A más de un año de la masacre de 24 presos en la cárcel La Modelo de Bogotá, muchas familias aún lamentan a sus familiares asesinados producto de la violencia estatal. Mientras muchos medios minimizaron el hecho con la etiqueta de ‘motín’, por su parte el Estado pretende hacer como si nada hubiese ocurrido, cubriendo con el manto de la impunidad el violento y tenebroso proceder, facilitado por la indiferencia de la sociedad colombiana.
Echados a su suerte quedaron los privados de la libertad desde el inicio de la pandemia. No es de extrañar, sus derechos humanos nunca han gozado de prioridad, respeto y valoración plena, por lo que además del encierro padecen las precarias condiciones de sobrevivencia tras muros y barrotes. Una realidad que llevó a los máximos jueces del país a reconocer lo que sufren los presos como el mismo infierno descrito por Dante, a la par de calificar tal realidad como un “[…] estado de cosas inconstitucional”. Sentenciado así en 2009, tras 12 años poco ha cambiado y el infierno continúa hacinado, con evidentes condiciones antihigiénicas e insalubres que impiden tranquilidad, vida digna, y mucho más.
Una cotidianidad que oprime y deprime. Una realidad que implica pagar una doble condena, por lo que no es extraño que, al interior de las cárceles entre decenas de presidiarios de alta y media seguridad, abunde el inconformismo y la rabia por el trato recibido.
Un estado de rabia e inconformismo que, ante el anuncio de posible muerte producto del avance del covid-19, exasperó los ánimos y propició la exigencia, negada por el alto gobierno de inmediato, de deshacinamiento. La exigencia de la población carcelaria no era para menos, Recuérdese que para controlar el virus desde sus primeros días, y hasta hoy, recomendaron mantener las viviendas y sitios de trabajo bien aireadas, guardar distancia entre unos y otros, lavarse de manera regular las manos, subir las defensas con buena alimentación, todo ello imposible al interior de esos sitios de castigo y no de resocialización donde el agua no es permanente, los espacios por donde cruza el aire no son suficientes, la alimentación no es balanceada, y por el hacinamiento padecido unos y otros no pueden guardar distancia alguna.
Entonces, si esa era la constante que caracterizaba estos edificios del encierro y el oprobio, ¿por qué habría de cambiar esta situación de un momento a otro?
En efecto. Las directivas no dieron el brazo a torcer y su actitud multiplicó la imagen de posible muerte por infección con el temible covid-19, y la inconformidad creció. Más allá de La Modelo, los confinados en cárceles de todo el país, como la penitenciara de Combita en Boyacá, Bellavista en Medellín, el complejo carcelario de Cúcuta, Jamundí e Ibagué, también levantaron su voz de descontento y llamaron a una jornada de inconformidad. El día y hora era de conocimiento público, nada era clandestino, todo estaba a la luz de quienes administran a nombre del Estado estos sitios. Recuérdese que quienes permanecen tras muros pierden el derecho a la libertad, pero no a vida digna, ni a reclamo, ni a otros cuantos más. Pero si en la calle, a quienes están en ‘libertad’ los reprimen cuando reclaman y protestan, ¿cómo será el tratamiento para aquellas personas que cuya voz y grito no se escucha más allá de una celda?
La respuesta la dan las balas de fusil disparadas a quemarropa por quienes velan por la “tranquilidad del país”, según el decir de la otrora ex ministra de Justicia y hoy Procuradora General, Margarita Cabello. Y la explicación facilista de un desproporcionado despliegue de fuerza que dejó tendido en el piso 24 cadáveres y no menos de otras 80 personas lesionadas de distinta gravedad, todo ello justificado como acción indispensable para evitar un supuesto motín.
La masacre producida por los agentes estatales permite deducir que actuaron con premeditación, con rabia y saña. Actitud que lleva a las mismas altas instancias del Estado, hasta el día de hoy a desconocer el dolor de las familias en duelo, a no presentarles consideración alguna –el pésame, por ejemplo–.
Un proceder violento y deshumanizado que tiene sello de homicidio, multiplicado en potencia el 21 de marzo de 2020, cuando dispararon a quemarropa contra quienes estaban bajo su cuidado y protección, asesinados y “tirados como perros” como lo asevera una de las familiares de uno de los presos que resulto herido y que tras su hospitalización logró sobrevivir.
“Había un recluso que tenía sentencia por doce meses al cual le conseguí la libertad, lamentablemente su cuerpo apareció entre las 24 víctimas fatales de la masacre” asegura Édgar Preciado quién aún no se explica por qué una persona a pocos días de lograr su libertad intentaría perpetrar un “motín” o “violento intento de fuga”.
–Nos tienen amenazados con quitarnos las visitas y ahí la verdad preferimos no hacer nada, comenta una familiar de un privado de la libertad que actualmente está pagando su condena en la cárcel Modelo de Bogotá, pues el domingo 21 de marzo un buen número de familiares tenían planeado realizar una velatón frente a la cárcel para no dejar olvidar la masacre ocurrida hace un año. Pero pudo más la amenaza de no permitir la visita a sus familiares, a quienes no ven desde hace un año, precisamente desde el inicio de la pandemia.
–“Se vivió un clima algo caliente en el patio y los pasillos de la cárcel…”, narra Julián interno que resultó gravemente herido, quien no solo recibió pésima asistencia médica, sino que también cuando sus familiares intentaron facilitarle medicamentos para mitigar el dolor el Inpec no lo permitió.
Ciertamente estas personas viven un infierno, alguno podrá opinar con ligereza que: “lo tienen bien merecido” o que “es consecuencia de sus propios actos” lo cierto es que nadie es quien para juzgar en un país donde la justicia solo funciona para unos cuantos, pues son pocos los que tienen el derecho de gozar la presunción de inocencia mientras son procesados por la justicia local.
En un panorama como el de Colombia, donde se estigmatiza la protesta social y se asesina a inocentes en las calles ¿qué les queda a los reclusos? Privados de la libertad, hacinados y cuya ‘salvación’ durante esta masacre fue tener en posesión dispositivos electrónicos a su alcance para denunciar en tiempo real las atrocidades padecidas por acción de sus custodios.
El miedo y tristeza aún es una constante entre los familiares de las víctimas, pues algunos se muestran reacios a hablar y los que ofrecen su testimonio, lo hacen con gran preocupación pues, aunque heridos, sus familiares continúan pagando condena en La Modelo sin haber recibido el debido tratamiento, sometidos a instituciones que ya han demostrado que la vida poco les importa.
Presión externa
Según el informe de Human Rights Watch, el cual se encuentra soportado por el escrutinio de órganos internaciones como, El Independent Forensic Expert Group (Ifeg) y el International Rehabilitation Council for Torture Victims (Irct), se comprobó que las muertes a manos de custodios fueron intencionales, es decir que después de hacer el análisis respectivo mediante necropsias se determinó que el uso de fuerza reflejado en los cuerpos no obedecía a intenciones no letales por contener un intento de fuga, como lo justifica el gobierno.
Según palabras de José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, la Procuraduría y Fiscalía deben adelantar investigaciones exhaustivas e independientes respecto a lo sucedido, recomendación que se vislumbra compleja de satisfacer pues el pasado 15 de enero se posesionó como Procuradora General de la Nación Margarita Cabello, ministra de Justicia al momento de la masacre y quien, como ya fue anotado, justificó sin vergüenza alguna lo sucedido.
En el informe en cuestión, el mismo Vivanco desmentía las mezquinas narrativas usadas para minimizar los hechos: “Una cosa es impedir que escapen personas detenidas y otra muy distinta es llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de detenidos”.
Teniendo en cuenta el peso de estos órganos a nivel internacional, la historia de este suceso merecería cuando menos ser reivindicada e investigada adecuadamente pues la Ifeg y el Irct, dos instituciones independientes e imparciales ya han emitido un dictamen el cual debería ejercer presión en las entidades locales para el preciso escrutinio de los hechos. Queda mucho por exigirle a las entidades competentes pues deberían someter al Inpec a una minuciosa investigación de los hechos en aras de la verdad y la reparación de las víctimas, para que no prevalezca la impunidad.
Una investigación necesaria de realizar, toda vez que prevalece el insoportable dolor de una herida que aún está latente, en la piel que todavía no sana y en la memoria de aquellos que fallecieron víctimas de la sevicia de sus custodios. Al cabo de un año las instituciones locales ofrecen muy pocas respuestas a las familias de las víctimas, pero muchas son las razones para seguir resistiendo ante un Estado que siempre busca exculparse tras la violación de los derechos humanos que recurrentemente afecta a sus gobernados. Proceder que en este caso encuentra espacio en una sociedad indiferente ante el sufrimiento que sobrellevan quienes están tras las rejas.
Antecedentes macabros
El sistema carcelario colombiano, hacinado, violento, y lejano de cumplir con sus propósitos, no ha escapado al cuestionamiento académico.
El factor más recurrente para la crítica es el hacinamiento, que tal vez no sea letal, pero sí somete a quienes lo padecen a una cotidianidad deplorable, violatoria de sus más preciados derechos.
Según Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, el mejor método para una descongestión judicial efectiva debe cimentarse en cambios estructurales de la justicia en Colombia pues “Nos falta un aumento en jueces y fiscales, en Colombia solo hay 10 por cada 100.000 habitantes y el estándar internacional es de 65 por cada 100.000”, puntualiza Nieto.
Un enfoque ahondado por los propios jueces, quienes resaltan que “El sistema penitenciario y carcelario está deteriorado porque, por ejemplo, no cuenta con infraestructura adecuada y suficiente para garantizar la sanidad de las personas privadas de la libertad”, Sentencia T-388/13 de 2013 por la Corte Constitucional.
Sentencia con la cual se lleva a cabo una profunda aproximación a las múltiples violaciones de derechos fundamentales que tienen lugar en las cárceles del país, no solo con el hacinamiento. Sin embargo, es oportuno resaltar que el mismo no solo afecta a cárceles como La Modelo y La Picota en Bogotá, sino a otras de renombre nacional, como “Bellavista” –Medellín–, con deplorables indicadores de mala sanidad, “La Modelo” de Bucaramanga, “Picaleña” –Ibagué–, y muchas otras.
Recordar que en la aludida Sentencia se declara un estado de emergencia carcelaria y se aborda a todos los implicados por medio de variables legales, de derecho universal, así como a través de particularidades raciales, de género o de región.
Un alegado humano de los máximos jueces del país que nada o poco logra pues el Estado considera que lo inhumano del sistema carcelario se supera construyendo más presidios, algo que está lejos de la realidad, en la cual la razón de ser del mismo castigo carcelario está cuestionada, invitando a la necesaria revisión de su legado para, con imaginación y audacia, pasar a niveles novísimos de acción gubernamental y social para contener el delito.
Cárcel y violencia. Habiendo ya mencionado la masacre sucedida en 2020 en la Cárcel Nacional Modelo, cabe resaltar que la misma no es la única ocurrida en las cárceles de Colombia, pues dos décadas atrás, en el año 2000, la misma Modelo fue escenario de disturbios y enfrentamientos a cargo de reclusos paramilitares que se tomaron el recinto penitenciario dejando como saldo 32 muertos.
Ahora bien, aunque parezca que la palabra hacinamiento está más asociada a poca higiene, en las cárceles de Colombia es sinónimo de muerte. Acorde con el artículo “Cárceles de la muerte: necropolítica y sistema carcelario en Colombia” elaborado por académicos de la Universidad Nacional, el hacinamiento aumenta sustancialmente la posibilidad de riñas y muertes violentas, específicamente en cárceles masculinas pues; “los internos despliegan prácticas de reafirmación viril como estrategia de supervivencia”.
Sin perder de vista lo anotado, y teniendo en cuenta varios de los elementos anteriormente mencionados, queda claro que el sistema carcelario nacional lejos de ser una institución que castigue y reforme delincuentes, en aras de su reintegración social, logra todo lo contrario: estimula, forma y potencia sujetos delincuentes.
Esperanza resistente
Ante un panorama desolador, sin oportunidades y con muchas variables en contra, existen personas que hacen activismo en pro de la gente privada de la libertad y la salvaguardia de sus derechos humanos, Edgar Preciado, recluso de La Cárcel Nacional Modelo en Bogotá, bajo rejas por un delito económico, ha dedicado su estadía en prisión para ayudar a varios internos en sus procesos legales, logrando que nueve privados de la libertad vuelvan a casa, al demostrar la inocencia de sus compañeros de encierro.
Edgar no es abogado, no obstante, con dedicación se está formando en derecho penal. Con los conocimientos adquiridos de manera empírica asesora a sus compañeros de patio y a todo aquel que se encuentre detenido con irregularidades en su proceso judicial.
De manera mancomunada con familiares de otros privados de la libertad, “el abogado del pueblo” apodado por algunos medios, busca instaurar una iniciativa que implemente bibliotecas jurídicas en todas la penitenciarias del país pues esto ayudaría a que muchos reclusos tengan conocimiento sobre su situación y dejen de estar a la deriva frente a un sistema, burocrático, que no da abasto para tantos casos. Un sistema para el cual, y según sus palabras: ”Es una constante escuchar que para un juez es más fácil emitir un certificado de defunción que una boleta de libertad”
Justicia para todos, podría ser la premisa utópica para alivianar una brecha cada vez más pronunciada en el sistema judicial y que mantiene en prisión a miles de sindicados, en contra de sus derechos, sin demostrarles culpabilidad alguna.
A pesar de que las circunstancias no son alentadoras, Edgar sabe que sobran las razones para continuar su acción solidaria, que además de aspirar a la justicia inmediata para decenas, cientos o miles, también es por equidad y vida digna.
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