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…Y pensar que aún faltan dos años

…Y pensar que aún faltan dos años

Estamos ante un gobierno de ricos y para ricos. Tras dos años de gestión a favor de “los mismos de siempre”, el país quedó postrado ante el capital financiero y el gran capital nacional e internacional.

 

El desmedido favorecimiento a los banqueros en esta pandemia me ha traído a la memoria la ocasión en que, sin sonrojarse, el banquero Sarmiento Angulo, en entrevista del 2009 realizada por Semana confesó que sentía orgullo por haber redactado de su puño y letra varios artículos de proyectos de Ley aprobados por el Congreso de la República.

Hace un año, en un balance a propósito del primer año de gobierno Iván Duque concluí que había sido un año de medidas a favor de los poderosos, algunas con nombre propio. La primera de estas fue la ley de financiamiento; se necesitaba un eufemismo para una reforma tributaria que gravando a los sectores medios y desgravando a las grandes fortunas, olvidara la promesa de campaña “Menos impuestos, más salario mínimo”. El balance general de esta ley favoreció a los poderosos con un caudal de exenciones tributarias incluidas las ya establecidas con anterioridad y calculadas en 9 billones. Más adelante las retomaré. El resultado hubiere sido más nefasto si el rechazo generalizado por la pretensión de financiar aproximadamente 11 billones, esquilmado aún más los desahuciados bolsillos de los colombianos mediante la extensión de la base de IVA, no hubiera obligado al gobierno a retirar dicha medida.

Siguiendo con los favores con nombre propio, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), se benefició directamente a Argos –propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño–, al grupo Mineros S.A., del cual hace parte el grupo Aval (Sarmiento Angulo) y a Scotiabank, con prorrogas de 30 años adicionales a los contratos de concesión minera del decreto 2655/88 que ya las había otorgado por 30 años, supuestamente sin prórroga, para ser devueltas a la nación.

Además, el Plan continuó con la tónica de halagar a las mineras con artículos farragosos que en definitiva mantuvieron los ínfimos porcentajes de regalías que pagan a la nación. Y sus favores fueron muchos más, por ejemplo, a la multinacional Fenosa, mediante un bloque de artículos especialmente dedicados a socializar sus ‘pérdidas’ por el saqueo de los dineros públicos de los costeños efectuado por esta multinacional. También hubo consideración con los negociantes de la salud, con el “acuerdo de punto final”, que contempla sanear las deudas No POS (léase recobros) excluyendo la multiplicidad de deudas que mutuamente se reclaman los actores del sistema: EPS, IPS, entes territoriales, trabajadores y personal médico. No faltó espacio para las multinacionales Movistar y Claro (Carlos Slim), ampliando las licencias por 20 años para el uso del espectro electromagnético, cuando lo acordado eran solo a 10. Y la cereza: favorecer al sector privado, al autorizar enajenar la participación del Estado en 88 empresas, lo que suma más o menos ½ billón. En continuidad con ese espíritu de gobernar para los ricos, ahora el decreto 811, expedido al amparo de la emergencia, deja abonado el terreno para vender el patrimonio y la riqueza de la nación sin ningún límite; de ahí el anuncio de enajenar Cenit, lo que constituye una estocada a las finanzas de Ecopetrol.

El modelo de desarrollo impuesto por este gobierno, desde su instalación, cabalga sobre la idea de otorgar beneficios a las grandes corporaciones asociadas principalmente al rentismo financiero y extractivista, con el fin de que estas “por goteo” irriguen su prosperidad sobre el resto de la sociedad. La política de subvención al gran empresariado la han forjado sobre la falacia de que consintiéndolos estos crean más empleos y mejores remuneraciones para los trabajadores, promesa que no solo incumplida sino que significa una disminución de los ingresos tributarios de la Nación.

No hay que olvidar que Colombia es uno de los países de la región que menos ingresos tributarios obtienen, ubicándose muy por debajo del promedio del encumbrado grupo de países pertenecientes a la Ocde. Su consecuencia es inocultable y múltiple: crecimiento de la deuda; recorte de programas sociales para garantizar derechos; mayores impuestos a la clase media, a los más pobres, y su consecuente disminución de ingresos para los trabajadores, así como la privatización de empresas públicas. Estamos ante políticas que han inducido al gobierno a asumir estrategias de financiamiento a través del sistema financiero nacional e internacional, obedeciendo a los intereses del gran capital.

Como consecuencia de ello, colombia entró en la dinámica de la “Deuda eterna o perpetua”, la cual obliga al deudor a endeudarse, una y otra vez, para pagar vieja deuda, y así en un espiral interminable. Además de conducir a una situación económica inmersa en una dinámica denominada “dominancia de la balanza de pagos”, un régimen macroeconómico en el cual la dinámica de corto plazo está determinada fundamentalmente por choques externos, positivos y negativos.  En nuestras economías, estos choques provienen básicamente de dos fuentes: los ciclos de precios de productos básicos, y del financiamiento externo.  El déficit en cuenta corriente, y la fuerte devaluación de la moneda durante 2019, obliga a pensar que la tasa de cambio no estaba amortiguando los choques externos, acentuados además por los bajos precios de las materias primas y la escasez de divisas, realidad que se prolongará mientras se mantenga la guerra comercial entre EE.UU. y China.

Es por eso que el gobierno nacional apuntó desesperadamente a adelantar desde las primeras de cambio de su gestión, los anuncios de reformas pensional y laboral, para enviar señales de disciplina fiscal a los inversionistas y atraer un flujo de divisas. Este tipo de ajustes macroeconómicos y recomendaciones estándar de las entidades multilaterales en materia de austeridad, privatizaciones y reformas hacen parte de las recetas del FMI para todos los países de la región. Estos anuncios motivaron la convocatoria al paro del 21N por parte de las centrales obreras, movilización que desbordó las expectativas de los convocantes, ralentizó este propósito, el mismo que ahora, de nuevo, se posesiona en el orden del día de la agenda de “recuperación” anunciada por el gobierno. La pandemia como pretexto para legislar contra los trabajadores. 

Recorte de los gastos sociales, achicando el Estado

El gasto es un instrumento de política económica. El gasto corriente es el efectuado por el Estado con la misión de contratar personal o, en su defecto, el destinado a la compra de insumos, bienes y servicios que son esenciales para llevar a cabo de manera satisfactoria las funciones de administración que le cabe desplegar. Es decir, el gasto corriente está especialmente vinculado con la producción y el consumo, y su manejo presupuestal hoy denota regresividad y no guarda coherencia con la situación crítica que vive el país, por el contrario, contribuye a profundizar la crisis. El principal instrumento de política fiscal padece hoy el sesgo ideológico de la austeridad y deja perder una oportunidad única e irremplazable para reactivar la economía.

Si el confinamiento y las cuarentenas han afectado notoriamente la demanda, si ésta se reduce sustancialmente, las empresas no venden, no producen, no contratan gente, no pagan salarios, no tributan, la economía se deprime aún más. Esto se percibe en las cifras de inflación, tornadas incluso negativas, que en el último año registran por debajo del rango meta del 2 por ciento, lo cual indica que la demanda no se está recuperando, y el gobierno tiene el deber de jalonarla a partir del gasto público.

Regresividad tributaria: menos impuestos para los más ricos

Gobierno de ricos y para ricos. Sin duda de su carácter, desde su primer año tramitó una reforma tributaria que más que una ley de financiamiento para cubrir el déficit fiscal, fue una ley de desfinanciamiento que otorgó los siguientes regalos tributarios:

La reducción del impuesto de renta a las empresas, del 33 al 30 por ciento; la posibilidad de deducir el 100 por ciento del IVA de inversión en bienes de capital; el descuento del 50 por ciento del ICA; la supresión gradual del impuesto por renta presuntiva, desde 1,5 al 0 por ciento; establecimiento de un impuesto de renta preferencial por 5 años para las iniciativas empresariales de la “Economía Naranja” (concepto sin definición); la tarifa del 0 por ciento de impuesto de renta para las inversiones millonarias en el sector agroindustrial durante 10 años (que beneficia directamente a Sarmiento Angulo e ingenios azucareros); el beneficio de pagar 27 por ciento de renta en lugar del 33, concedido a mega inversiones de más de 340 millones de dólares (de nuevo, entre los beneficiados está Corficolombiana del grupo Empresarial de  Sarmiento Angulo); la deducción del 50 por ciento del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF); el régimen especial para empresas Holding (¡de nuevo Sarmiento Angulo!!); eliminación de la tarifa al impuesto de patrimonio a patrimonios superiores a 5 mil millones y, por último, la resurrección de los controvertidos contratos de estabilidad jurídica, que permiten a las grandes empresas tener privilegios tributarios durante el periodo pactado. Con esto último, se deja de contribuir al país tanto, que por uno solo de esos contratos Odebrecht pagó un soborno por 3 millones de dólares.

Otro beneficio absurdo es la deducción de regalías dentro del impuesto de renta desde el 2005 hasta el 2017, gracias a un concepto emitido desde la Dian en 2005 (Carrasquilla también era ministro de Hacienda).  Esto a pesar de que la sentencia del Consejo de Estado (2017) dice que no se puede deducir las regalías en el impuesto de renta. Entre los directamente beneficiados, de nuevo, Mineros S.A y Gran Colombia Gold Marmatom que dicho sea de paso fueron financiadores del Centro Democrático y de Cambio Radical. De otro modo, como lo evidencia la gráfica publicada en el diario La República por Amilkar Acosta, se evidencia que la reforma tributaria, mal llamada ley de financiamiento, genera un aumento de la deuda, confirmando el círculo vicioso del modelo neoliberal antes expuesto.

El manejo económico durante la pandemia

La repentina parálisis de la producción, esta sí producto de la pandemia, reveló la fragilidad de nuestra economía. El comité de regla fiscal proyectó un crecimiento negativo del -5,5 por ciento para este año y un déficit fiscal del 6,1 por ciento, la peor recesión en toda la historia del país. Las proyecciones del FMI y los informes de la Cepal muestran que a los países que peor les irá es precisamente a los que están aplicando recetas de austeridad, desregulación y supuesta disciplina fiscal, que no es otra cosa que el fetiche de la deuda pública, recetas que cumple al pie de la letra Carrasquilla.

El manejo de la pandemia ha permitido evidenciar una escala de prioridades que tiene el gobierno para atender la crisis, que sitúa en primer lugar a las entidades del sector financiero: bancos, AFP´s, fondos de inversión, etcétera. Sin ninguna duda, el sector financiero está en una zona de confort, parasitando sobre la crisis sanitaria. La deuda es un excelente negocio y con certeza puede decirse que son los únicos que han ganado en esta crisis, y el gobierno los consiente.

El segundo lugar de estas prioridades lo ocupan las grandes empresas, las EPS, las compañías holding con capital foráneo, algunas de ellas radicadas en paraísos fiscales –eludiendo pagar impuestos en nuestro país– y muchas de las cuales fueron también aportantes a la campaña presidencial de Duque. En último lugar encontramos a los pequeños y medianos empresarios, a quienes como única salida les ofrecen acudir a crédito caro o a declararse en insolvencia. Y sin lugar alguno en ese orden de prioridades, encontramos a los trabajadores, a la economía popular, a los hospitales públicos, al personal médico, a los infectados, es decir, al pueblo.

Mediante la expedición de decretos, el gobierno y el Banco Central han destinado ingentes recursos para inyectar liquidez al sector financiero, para conjurar la crisis bajo la premisa falsa y fracasada de que a través del sistema financiero se auxilia a la totalidad de la población. Con evidencia pude demostrar en el Senado de la República que los recursos expedidos por las autoridades fiscal y monetaria no están llegando a la economía real y que, por el contrario, la banca privada está introduciendo barreras al acceso crediticio mediante altas tasas de interés, restringiendo la oferta monetaria, coadyuvando brotes deflacionarios que incentivan insuficiencia en la demanda, cierres de empresas, desempleo y pobreza.

El uribato que representa Duque llega al poder en el momento de la crisis del progresismo latinoamericano y el avance del populismo de extrema derecha en Norteamérica, Europa y en América Latina. Trump en EEUU y Bolsonaro en Brasil son los ejemplos de este avance en estas latitudes, y Duque emula con ellos. Tal como el regreso de la derecha en la región, con una agenda de vindicta contra los liderazgos progresistas a través del lawfare, aquí Duque, que había asegurado en su posesión que no gobernaría con espejo retrovisor, en la práctica de estos dos años no solo sí lo ha usado para justificar su incompetencia, sino que ha actuado con alevosía frente a los acuerdos de paz de su antecesor: las objeciones a la JEP y la constante intromisión en sus decisiones; la retoma de la fumigación aérea con glifosato; la desprotección a líderes y lideresas y a excombatientes –llegando a cifras pavorosas de asesinatos–; los bajos niveles de implementación de los acuerdos en los Pdet; lo poco avanzado en la implementación del catastro multipropósito, fundamental para el tema de la formalización de la tierra; del fondo de tierras, se ha hecho muy poco esfuerzo en el fondeo; instala en el centro de memoria histórica a un negacionista del conflicto armado –con la pretensión de revisar la historia de la violencia en el país– y su partido, sus allegados y sus bodegas mediáticas la han emprendido contra la Comisión de la Verdad y su director, el padre Francisco de Roux.

La tragedia que han significado para el pueblo colombiano estos dos años de Duque, era previsible: estas son las consecuencias “del que diga Uribe”.

Y en el plano internacional, como fiel peón en la geopolítica del Norte el país quedó convertido en portaviones para la estrategia Guaidó y sus aventuras intervencionistas; el ‘presidente interino’, a quien ya Trump calificó de niñito sin experiencia, y quien ya no goza de la confianza de un sector de la oposición venezolana que lo tilda de corrupto y fracasado.

¡Y pensar que todavía nos quedan dos años!

* Senador de la República por el Polo Democrático Alternativo


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Información adicional

Autor/a: Wilson Arias
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