justicia!» y «¡ni una más!» estaban acompañados por “A mí me cuidan mis amigas, no la policía”, en claro descredito de los agentes de seguridad.
La concentración convocada en el turístico sector Zona Rosa, donde se encuentra la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tuvo un primer momento álgido cuando las mujeres vieron salir de la sede al secretario de Seguridad, Jesús Orta, y lo rodearon. Más tarde, el hombre diría que se había acercado para dialogar, para explicar a las manifestantes que los casos no estaban cerrados, que se estaban investigando. El hecho es que mientras pedía tiempo, calma y que se dispersaran, para desconcierto del jefe de policía las manifestantes le lanzaron al rostro un polvo de diamantina brillante color rosa. Una respuesta estética a su actitud elusiva ante una demanda colectiva.
La manifestación se movió entonces hacia la Procuraduría General de Justicia, cuya titular es una mujer, Ernestina Godoy Ramos, entre consignas e interpelaciones. Las paredes del así llamado “bunker” quedaron pintadas, expresando el hartazgo de un colectivo que se sabe ignorado sistemáticamente. Ante la Fiscalía, las mujeres colgaron una cabeza de cerdo. Décadas de una desatendida y, por ende, creciente violencia misógina cuajaban en una rabia colectiva. Mientras las manifestantes se arremolinaban ante las enormes puertas de vidrio del bunker, éstas fueron destruidas repentinamente a pedradas lanzadas por algunas personas encapuchadas, tanto mujeres como hombres.
Horas después, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró: “Esto no fue una protesta, fue una provocación. Lo que querían es que el gobierno respondiera con violencia, pero no lo vamos a hacer”. El gobierno progresista de la Cuarta Transformación (así se ha autonombrado el gobierno del Movimiento Renovación Nacional –MORENA- del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mismo partido de Sheinbaum) fue tomado por sorpresa por la digna rabia de las feministas. El gabinete de la Ciudad de México creía haber resuelto su relación con las feministas desde una perspectiva institucional, al tener a muchas mujeres en puestos claves: Rosa Icela Rodríguez en la Secretaria de Gobierno, Luz Elena Escobar, de Administración y Finanzas, Ileana Villalobos, de Desarrollo Urbano, Rosaura Ruiz, de Educación y Ciencias, Myriam Urzúa, de Protección Civil, Almudena Ocejo Rojo, de Bienestar Social, Marina Robles, de Medio Ambiente, Olivia López Arellanos dirige la Secretaría de Salud y tres mujeres más encabezan Trabajo y Fomento al Empleo, Pueblos y Barrios Originarios y la Secretaría de Mujeres. Desde la perspectiva de la equidad de género, el gobierno de la Ciudad de México no podía ser más ecuánime. El problema, sin embargo, no es la representatividad, sino el acceso a la justicia. Pero unas cuantas funcionarias no garantizan el goce de la libertad de movimiento y palabra, el derecho al estudio y el trabajo ni la seguridad de las mujeres. Las feministas llevan 26 años en diálogo con funcionarios de gobierno, desde 1993, cuando las madres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez empezaron a denunciar la omisión en la procuración de justicia en los casos de sus hijas, sin obtener una respuesta concreta. Más aún, la cultura feminicida de México se ha incrementado, llegando a sumar casi diez mujeres asesinadas al día, cuyos casos se resuelven en un 1%. La impunidad ha actuado como un aliciente.
Ante la incomprensión de la jefa de gobierno y la procuradora de justicia, el viernes 16 de agosto las feministas volvieron a la calle. Decenas de miles se toman la Glorieta de Insurgentes: activistas de décadas contra los feminicidios, trabajadoras de organizaciones de mujeres, sindicalistas, jóvenes en el autoempleo, una generación que ha crecido con la experiencia cotidiana del feminicidio como amenaza y realidad. Las universitarias y las estudiantes de secundario son las más enérgicas y reivindican la amistad entre mujeres como única arma contra el maltrato: “A mí me cuidan mis amigas” y “Yo sí te creo, hermana” son un eco que hace temblar la ciudad.
No importa si la policía va a abrir expedientes contra las manifestantes, no importa que la prensa y la televisión hablen de actos de vandalismo ni que las redes se llenen de mensajes de odio contra las mujeres. Es el momento de mostrar la fuerza que el hartazgo infunde y la radicalidad de la demanda. Performances, manifiestos, batucadas, pintas acompañan la toma del transporte público, la marcha, la ocupación de la ciudad. La Procuraduría ha organizado cordones de mujeres policías para enfrentar mujeres contra mujeres y poder culpar a las manifestantes de violencia de género. Estrategias que ya no engañan a quien grita a voz en cuello: “Exigir justicia no es provocación”.
Por supuesto, los grupos de choque de los partidos de oposición se aprovecharon de la manifestación para provocar violencia, un periodista fue golpeado por un hombre alentado por otros golpeadores y la prensa acusó a las mujeres de propiciar la agresión. No obstante, las feministas se tomaron la calle sin buscar una mediación, lanzaron su rabia por adelante y exhibieron una fuerza contenida que ahora exige respuestas.
Tras dos días de declaraciones contradictorias, el lunes 19 de agosto, el gobierno de la Ciudad de México aclaró que nunca tuvo la intención de confrontarse con las mujeres. A través de un comunicado, señaló que desea establecer puentes de comunicación y “narrativas” (una palabra que ha empezado a sonar recurrentemente en la prensa y la academia) que avancen en la construcción de un diálogo entre gobierno y sociedad: “Si alguna declaración pudo contribuir a generar distancia entre gobierno y mujeres que luchan contra la violencia de género, no ha sido la intención. Debemos cerrar brechas y construir juntas una agenda pues tenemos el mismo objetivo que es poner fin a la violencia hacia las niñas y mujeres”.
Asimismo informó que en un mes el gobierno capitalino va a generar un programa integral de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para las niñas y mujeres. Y para elaborarlo, abrirá mesas de trabajo, talleres y foros abiertos con mujeres para delinear las acciones que debe de contener el programa.
Lo interesante es que ante ello muchas feministas decidieron responder de forma autónoma e independiente del gobierno, conformando una asamblea metropolitana que no puede ser representada por ninguna de sus integrantes. Deliberante, anónima, colectiva, la autonomía política feminista no será fácilmente mediatizada.
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