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Con los pueblos indígenas: promesas incumplidas

Con los pueblos indígenas: promesas incumplidas

Al cumplir dos años en la presidencia, las promesas de Iván Duque de reducir las brechas económicas y brindar oportunidades no solo no se cumplieron en los territorios indígenas sino que, además, se intensificaron la contaminación, la pobreza, el hambre y, lo que es peor, la violencia.

Lo dicho en su discurso de posesión se quedó en eso: discurso, palabras huecas a la luz de los hechos. Incumple con lo pactado, fomenta la corrupción y la guerra en nuestros territorios; ha sido débil con los poderosos y muy autoritario con nosotros, los 115 pueblos indígenas en Colombia, desatendiendo sus obligaciones constitucionales.

Desde el año 2009 los Pueblos y Naciones Indígenas somos sujetos de especial protección, conforme al Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, ya que nos encontramos en riesgo de extinción física y cultural a causa, entre otras razones, del conflicto armado, el abandono institucional y los megaproyectos que se desarrollan en nuestros territorios. Por esta razón, no puede perderse de vista que, al omitir sus deberes constitucionales y legales relacionados con la protección y atención de los Pueblos Indígenas, el presidente Duque pone en riesgo la vida de nuestras familias y generaciones, y la armonía en los territorios.
El territorio

“Equidad significa que nosotros no acudamos jamás al populismo que pretende por decreto tratar de reducir la pobreza. La vamos a reducir, porque lo haremos desde una economía de mercado, pero con sentido social. Lo haremos, porque tenemos la convicción patriótica de que en cada lugar del territorio donde llegue un programa del Estado tiene que estar enfocado en reducir las brechas y en brindar oportunidades y nunca más en llenar los bolsillos de los inescrupulosos”. Iván Duque Márquez, discurso de posesión; Bogotá, 7 de agosto de 2018

Las intervenciones en nuestros territorios son constantes, sistemáticas y en muchas ocasiones sin Consulta Previa a nuestras comunidades. Sin el territorio nuestros pueblos y nuestra cultura ancestral no puede sobrevivir y el Gobierno lo sabe.

Este gobierno, pese a las promesas de un cambio en el modelo económico a través, entre otras iniciativas, de la ‘Economía Naranja’, continuó con uno basado en la megaminería y la extracción de hidrocarburos heredado de sus antecesores; con el cambio del catastro minero dio un nuevo impulso al sector durante el año 2019 y otorgó más licencias mineras que el año anterior. 

Como consecuencia de ello, nuestros territorios y sus fuentes de agua, de las cuales beben nuestros pueblos, obtienen el pescado, riegan cultivos y alimentan a nuestros animales, son contaminadas con cianuro, mercurio y otros metales pesados, que producen enfermedades degenerativas y malformaciones en los niños de nuestras comunidades.

Dado que el mapa de licencias para minería en el país cubre una gran parte de los territorios ancestrales, nuestra tierra, nuestro sustento y todo el ambiente que nos rodea se convierte en tóxico, y provoca el desplazamiento de nuestros pueblos.

En la actualidad, la mayoría de nuestros territorios están fuera de la frontera agrícola y son reconocidos, en su gran mayoría, como reservas forestales para el cuidado y la preservación del medio ambiente, lo que los convierte en suelos de escasa productividad y conectividad para poder comerciar sus productos con las redes de distribución nacional. Eso no nos permite tener seguridad alimentaria.

Además, nuestros territorios suelen estar bajo la amenaza de los grupos armados que necesitan un control territorial para manejar el tráfico y cultivo de drogas, principalmente en el sur del país. Dichos grupos, de la mano de empresarios nacionales y extranjeros, han despojado sistemáticamente a nuestras comunidades, aprovechando que son territorios sin titulación y, en muchos casos, por la inoperancia del Estado, y la carencia de recursos legales para su protección. 

Sin embargo, pese a haber expuesto al Gobierno estos problemas, las mejores tierras del país siguen en manos de narcotraficantes, ganaderos, agroindustria para la producción de combustibles o de emporios empresariales, sobre todo en la región Andina y en el Pacífico, donde se encuentra gran parte de nuestras comunidades.

Hay que recordar que de los suelos netamente agrícolas, que son 11,3 millones de hectáreas, solo se usa el 35 por ciento, y de los 114 millones de hectáreas del territorio nacional, 26 millones podrían ser destinadas a la producción agrícola, pecuaria y forestal, pero sólo 6,3 millones de hectáreas tienen actualmente vocación productiva. 

En consecuencia, más de la mitad de la población indígena se encuentra por debajo de la línea de pobreza, sin asistencia sanitaria y con pocas o ninguna posibilidad de escolarizarse. Una espiral de escases de recursos que lo único que provocará es la reproducción de esa pobreza o la desaparición de estos pueblos y su cultura.

Acuerdos incumplidos

Se puede decir, entonces, que el incumplimiento de todos los gobiernos sobre los acuerdos realizados en relación a nuestros territorios originarios ha sido sistemático hasta la fecha. El más reciente fue el pacto firmado entre las organizaciones indígenas y la Ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, durante La Minga del año 2019, que prometió la inversión de 80.000 millones de pesos para comprar tierras y, al día de hoy, en especial con las comunidades indígenas del Cauca, no hay cumpliento.

En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 las cifras son indignantes para nuestros pueblos. Si bien acordamos con el gobierno nacional 216 acuerdos desagregados en seis ejes temáticos, a la fecha están incumplidos, lo que evidencia que el interés del Gobierno, a través de la Consulta Previa, era validar su Plan de Desarrollo, sin garantizar una política pública que permita la pervivencia de los 115 Pueblos Indígenas de Colombia. 
Nos están matando

“Quiero una Colombia donde todos podamos construir la paz, porque todos la hemos querido y todos queremos construirla […] desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas, verdad, justicia proporcional, que reciban también la reparación efectiva y que no exista repetición en ningún lugar del territorio […]”. Iván Duque Márquez, discurso de posesión; Bogotá, 7 de agosto de 2018.

La historia reciente de nuestro país demuestra que los reclamos de los pueblos y comunidades indígenas han sido ahogados por la sangre derramada de nuestras hermanas y hermanos, entre ruidos de fusil y la violencia sistemática impuesto por un Estado intolerante con sus propios orígenes. Aunque la administración Santos disminuyó los niveles de violencia a los vividos por la sociedad colombiana a principios de los años 90, este Gobierno, el de Iván Duque, ha llevado esta cifra a los niveles del mandato de su mentor, a los niveles de la Seguridad Democrática, como lo indican las cifras del observatorio de Derechos Humanos de la Onic. 

Este Gobierno impulsa leyes para enviar de por vida a la cárcel a los violadores de menores de edad y, sin embargo, cuando los perpetradores de estos crímenes atroces son los agentes estatales, los justifica, prueba de ello el caso de los militares denunciados por casos de acceso carnal abusivo (y otro tipo de violencias) contra niñas indígenas. Las cifras lo demuestran, este no fue un hecho aislado, es un patrón contra la niñez indígena y un arma de guerra en contra de nuestras comunidades.

En este gobierno, según cifras del observatorio de la Onic, sólo en el año 2020 han sido asesinados 47 indígenas, 28 de los cuales eran comuneros y comuneras de los resguardos y territorios ancestrales de mi departamento, el Cauca. 
La paz 

“Quiero una Colombia donde todos podamos construir la paz, porque todos la hemos querido y todos queremos construirla […] desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas, verdad, justicia proporcional, que reciban también la reparación efectiva y que no exista repetición en ningún lugar del territorio […]”. Iván Duque Márquez, discurso de posesión; Bogotá, 07 de agosto de 2018

Así las cosas, el Gobierno que lamentaba en su acto de investidura la muerte de nuestros líderes sociales y prometía proteger la vida de los mismos a partir de la legalidad y la institucionalidad, ha echado su mirada hacia otro lado, tolerando el recrudecimiento del conflicto armado y justificando las graves violaciones a los derechos humanos que padecen nuestras comunidades. 

El conflicto armado y la violencia contra nuestros líderes, lideresas y guardias, el avasallamiento y despojo de nuestros territorios, las intervenciones y saqueos de la naturaleza, entre muchos otros, contrarían el carácter de Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política. 

Luego de casi cuatro años de la firma y refrendación del Acuerdo de Paz, persisten los obstáculos y la lentitud en la implementación del mismo por parte gubernamental. El conflicto armado se incrementa dentro de nuestros territorios, con masacres y el asesinato sistemático de campesinos, indígenas y excombatientes firmantes de la paz. Sin embargo, pese a las abultadas cifras sobre la violación sistemática de los derechos humanos presentadas por la defensoría del pueblo, la fiscalía y los organismos de derechos humanos, el gobierno central desatiende los llamados urgentes de las comunidades indígenas, para que pare la matanza y el exterminio que pone en juego la pervivencia material y cultural de nuestros pueblos originarios. 

Se suma a ello, la persecución y la violencia militar contra campesinos e indígenas que reclaman el cumplimiento de los programas de sustitución de los cultivos ilícitos y vemos con preocupación como nuestros saberes ancestrales, la memoria de nuestros pueblos arraigada a una historia de lucha de más de 500 años de resistencia, está en grave riesgo.

Covid-19, otra forma de exterminio

La pandemia del covid-19 visibilizó la falta de inversión pública en salud y el abandono estructural e histórico en que el Estado colombiano ha sumido a los pueblos y naciones indígenas. 

Con relación a la atención a que ella obliga, apenas ha emitido recomendaciones generales y asignado algunas ayudas humanitarias de emergencia que no pasan de ser mercados que desconocen nuestras necesidades y prácticas alimentarias. Sumándole a ello, el hecho de que ninguno de los decretos expedidos en el marco de las declaratorias de emergencia incorpora un enfoque diferencial que tenga en cuenta nuestras necesidades específicas en contextos urbanos y rurales, a pesar de reiterar esta ausencia en debates de control político, plenarias, reuniones y un sinnúmero de espacios. La omisión persiste mientras que el riesgo aumenta.

La afectación desproporcionada que esta emergencia sanitaria representa para nuestra pervivencia, nos revela infortunadamente, según Boletín 042 del Sistema de Monitoreo Territorial (SMT), que los contagios afectan hoy a 7.093 personas indígenas, contando ya con 244 hermanos y hermanas fallecidas, además de 420.158 familias en riesgo de contagio, con el saldo lamentable de 69 Pueblos y Naciones Indígenas afectadas.

El reto es evidente. Para que el mercado no prime sobre la vida, son necesarias estrategias y políticas consistentes que apunten a resolver las condiciones estructurales que han afectado nuestra red vital y que han generado distintas desarmonías, acciones que nos permitan permanecer en nuestros territorios y sobrevivir a esta pandemia.

No dudamos en afirmar que la omisión y el irrespeto institucional del que somos víctimas de manera sistemática está ambientando las condiciones para una nueva forma de exterminio de nuestros pueblos y culturas milenarias. Presidente de la República, Señor Iván Duque Márquez, el llamado es a actuar y gobernar para todos los colombianos, incluyendo a los Pueblos y Naciones indígenas, como sujetos colectivos de especial protección constitucional.

 

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Información adicional

Autor/a: Feliciano Valencia
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