El presente artículo tiene como objetivo hacer una corta reflexión de por qué no avanzan los procesos de revisión de los planes de ordenamiento territorial en Colombia, después de 20 años de adopción e implementación.
El POT es uno de los instrumentos de planeación más importante del nivel nacional ya que define “…un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas… que desarrolla aspectos socioeconómicos y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales” (1). Estos planes deben ser liderados en su formulación por los municipios que cuentan con autonomía política, fiscal y administrativa (2), en sus manos está orientar el futuro de su terruño (3) y brindar la calidad de vida que necesitan sus habitantes. La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (4) les ordena que además de los planes de desarrollo deberán contarán con un plan de ordenamiento que se regirá por las disposiciones especiales que están recogidos en la Ley 388 de 1997 (5).
La mencionada Ley (6) constituye la génesis que abrió paso a la formulación de la primera generación de POT en el país. Esta norma actualizó y armonizó las disposiciones de la Ley 9 de 1989 con la Constitución Política de 1991 y recogió principios relacionados con la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.
Ahora bien, el tipo de plan que se debe adoptar se determina de acuerdo con la población de cada municipio. Conforme con la Ley 388 de 1997 se puede formular un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para municipios con más de 100.000 habitantes; un Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) para municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes; y un Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EOT) para municipios con menos de 30.000 habitantes. De los cuales el Programa POT Modernos en el año 2016 identificó que no están vigentes 33 POT, 134 PBOT y 718 EOT (7) estos presentaban escasos instrumentos de gestión y financiación del suelo, inversiones en infraestructura que no correspondían a las dinámicas de crecimiento de las ciudades y deficiente participación ciudadana.
La mayoría de estos planes se debían revisar y ajustar por vencimiento de las vigencias de corto, mediano y largo plazo; por Modificación Excepcional de norma urbanística; por razones de excepcional interés público o de fuerza mayor o caso fortuito; o para habilitar suelo para desarrollar proyectos de vivienda en el período constitucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre los años 2015 y el 2020, y por una sola vez (8).
Pues bien, de los 1.122 municipios de Colombia, en la actualidad, el 81% de estos 886 cuentan con planes de ordenamiento territorial que superaron su vigencia y requieren actualización (9), según el análisis de la información disponible en las páginas web de los municipios y distritos adelantado por la Federación Colombiana de Municipios, se estableció que en el periodo comprendido entre 2012 a 2019, 494 municipios han adelantado procesos orientados a la contratación que permitan adelantar la revisión de los planes de ordenamiento; sin embargo, se evidenció que solo 150 de ellos han logrado finalizar con la adopción del proceso de revisión respectivo (10).
Entonces siendo los POT la carta de navegación de los municipios que orienta la organización del territorio en el corto, mediano y largo plazo y además armoniza la inversión con los planes de desarrollo ¿por qué no avanzan en sus respectivos procesos de revisión?
Mucho de estos procesos adelantados por el Programa POT Moderno dirigidos por el DNP a través de tres operadores, no lograron su finalización por falta de armonización entre la formulación y la realidad de los municipios sobre los cuales se orientó un proceso de formulación externa, algunos de estos terminó siendo una réplica de planes en serie sin verdaderos estudios de riesgos, sin escenarios de cambio climático, sin una proyección clara de la población y sin participación de los actores en el territorio, sumado a un desinterés de algunos entes territoriales que no alcanzaron a entender el alcance y la oportunidad que les ofrecía este proceso.
En otro tanto, los municipios se han gastado importantes recursos en actualización de expedientes, estudios de riesgos descontextualizados de los temas de cambio climático, en estudios de seguimiento y evaluación, en identificación de las normas urbanísticas que se deben actualizar conforme a las ordenes judiciales que se van acumulando, pero que no logran culminar.
A su vez, se siguen presentando problemas con los procesos de participación que terminan siendo cuestionados como el caso de Fusagasugá y Bogotá. A esto se suma las decisiones políticas que coinciden con dinámicas electorales como es el caso de Bogotá en el 2019 y en peligro de que vuelva a suceder lo mismo en el 2021.
Mientras tanto los municipios y distritos continuaran con planes de ordenamiento desactualizados siendo esta situación aprovechada por urbanistas, constructores e inversionistas que no paran sus negocios, los cuales se siguen sirviendo de la debilidad de la norma, de la baja capacidad institucional y de los pocos instrumentos de control ante el vacío de verdaderos instrumentos de planificación.
1 El concepto de ordenamiento del territorio municipal y distrital lo define el artículo 5 de la Ley 388 de 1997.
2 Artículo 311 de Constitución de 1991 y la Ley 136 de 2 de junio de 1994
3 Con base en: J. Carrizosa Umaña concepto utilizado en donde define que, en la historia de nuestras regiones y su gente, a través del tiempo van construyendo vivideros o “terruños” Colombia Compleja (2014) Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis
4 Ley 152 de 1994: por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
5 Artículo 9 de la Ley 388 como: “…el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”.
6 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991
7 https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/presentaciones/lanzamiento%20territorios%20modernos.pdf
8 Decreto 1077 de 2015
9 CONPES 8870 de 2016
10 Considerando del Decreto 1232 de 2020 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
*Abogada integrante del grupo de investigación Procesos Urbanos Hábitat e Informalidad de la Universidad Nacional de Colombia.
Artículos relacionados
¿Son eficientes los instrumentos de gestión y financiación?
Daniel Murcia Pabón
Retos de los movimientos sociales ante el problema urbano
Héctor Jair, Paloma Merchán y Mauricio Duarte
(Re)pensar el ordenamiento territorial desde una perspectiva feminista y de género
Gabriela Pedraza Sierra
¿Y el derecho a la ciudad del Territorio Sur?
Edgar Andrés Cuesta
La Estructura Ecológica Principal como soporte del ordenamiento del territorio
Ana María Peñuela Narváez
El derecho al saneamiento básico como derecho a la ciudad
Medardo Galindo Hernández
Vivienda social en Bogotá, una deuda creciente
Jeison Andrés Hincapié Rodríguez
Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca: Observaciones frente al POT y la Ley Orgánica
Sergio Alexei Torres Bolívar
Para adquirir suscripción
https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri
Leave a Reply