Dando cumplimiento a lo decidido en la sesión especial sobre Drogas de Naciones Unidas de 1998 y que pretendía poner en ceros los cultivos de uso ilícito a nivel global, se crean sistemas de información para monitorear ese propósito, el cual sigue vigente a pesar de su sonado fracaso en las pretensiones de las políticas multilaterales dominantes a nivel mundial. Las políticas de drogas para el nivel de la producción se diseñan desde los centros de decisión y se imponen a las regiones acallando la voz de las comunidades. ¿Qué hay detrás del juicioso ejercicio de medir hasta la saturación el comportamiento de los cultivos de uso ilícito? Sin duda uno de los ganadores de ese sesgo institucional es el mismo narcotráfico, que sigue pujante en sus negocios transnacionales y luego sin dificultades legalizan sus ganancias.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) “el proyecto Simci tiene como objeto principal mantener en operación el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos que le ha permitido a Colombia contar con una cifra propia sobre la extensión de cultivos ilícitos”. Para Unodc, la confiabilidad de sus cifras es “superior al 90% desde el año 1999”. Según Unodc, “el proyecto ha permitido mejorar y aumentar la capacidad de monitorear y analizar la extensión, la dinámica y el impacto de los cultivos ilícitos, la productividad, rendimiento y precios de la hoja de coca y sus derivados y la situación socio-económica de los cultivadores, para apoyar con información confiable y transparente los procesos de toma de decisiones y la capacidad institucional de prevenir y combatir el tráfico de drogas ilícitas”1.
En este contexto, los censos de cultivos de coca, se constituyen en la base para el desarrollo de análisis sobre los resultados del estudio de producción y rendimientos y la información del Sistema de Monitoreo de Precios que son para Unodc “determinantes para obtener resultados objetivos y confiables”. En consecuencia, el propósito principal del proyecto Simci es el de procesar y publicar el Censo de Cultivos Ilícitos de Colombia, con estadísticas actualizadas anualmente sobre la extensión de las áreas con cultivos de coca, la producción de cocaína y el análisis de los cambios presentados en años consecutivos”2.
La evolución de las presentaciones y contenidos de los informes del Simci
El enfoque de reducción de la oferta es el soporte principal con que nace (1999) el programa de monitoreo de cultivos de uso ilícito en Colombia. Lo anterior muestra que el desarrollo del monitoreo para ese momento no era neutral ni constituía una actividad autónoma, sino que estaba inscrita en la estrategia global aprobada en la Sesión Especial de Naciones Unidas sobre drogas (Ungass) de 1998, para el cumplimiento del propósito de erradicar totalmente los cultivos declarados ilícitos en 10 años, es decir para 2008.
De hecho, el origen del programa de monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia se relaciona con la necesidad de extender el desarrollo del Illicit Crop Monitoring Programme (Icmp) de la Unodc, hacia los seis países con una producción natural de materia prima para producir psicoactivos, entre los cuales estaban originalmente los tres productores de coca Perú, Bolivia y Colombia y los tres entonces mayores productores de opio: Afghanistan, Laos y Myanmar, a los cuales posteriormente se le agregó México, con un estudio piloto a partir del segundo semestre de 2012 cuyo primer resultado se presentó en 20143. A ellos se le adicionó el caso de Marruecos (solamente para el período 2003-2005) en relación con la producción de cannabis. Esas referencias de países se motivaron en la observación de los crecimientos que mostraron a lo largo de la década de los ochenta y noventa del siglo XX.
En consecuencia, desde el punto de vista interno, en Colombia se empezaba a perfilar el propósito estratégico definido para el monitoreo contando con un aval internacional que facilitó el desarrollo del dispositivo.
Este propósito era afín y prácticamente simultáneo a la implementación del Plan Colombia y en el contexto del conflicto en este país, se inscribía en la necesidad de golpear una de las principales fuentes financieras de las guerrillas. De este modo, la radicalidad de la aspersión aérea que desarrolló el entonces presidente Álvaro Uribe cumplía dos objetivos estratégicos: destruir la economía de guerra de las guerrillas y, en modo particular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc–, y de otro, asumir consecuentemente el mandato definido en la Sesión Especial de Unodc (Ungass por sus siglas en inglés) en 1998 alrededor de la erradicación total de los cultivos de uso ilícito.
A pesar de que los primeros informes y, principalmente el de 2002, buscaron un enfoque omnicomprensivo con elementos de orden sociológico, de economía política y de reconocimiento de la incidencia del conflicto armado, se abandona esta perspectiva y se opta por una estructura fuertemente técnica en la recolección de información que permite miradas exhaustivas de productividades, precios, rendimientos y manejos agronómicos detallados por regiones.
Desde 2003, Unodc firma un convenio con el gobierno colombiano que si bien contribuye a su estabilidad financiera, permite la injerencia de los intereses gubernamentales a partir de la confluencia de objetivos comunes y que en sus inicios cobran mucha fuerza con el mandato de Ungass de 1998. Esto se observa claramente a lo largo de todos los informes.
En los procesos de información y análisis es muy notorio el predominio de un enfoque estado centrista y de un interés por acceder a los territorios para obtener información que validen las metodologías y el tipo de muestreo y acopio de datos que son importantes para los informes (manejos agronómicos diferenciados por regiones de los cultivos, rendimientos, prácticas de procesamiento), donde las comunidades son objeto de la obtención de esa información pero sus voces no aparecen de ninguna manera4.
En ese sentido, los apartes dedicados al desarrollo alternativo tienen un predominio de la lectura, metodologías y el enfoque dominante desde los gobiernos sin que se aprecien o valoren las voces críticas de las comunidades. Es un modelo top/down en el manejo de la información de la misma manera que lo hace el Estado colombiano con su política.
Uno de los objetivos centrales que se proponen los informes del Simci es determinar la eficiencia de la transformación de la hoja de coca hasta el clorhidrato de cocaína, además de encontrar los tipos y cantidades de sustancias químicas utilizadas en dicho proceso.
Esta nueva línea dedicada a la investigación de los procesos químicos, permitirá –para el Simci– que las autoridades cuenten con información actualizada de los procesos e insumos que se utilizan en la transformación de la hoja de coca, de tal forma que se ejerza un control vigente y eficaz.
En ese sentido el Simci opera como un anticipador de la situación cuyo tratamiento está muy relacionado con la política gubernamental que domine en cada momento.
Los cultivos de uso ilícito no son tratados como un síntoma de los desequilibrios en el acceso a la tierra y, en general del modelo agrario, de la marginalidad recurrente de las zonas rurales y sobre todo aquellos donde se asientan los cultivos. Siguen siendo un factor externo amenazante, un mal que requiere su descubrimiento detallado y anticipado. Esto se plasma hoy en las narrativas sobre los peligros que representan estos cultivos en los territorios, situación que se busca medir a través de un dispositivo técnicamente denominado Análisis de riesgo. En consecuencia, Unodc elabora una narrativa para argumentar la amenaza que representan los cultivos considerados ilícitos y cómo tratarlos:
El análisis de riesgo es una herramienta geográfica que permite el apoyo en la planificación y gestión de los programas o proyectos institucionales encaminados a la consolidación de zonas libres de cultivos declarados ilícitos. El análisis nace de la necesidad de tener información que indique la probabilidad futura de una zona con presencia de cultivos de coca5. (cursiva del autor).
Para Unodc, esto permite enfocar el esfuerzo realizado para la mitigación del cultivo ilícito y llevar a cabo proyectos de desarrollo alternativo en las zonas que evidencian la necesidad de otras alternativas económicas para los cultivadores.
El estudio propone la comprensión integral de dichas transformaciones socio-espaciales, mediante un enfoque de riesgo actual y futuro por presencia de cultivos de coca. El modelo de riesgo es una probabilidad que combina la amenaza real del cultivo de coca con las consecuencias sobre la vulnerabilidad del territorio. El resultado de la valoración de la amenaza por vulnerabilidad permite la construcción de la escala cuantitativa y su traducción como grados de riesgo, desde muy alto a muy bajo6.
El supuesto del riesgo incorpora un lenguaje de morbilidad para los territorios (una enfermedad externa que les ataca), lo que implica, en aquellos lugares donde ya están instalados los cultivos de uso ilícito, usar y legitimar el concepto de afectación. En la narrativa de la medicina afectación es el ‘hecho de verse afectado un órgano corporal por un accidente o una enfermedad’ (por ejemplo, “Analizan el grado de afectación del tejido hepático”)7. En consecuencia, a partir del 2015 el informe se denomina “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos”. El conocimiento de la afectación, su cuantificación y la política pública para su eliminación constituye un dispositivo.
Para Giorgio Agamben, “[…] El vínculo que reúne todos estos términos (relacionados con el origen de dispositivo), es la referencia a una economía, es decir, a un conjunto de praxis, de saberes, de medidas y de instituciones cuya meta es gestionar, gobernar, controlar y orientar –en un sentido que se quiere útil– los comportamientos, los gestos y los pensamientos de los hombres”8.
La inscripción de la presencia de la coca en un discurso biológico binario de enfermedad/salud, busca naturalizar las decisiones en nombre de la salud del todo social. Los problemas subyacentes de los territorios donde se reitera la producción cocalera en Colombia, son abordados en función de la política antidrogas teniendo como eje la erradicación bien sea voluntaria, manual-forzosa o mediante aspersiones aéreas. Los problemas de base lo son en cuanto deben tratarse en función de la “sostenibilidad” de la acción previa de erradicación. Es una inversión total de las prioridades y valoración de lo importante desde el imperio naturalizado del objetivo estratégico de “cero cultivos ilícitos”, acontecimiento que se celebra exaltando la condición redentora que en el lenguaje cristiano es estar “libre de pecado” esto es, territorio libre de cultivos ilícitos.
El ritual de la presentación anual de los informes es una ceremonia que trasciende con toda su narrativa a nivel de los grandes medios de comunicación, estableciendo –generalmente en titulares de primera página– el grado de compromiso y del logro liberador de los territorios con cultivos de uso ilícito. Allí se gradúan los territorios que “logran” bajar las áreas y otros logran alcanzar la glorificación con la “cero-coca”. Y se condenan los que han incrementado ese número. No importa que unos y otros sigan sufriendo las condiciones estructurales que se derivan por un modelo agropecuario con una de las más altas concentraciones de la propiedad agraria, exclusión social y marginalidad y ausencia de políticas que estimulen las economías campesinas en crisis. Esa para Unodc no es la enfermedad. La caída en la morbilidad es que en territorios empobrecidos sus habitantes recurran a una economía que observan como tabla de salvación a sabiendas que su estructura implica mecanismos de uso privado de la violencia. El instrumento de alarma o “índice de amenaza” lo es alrededor de un eventual traslado de la producción.
Generalmente los gobiernos respectivos se apropian de los resultados cuando estos convienen, siempre mediando en las mentes la “reducción de áreas” como el indicador de éxito. La naturalización del dispositivo y su traducción en los resultados que se divulgan con sus tecnologías, narrativas, imaginarios, se envuelve en una coraza de neutralidad científica o al menos datos técnicamente logrados. Las partes claves de la cadena de drogas asociadas al narcotráfico permanecen siempre sin mencionar: la participación de la infraestructura legal de un país (puertos, aeropuertos, vías fronterizas), el lavado de activos, el comprometimiento de organismos de seguridad en el contrabando de drogas, la financiación de campañas políticas con esos recursos que trasciende sobre arreglos de lavado y corrupción. Todo eso contribuye a romper los referentes donde termina la legalidad y emerge la ilegalidad. Esa ausencia estimula las zonas grises donde se desarrollan negocios, intercambios y vigencias de sectores emergentes que hoy alcanzan un gran poder político y una legitimidad social. La combinación legalidad/ilegalidad de la cual la estructura metodológica y técnica de Unodc Simci es incapaz de aprehender, es el principal instrumento de vigencia de la gran economía ilegal de las drogas.
En consecuencia, los informes de monitoreo se apertrechan en un lugar aséptico relacionado con una gran sofisticación técnica de abordaje y que gira alrededor del cultivo de hoja de coca, su transformación en PBC, el procesamiento de cocaína, el uso de químicos para procesar, la infraestructura de laboratorios y las acciones de interdicción con datos suministrados por los organismos de seguridad estatal. Es una mirada parcial que se asume como el todo con una gran fuerza narrativa pues se termina legitimando la idea de que el problema principal del narcotráfico es, en efecto, los cultivos de uso ilícito.
1 https://www.unodc.org/colombia/es/simci/simci.html
2 Ibídem.
3 Véase Unodc, México, Monitoreo de Cultivos de Amapola 2014-2015. México, junio de 2016.
4 Dice Unodc Simci: “Mediante estudios conjuntos de Unodc/Simci con el gobierno nacional, a partir de 2005 se han entrevistado en forma directa alrededor de 3.000 agricultores y productores primarios, así como también se ha observado en forma directa el proceso de elaboración de pasta y base de cocaína. Se aplica la metodología de marco de muestreo de área y se aplican encuestas directas en Unidades Productoras con y sin coca, para indagar en forma general sobre la calidad de vida de los cultivadores como una aproximación a los indicadores de Desarrollo Humano; tenencia, uso y distribución del suelo; principales fuentes de ingreso; costos – gastos y rentabilidad de las Unidades productoras.” Véase: https://www.unodc.org/colombia/es/simci2013/simci.html
5 https://www.unodc.org/colombia/es/simci2013/simci.html
6 Ibídem.
7 https://periodistas-es.com/afeccion-no-lo-afectacion-90381
8 Agamben Giorgio, “¿Qué es un dispositivo?”, en Sociológica, año 26, número 73, pp. 249-264, Mayo-Agosto de 2011.
* Investigador Asociado del Transnational Institute TNI.
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